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El Gobierno notifica a la fiscalía cuatro ‘homenajes’ a etarras excarcelados

La Audiencia Nacional investigará si los actos constituyen un delito de enaltecimiento del terrorismo

El etarra Ignacio Orotegui Ochandorena, es recibido a su salida de la prisión de Zuera el 26 de noviembre.
El etarra Ignacio Orotegui Ochandorena, es recibido a su salida de la prisión de Zuera el 26 de noviembre. Javier Cebollada

La fiscalía de la Audiencia Nacional ha recibido la notificación de cuatro actos de homenaje a otros tantos etarras excarcelados tras la anulación de la doctrina Parot por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La delegación del Gobierno de País Vasco ha dado traslado a la fiscalía por si estos "actos de recibimiento" fueran constitutivos de un delito de enaltecimiento del terrorismo o hubieran vulnerado la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo del País Vasco.

Los excarcelados de la banda terrorista ETA que fueron objeto de estos homenajes han sido Juan José Legorburu Guerediaga en Amorebieta (Bizkaia), a Javier Martínez Izaguirre en la localidad vizcaína de Galdakao, a Juan Ignacio Delgado Goñi en Legazpi (Gipuzkoa) y a Inmaculada Pacho en Bilbao.

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EL Gobierno ha notificado estos actos el miso día en que la consejera de Seguridad del Gobierno vasco, Estefanía Beltrán de Heredia, asegurara en una entrevista radiofónica que los recibimientos a expresos de ETA no constituyen delito ya que no es lo mismo un recibimiento a un exrecluso etarra que "un homenaje o una exaltación o enaltecimiento del terrorismo"."Quien pretende asimilar esos tres conceptos, también quiere confundir y poco aporta a este camino esperanzador en el que estamos ahora inmersos", ha afirmado.

Las cuatro comunicaciones llegaron a finales de la semana pasada, constan de tres líneas y carecen de detalles concretos, ya que no se identifica a ninguno de los asistentes ni se especifica si hubo actitudes de enaltecimiento a ETA. Los únicos detalles que se aportan son que "se han ondeado ikurriñas" o que al de Legorburu, en Amorebieta, acudieron "25 asistentes".

Fuentes fiscales han manifestado su sorpresa ante la escasez de información, que consideran "a todas luces insuficientes". Por ello, el departamento que dirige Javier Zaragoza pedirá "informes ampliatorios" para conocer con mayor precisión las circunstancias en las que se ha producido cada uno de esos actos, tales como las personas que había presentes, si ha habido gritos de enaltecimiento a ETA y si había pancartas alusivas a la banda terrorista.

No es la primera vez que el Gobierno vasco toma esta medida: el pasado 28 de noviembre, el delegado del Gobierno, Carlos Urquijo, dio cuenta a la Audiencia Nacional de otros seis actos de recibimiento. Uno de ellos fue sobre el recibimiento a Martínez Izaguirre, liberado el 26 de noviembre de la cárcel Jaén II tras cumplir condena por el atentado que costó la vida al niño de 3 años Fabio Moreno, entre otros. En ese informe se daba cuenta a la Fiscalía de que, a la una y media de la madrugada, unas cien personas le habían recibido en Usánsolo, en el municipio de Galdakao, al tiempo que habían ondeado ikurriñas y lanzado cohetes.

El otro documento sobre el que informó la Delegación del Gobierno era relativo al recibimiento a Juan Ignacio Delgado Goñi, que también salió el 26 de noviembre de la cárcel de Topas (Salamanca), donde cumplía una condena de 128 años por tentativa de asesinato y ocho delitos de terrorismo. Según el delegado del Gobierno en el País Vasco, esa noche entre 30 y 40 personas participaron en su bienvenida en Legazpi, en la que hubo lanzamiento de cohetes y "repique de campanas en una iglesia próxima".

También se ha informado sobre el recibimiento de la etarra Inmaculada Pacho, que salió de prisión murciana de Campos del Río el 26 de noviembre y que fue recibida entre aplausos por un centenar de personas en el casco viejo de Bilbao, de donde es natural. Esta integrante del comando Vizcaya fue condenada a 549 años de prisión, entre otros delitos, por la colocación en 1990 de un coche bomba en la comisaría de Burgos, que quedó destruida y 45 personas tuvieron que ser atendidas de diversas lesiones.

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