Matas, acusado de ordenar regalar 120.000 euros a un empresario del PP

Nueva causa contra el expresidente balear abierta por el testimonio de un corrupto arrepentido

Jaume Matas.
Jaume Matas.CRISTÓBAL MANUEL

El expresidente de Baleares y exministro de Medio Ambiente Jaume Matas (PP) se enfrenta a una nueva causa penal por supuesta corrupción. Ha quedado implicado en un otro caso penal, por prevaricación y malversación de caudales públicos, por haber ordenado regalar 120.000 euros mediante facturas falsas a un empresario afín al PP.

Un corrupto arrepentido ha puesto en pie la nueva acusación con el relato de hechos que formuló al presentarse ante el juzgado de guardia, el jueves, día 7 de noviembre. Se trata del antiguo director general balear de la Juventud, Juan Francisco Gálvez, del PP, que ha asumido una pena de tres años de cárcel por su actividad delictiva en el caso del Consorcio Turismo Joven del Gobierno Balear de Matas entre 2003 y 2007. Este caso fue juzgado en la Audiencia de Palma, el pasado lunes día 11, en menos de media hora, gracias a un pacto de conformidad gestado por los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, con la colaboración de Miguel Ángel Subirán.

El testimonio acusador de su exdirector general señala a Jaume Matas por haber ordenado, en 2006, el pago de los 120.000 euros de fondos del Gobierno autonómico, a través de siete facturas por servicios inexistentes, según la Fiscalía Anticorrupción. Esta operación la asumen Galvez y otros dos cargos que participaron en la trama en el Consorcio de Turismo Joven y quien fue el cobrador o perceptor final del dinero: el empresario hotelero y exedil del PP de Calviá, Jesús García Oeo. Este y los tres cargos están condenados en el caso Turismo Joven. Los tres han repuesto parte de los malversado.

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García Oeo fingió tener pendiente de cobro siete falsas expediciones turísticas internacionales, de 484 personas en total, en siete viajes distintos a Portugal y Francia. Quiso así cobrar unos fondos que reclamaba al Gobierno de Baleares por un contrato anterior que fue rescindido, un pago que los servicios jurídicos denegaron. Matas ordenó su “hágase“ presidencial, según el relato del arrepentido ante el juzgado.

La fiscalía, en su escrito del caso Turismo Joven, señala que los pagos se hicieron "ejecutando ordenes superiores" o "siguiendo "instrucciones de otras personas". La X de la trama era Matas. Pero este episodio se dirimirá en otra causa.

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Matas, condenado a nueve meses de cárcel por tráfico de influencias por el Tribunal Supremo, en el primer juicio de los distintos que tiene pendientes en el caso Palma Arena, ha quedado señalado por la última confesión de Gálvez. De ser condenado, Matas podría cargar con una nueva pena, de más de tres años de cárcel, según las sentencias de la Audiencia de Palma avaladas por el Tribunal Supremo en otros casos semejantes, aunque con menor desvío de fondos

Galvez vio rebajada al mínimo su posible pena de una década de prisión a tan solo tres años antes de formular la nueva acusación, que, según fuentes jurídicas, fue sobrevenida y voluntaria, antes de su ingreso en la cárcel porque la condena del caso Turismo Joven será firme, por conformidad de todos las personas juzgados, hasta 13 personas.

Juan Francisco Gálvez acudió ante el juez de guardia Manuel Penalva (titular del juzgado número 11 de Palma), que le tomó la declaración. Esta causa, en el reparto por turno, ha correspondido a la Ana San José, titular del juzgado número 5 de Palma. El letrado defensor de Gálvez, es Tomeu Vidal, exconsejero del PP y defensor de este partido en otras causas.

La raíz y el árbol

El caso Turismo Jove  fue descubierto en 2008 . Juan Francisco Gálvez, que era director general de la Juventud, aseguró que fue el exlíder del PP regional y presidente del Gobierno balear quien le ordenó pagar 120.000 euros –con facturas y conceptos falsos- al empresario y exedil del PP de Calvià, Jesús García Oeo, que explotó albergues juveniles de la red autonómica de Baleares y que reclamó un pago de compensación por la ruptura del convenio.

Esta partida de fondos fue disfrazada bajo aparentes estancias en Alpe d’Huez (Francia) y Vague (Portugal) con la empresa francesa de tiempo libre Clea. El consorcio público de Turismo Joven que manejaba la trama, tramitó para este pago corrupto una transferencia extraordinaria autorizada desde la cúpula del Gobierno de Baleares.

Un juzgado de Palma instruye desde el día 7 de noviembre esta pieza separada sobre el expresidente Matas, tras la declaración de Juan Francisco Gálvez ante el juzgado de guardia, siete años después de los hechos. En diferentes declaraciones, los tres exaltos cargos del PP implicados obviaron la supuesta implicación de Matas y señalaron a otros superiores en versiones endebles, según la acusación.

Los tres reos que asumen su corrupción montaron una trama para saquear dinero público y lo confesaron. Los tres entrarán en la cárcel por corrupción, al haber asumido sus delitos.

Además de Gálvez van a la cárcel el exgerente del consorcio Turisme Jove y exconcejal de Algaida, Damià Amengual, y exjefe de Servicios de la empresa de actividades para jóvenes, Juan Francisco Gosálbez.

El asunto fue destapado mientras se alzó en los juzgados el caso Palma Arena, la causa central sobre el supuesto enriquecimiento y mala gestión del exlíder del PP y exministro de Medio Ambiente. Hasta un millón de euros malversaron en Turismo Joven con las maquinaciones con empresas pantalla, pagos por servicios ficticios y contratos de privilegio desde la Administración con compañías propiedad de los propios capos de la trama mafiosa que controló un consorcio público.

La Fiscalía Anticorrupción planteó la existencia de delitos de malversación continuada de caudales públicos, cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y falsificación documental. Se han documentado pagos de comisiones superiores al 30% o el autoalquiler de una oficina por valor 54.000 euros anuales de un local adquirido ad hoc con un préstamo de 638.000 euros. Además, facturaron excesivos gastos personales en viajes, comidas, hoteles, gasolina y tintorerías. Facturas que no se correspondían con servicios prestados.

Los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau acusaron a Gálvez, Amengual y Gosálbez de "un enriquecimiento a costa de los fondos y cargos públicos, aprovechándose de la "falta total y absoluta" de controles administrativos sobre su gestión. El consorcio público que controlaban entró en quiebra técnica.

La acusación popular la ejerce de manera singular el PP, que únicamente acusa a un cargo intermedio, Gosálbez, para quien el partido solicita cuatro años y medio de cárcel. Consorcio de Turismo Jove y la Dirección General de Juventud estaban adscritos a la Consejería de Juventud y Deportes, a cuyo caro estaba la abogada Rosa Puig, una de las protegidas de Jaume Matas.

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