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La piscina de Pedro J. Ramírez en Mallorca es de uso público

El Tribunal Supremo determina que la pileta está en "zona de dominio público marítimo terrestre"

La piscina al borde del mar y ante al chalé que poseen en Mallorca el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez y su mujer, la modista Agatha Ruiz de la Prada, está en zona pública y es de uso público, según dos sentencias del Tribunal Supremo conocidas este jueves. La terraza, escaleras y piscina y muros de mampostería impiden el paso y acceso por el litoral que está privatizado en la práctica. Estas resoluciones del Supremo cierran en la vía contenciosa del largo pleito, paralelo al enfrentamiento público, que contra el editor promovieron los dirigentes de Lobby per la Independencia.

Desde 2003 late la polémica, con manifestaciones, denuncias cruzadas y los pleitos que aún no se han cerrado en el plano penal. Manifestantes del lobby entraron en la piscina en las terrazas del chalé, con incidentes y lesiones leves que llegaron a juicio.

El Supremo rechazó, a la vez, los recursos de casación del activista Jaume Sastre, del editor Ramírez y de la representación de la Administración del Estado sobre una anterior decisión de la Audiencia Nacional: el uso público sigue vivo, las decisiones contrarias de Medio Ambiente se anulan. La concesión no se altera. El lobby celebró como un éxito el pronunciamiento judicial mientras que el propietario de la piscina dijo en su Twitter: “Preferiría que el TS nos diera la razón en todo pero lo esencial es que avala la concesión y señala el camino para adaptarla a la nueva Ley [de Costas ] y en diferentes medios se dijo "razonablemente satisfecho".

La llamada piscina de Pedro J. está ubicada terrenos de la “zona de dominio público marítimo terrestre”, reiteran los magistrados, y se sitúa claramente dentro del dominio público, ratifican. La pileta y las terrazas invaden 350 metros cuadrados de la zona litoral, en la urbanización de lujo de la Costa de los Pinos, en Son Servera, Mallorca. La casa original (la actual es nueva) y la piscina fueron alzadas por su primera propietaria, Giuliana Arioli, que fue esposa del escritor Joaquín Calvo Sotelo.

La Audiencia Nacional determinó en su día que el periodista y su esposa compraron la concesión de la piscina a Arioli, operación que disfrazaron mediante un contrato de gestión. La venta de las concesiones está prohibida. El contrato afectaba a un elemento del dominio público marítimo-terrestre, la concesión la otorgó el Gobierno de José María Aznar en 2001, siendo ministro de Medio Ambiente Jaume Matas. La autorización reconoció el “uso general, público y gratuito” de la piscina.

La propiedad, para garantizar el uso y disfrute veraniego de su solarium y piscina exclusivos, propuso a la Administración que el resto de meses del año estuviera a disposición de los escolares del municipio de Son Servera. Nunca se ejecutó este proyecto de apertura y uso sociales.

Otras piscinas y terrazas de la misma urbanización fueron derribadas por ilegales.

Diferentes miembros de los Gobiernos de José María Aznar del PP y José Luís Rodríguez Zapatero, del PSOE, han intervenido directamente en esta cuestión en ayuda del editor, según miembros de los diferentes Ejecutivos. El periodista reclamó protección y seguridad en Mallorca ante las protestas críticas y por las amenazas terroristas a las que aludió.

En 2007, la dirección general de Costas proyectó un camino litoral en la zona para retomar el uso público en la Costa de los pinos que nunca cuajó. Otras piscinas y terrazas de la misma urbanización fueron derribadas por ilegales.