Siete años de acoso fallido a un ecologista por restaurar una pocilga

Hasta un “helicóptero con notario a bordo” se usó para la persecución penal del activista ecologista de Mallorca Miquel Àngel March, exportavoz del pionero movimiento proteccionista GOB (Grupo de Ornitología Balear) y promotor de numerosas denuncias contra irregularidades urbanísticas en Mallorca. March, que quedó ayer exonerado de todas las acusaciones, había sido denunciado en 2007 por rehabilitar, sin licencia, una pocilga-gallinero de 30 metros cuadrados, que había heredado de su familia y que estaba situada cerca de la casa payesa de su finca de montaña de Pollença, en un espacio natural de máxima protección de la sierra de Tramontana.

Un abogado administrador de una empresa que construyó un campo de golf de forma irregular, y que fue denunciado por el movimiento que dirigía March, interpuso contra el ecologista una denuncia por un delito de ordenación del territorio.

Pero ya habían llegado antes las advertencias contra March, que destapó escándalos de corrupción política y urbanismo salvaje que llegaron a culminar en derribos de obras y penas de cárcel. El GOB, fue acusación, por ejemplo, en el paradigmático caso Andratx de 2006, cuyo alcalde, Eugenio Hidalgo, del PP, fue condenado a cuatro años de cárcel. En las grabaciones del caso Andratx y en declaraciones del dirigentes del PP ya traslucían posibles represalias contra March, aprovechando que había reformado su pocilga gallinero sin licencia.

El contraataque fue reconocido ayer por el letrado del denunciante, Diego Wencelblat, que en el juicio afirmó que se actuó contra quien “perseguía a los infractores de la disciplina urbanística” y “daba conferencias sobre urbanismo”, al tiempo que no reciclaba sus escombros, en alusión a las tejas y las piedras del gallinero.

“Era la estrategia de acoso y derribo”, aseguró el defensor de Miquel Àngel March, Carlos Tarancón, que vio “fines espúreos, para hacer daño”. El propio promotor de la denuncia declaró en su día que actuaba “por pasatiempo”. Y durante años no ha cejado. Ahora sin condena penal, quiere que March sea objeto de una infracción urbanística, sancionada por el Ayuntamiento.

“Estamos aquí por una soll [una pocilga], una mera cochinera, no habitable”, clamó el defensor de March durante el juicio. Nunca tantos peritos, guardias civiles, ingenieros, letrados, políticos y periodistas habían estado ocupados por las tejas y los 30 metros de una mera pocilga. Y un helicóptero con notario, más planos, fotos de satélite y de vuelos sobre Baleares de los aviones de EE UU de los años 50.

Miquel Àngel March dijo haber vivido durante siete años una peripecia “mediática” y se sintió liberado de lo que consideró una acusación “absurda” y un “gaje del oficio”, según explicó al juez Eduardo Calderón.

El propio magistrado del caso afirmó que en su larga trayectoria nunca vivió un episodio semejante. La fiscal, Isabel Monforte, que en ningún momento pidió condena para el ecologista, consideró que no debía haberse celebrado el juicio. Monforte rechazó la actuación de la acusación popular, "por no representar intereses generales, colectivos o públicos. Las motivaciones eran otras”, dijo.