El Gobierno dosifica los indultos

El Gobierno ha concedido 166 indultos en lo que va de año (un 3% de los solicitados). En el mismo periodo de 2012 fueron 415 (el 7%). Tras un año durante el que esta medida de gracia desató una fuerte polémica, el Ministerio de Justicia la ha reducido a la mitad.

La controversia alcanzó su punto culminante tras el perdón del Gobierno a un kamikaze que provocó en 2003 un accidente que acabó con la vida de un joven. El conductor había sido condenado a 13 años de cárcel y fue liberado cuando solo llevaba 10 meses en prisión. El pasado jueves, el Tribunal Supremo suspendió su indulto, aunque dejó la resolución final en manos del Ejecutivo porque la medida es irrevocable. Solo pudo cuestionarla formalmente.

El Ministerio de Justicia niega que la polémica haya provocado una instrucción para reducir el número de indultos, aunque admite que “no hay que olvidar la naturaleza de acto político que está detrás de este tipo de perdones”. Desde entonces, no ha vuelto a levantar ninguna pena por delitos relacionados con tráfico —pese a las 915 solicitudes, según sus propios datos—. “Es cierto que este debate permanente sobre la figura del indulto nos ha hecho repensar los criterios de concesión”, explica Juan Bravo, subsecretario de Justicia. El cambio en los criterios consiste básicamente en que antes se atendía sobre todo al tipo de delito: cuando se daban una serie de características —por ejemplo, delito de drogas con condena menor y sin reincidencia—, había una presunción a favor de la concesión. Ahora se analiza más “caso por caso”, afirma Bravo. Y el resultado es que se conceden menos indultos.

Las cifras demuestran que si un tema es prioritario para el Ejecutivo, la sentencia es infranqueable. Junto con tráfico, el Gobierno aplica tolerancia cero ante la violencia de género —ha habido 803 peticiones—. Además, solo ha concedido la medida de gracia a un sentenciado por defraudar a Hacienda —entre 2008 y 2012 suponían un 9% del total de los indultos— y otra por un delito contra la Administración —etiqueta que abarca prevaricación, cohecho, malversación y otros delitos relacionados con la corrupción política—. Esta última supuso el 13% de los indultos durante los últimos cinco años. En el otro extremo, los delitos más perdonados siguen siendo los vinculados con el tráfico de drogas. Son casi la mitad de todos los concedidos este año (70), un 7% de los 962 solicitados. Es habitual que el acusado se encuentre plenamente reinsertado cuando le llega la hora de entrar a prisión, al final del proceso judicial. Mónica Conde, una de las indultadas este año, llevaba desde el 2000 recurriendo una condena por tráfico de drogas en la que se le acusaba de poseer seis papelinas de cocaína de unos 10 gramos cada una. 13 años después, se la considera reinsertada.

Cuando alguien solicita un indulto, la fiscalía y el tribunal que dictó la sentencia emiten un informe favorable o contrario a la medida de gracia. No son escritos vinculantes; es decir, el ministerio no está obligado a asumirlos: puede conceder un indulto con todos los informes en contra, o denegarlo con los informes a favor. Últimamente Justicia está dando más relevancia que antes a los informes desfavorables, según asegura el Ministerio. El solicitante también presenta un argumentario en su defensa, en el que puede aportar expedientes de instituciones penitenciarias que demuestran su buen comportamiento si ha tenido que ingresar en prisión provisional, declaraciones de perdón de las víctimas, demostración de un trabajo estable, familia al cargo, etcétera. Pese a todo, las opciones son mínimas.

Ahora analizamos más caso por caso” Subsecretario de Justicia

J. O. M. reunía todas esas condiciones, pero tampoco estaba seguro de conseguir el indulto. Fue condenado en 2006 por un homicidio en grado de tentativa. Según la sentencia, propinó varios martillazos a su cuñado. J. O. M., que no quiere que su nombre se haga público porque cree que puede perjudicarle, es padre de una familia numerosa, abogado y obtuvo el perdón de la víctima y le pagó la responsabilidad civil, que suele ser una exigencia para la concesión del indulto. “Con el ingreso en prisión, su reintegración habría sido mucho más difícil. No tiene ningún sentido cerrar el grifo, porque nuestro sistema no se basa en el ojo por ojo”, expone una fuente jurídica cercana al caso. “El indulto se consigue solo en los asuntos muy claros. No se dan más por miedo. Es una institución que tapa agujeros”, apunta.

El indulto es una figura jurídica que se remonta a la legislación de 1870 y permite liberar de su pena a un condenado por cualquier tipo de delito. En la práctica, la mayoría de las penas que se han perdonado este año eran de entre tres y cuatro años de cárcel, con lo cual basta un indulto parcial que las rebaje a dos para que el afectado evite la cárcel si no tiene antecedentes.

Caen en picado las gracias por delitos contra Hacienda y la Administración

Es el caso de Héctor Heredia, un dominicano con nacionalidad española condenado a 20 años por un tribunal de La Habana por tráfico de drogas. El ministerio de Exteriores cubano lo vincula con una red de medio centenar de traficantes “con el afán de invadir La Habana de cocaína”, según un documento publicado en su página web en 2003. En concreto, le acusó ese año de exportar a Holanda el dinero obtenido con la venta de droga. El Ministerio le recortó la pena ocho años.

Falsedad documental y agresiones son los otros dos tipos de delitos que destacan en los datos de los indultos de este año. Del segundo, el Ministerio de Alberto Ruiz-Gallardón ha concedido 26 en lo que va de año. Uno de ellos a una activista por los derechos de los animales que golpeó a una concejal del PP en una manifestación en Cádiz en 2007. Del primero, lo consiguieron 14 de los 174 solicitantes. Una de ellas era Emilia Soria, la madre condenada a casi dos años de prisión por utilizar una tarjeta de crédito que se había encontrado en la calle “para llenar la nevera” con comida para sus hijos. La pena le fue conmutada por 30 días de trabajo a la comunidad. Soria sintió ese día, como todos los indultados, “que le había tocado la lotería”.

“El perdón no me sirvió de nada”

Guillermo García, malagueño de 52 años, solo quiere que su vida vuelva a la normalidad. Hace casi cuatro años que arrastra una condena por homicidio en grado de tentativa y, pese a haber logrado el indulto, va a acabar de cumplirla el 11 de diciembre. El Ministerio de Justicia le concedió la gracia a condición de que abonara los 30.000 euros de responsabilidad civil. Una suma inasumible para él y su familia.

García era un ciudadano normal hasta que se le fue la mano. Fue en la noche del 29 de agosto de 2009. Se metió en una pelea. Un individuo intentaba echar de un banco a un anciano. Según cuenta, trató de defenderlo y le acabó clavando una botella en el cuello y el pecho. Lo dejó en la UCI tres meses, pero siempre ha reconocido los hechos, lo que le allanó el camino hacia el indulto. El buen comportamiento en la cárcel, su expediente penal impoluto y sus responsabilidades familiares hicieron el resto. Y el azar. “Te mueves en un terreno de una inseguridad tremenda. Nos sorprendió que se lo dieran”, admite su abogada, Regina Apalategui.

“Los dos salimos muy mal parados, pero él peor. Me atacó con un cúter de esos grandes, pero mi secuela es solo una cicatriz en la frente. Parezco Frankenstein”, recuerda por teléfono. Sigue en prisión, aunque ya en tercer grado, por lo que solo va a dormir al centro penitenciario. Hasta que logre la libertad condicional, no podrá optar a subsidios ni trabajos. La empresa en la que llevaba nueve años, del sector de la construcción, ha reducido su plantilla de medio centenar de trabajadores a menos de 10, pero él, en principio, tiene el puesto asegurado, porque es uno de los veteranos. De momento, la familia “va tirando” con 400 euros que saca su mujer cuidando a una anciana. “¿Quién consigue 2.000 euros al mes? Yo tenía un trabajo, pero ahora la cosa está muy mal”, deplora: “Me ha salido una obra para hacer un baño y la cogeré para empezar a hacer algo. Solo quiero recuperar mi vida”.