Abogados y Justicia también discuten los ingresos del ‘tasazo’

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, aprovechó ayer la última jornada de protestas contra las tasas judiciales impulsadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para denunciar la supuesta ineficacia fiscal de la medida. “Se recaudará la mitad de lo previsto. Entre enero y el 30 de septiembre se han recaudado 103 millones de euros, muy lejos de los 306 millones previstos por el Ministerio”, explicó Carnicer poco después de la concentración que reunió a cerca de 200 profesionales de la justicia, entre funcionarios y abogados, a las puertas de los Juzgados de la madrileña Plaza de Castilla.

Los datos difundidos por Carnicer los publica en su web la Agencia Tributaria, la institución encargada de cobrar los impuestos. Sin embargo, el Ministerio de Justicia no pudo confirmar esta cifra a este periódico y se limitó a asegurar que a lo largo de 2013 y hasta el 31 de octubre se han recaudado más de 256 millones de euros. De acuerdo con este dato, el tasazo de Gallardón podría alcanzar con facilidad los 306 millones de euros.

Carnicer también aseguró que “se desconoce el destino de la recaudación por las tasas judiciales”, ya que “ni siquiera figuran en el Presupuesto de 2014”. Cuando se anunció la medida, Gallardón explicó que la recaudación de las tasas se destinaría a sufragar la asistencia jurídica gratuita. En este sentido, el representante de los abogados acusa a Justicia de “incumplir el compromiso, dado que los presupuestos ministeriales de 2014 son idénticos a los de 2013”.

Durante la protesta, el propio Carnicer leyó un manifiesto que fue varias veces interrumpido por gritos que pedían la dimisión del titular de Justicia.

Desde su anuncio, esta reforma tributaria ha tenido una fuerte contestación por parte de asociaciones de jueces, fiscales y colegios de abogados, que acusan a Gallardón de violar la tutela judicial efectiva. La situación llevó al ministro a reducir la cuantía de las tasas variables en febrero, tras la petición de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y ante la inminencia de una huelga de jueces y fiscales.

La Abogacía propone una vistilla al final del proceso

En declaraciones a este periódico, Carnicer el portavoz de los abogados ha explicado que el sector más afectado por las tasas judiciales es "la clase media", ya que criticado la posición "cerrada" del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y ha valorado que "hay otras formas" de reducir el hipotético exceso de litigios que, entre otras cosas, motivó la norma. "Proponemos establecer una vistilla al finalizar el procedimiento judicial en el que se decida si hay abuso de la Justicia. En ese caso, la parte -que abusa de la justicia- paga una sanción y, si es por ignorancia jurídica, su letrado", ha explicado.  

Sin embargo, Carnicer se ha mostrado "esperanzado" de que el Tribunal Constitucional acceda a los recursos presentados por el Gobierno Andaluz, la Generalitat, el Gobierno canario, el Grupo parlamentario socialista y la Diputación de Aragón y tumbe la norma. También ha pedido al Tribunal "agilizar su respuesta ante el grave daño que están sufriendo los ciudadanos y la degradación del Estado de derecho", procedimiento que ya hizo por escrito "hace un par de meses". La Audiencia Nacional  presentó el pasado septiembre una cuestión de inconstitucionalidad a este Tribunal al considerar que vulnera la tutela efectiva y el derecho a la igualdad real.

Carnicer también ha criticado que las tasas desprotegen a las clases medias y que esta circunstancia no afecta a la Administración -es gratuita- y para las grandes empresas. La norma ha sido objeto de numerosas protestas por parte de todos los colectivos implicados -jueces, fiscales, abogados, secretarios judiciales, consumidores- desde su publicación en el BOE hace un año.