La fiscalía idea una fórmula para dilatar la aplicación del ‘fallo Parot’

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, aseguró que la fiscalía ni retrasaría ni aceleraría la excarcelación de presos tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que tumbó la aplicación de la doctrina Parot. Sin embargo, la fiscalía de la Audiencia Nacional mostró ayer su intención de dilatar la aplicación de la jurisprudencia del tribunal de Estrasburgo.

En respuesta a la petición de la sala de lo penal de la Audiencia para que informara sobre los casos de los reclusos que han solicitado la excarcelación tras la sentencia de Estrasburgo, la fiscalía ha decidido no informar de forma favorable y de manera conjunta hasta que Instituciones Penitenciarias remita las fechas de liquidación de condena de cada uno de ellos.

Las fechas de licenciamiento (salida de prisión) antes de la aplicación de la doctrina figuran en los expedientes tramitados en la Audiencia, pero ahora la fiscalía pretende interpretar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de manera que se tenga que realizar de nuevo el cómputo.

Según los 11 informes sobre otros tantos casos, la fiscalía entiende que Estrasburgo no ha declarado contraria a derecho la doctrina Parot sino su aplicación retroactiva. Por esta, a partir de 2006 y por una interpretación del Tribunal Supremo respaldada por el Constitucional, comenzaron a restarse los beneficios penitenciarios del total de las penas impuestas y no sobre el máximo legal de 30 años de permanencia en prisión que marcaba el Código Penal con el que fueron juzgados estos reclusos.

La fiscalía considera así que, en aplicación de la sentencia del tribunal de derechos humanos, deben distinguirse dos tramos, uno antes de febrero de 2006 y otro a partir de ese momento y, así, propone que se siga aplicando la doctrina Parot para el cómputo de redenciones penitenciarias obtenidas a partir de marzo de 2006.

De esta manera, será Instituciones Penitenciarias la que, en un plazo sin determinar, señale qué reclusos han obtenido beneficios penitenciarios a partir de 2006, unos beneficios que no se le podrían computar, según la fiscalía.

Para explicarlo, todos los informes ponen el mismo ejemplo: “Si una persona ha sido condenada a penas de larga duración con un máximo de 30 años y ha ingresado en la cárcel el 28 de febrero de 1994, hasta el 28 de febrero de 2006 habría cumplido 12 años a lo que se sumarían 6 de redenciones, lo que daría 18 años. Le quedarían 12 años por cumplir ya que, dada la nueva modalidad de cómputo, las redenciones se aplicarían a cada una de las penas impuestas y no a la pena autónoma de 30 años, no se generaría abono efectivo alguno, por lo que extinguiría su condena el 28 de febrero de 2018”.

Los 11 etarras sobre los que ha emitido informe la Fiscalía de la Audiencia Nacional son, además de Troitiño, Juan Andrés Urquizu, Jokin Mirena Sancho, Isidro María Garalde, Raúl Ibáñez, José Ignacio Urdiain, Jon Koldo Aguinagalde, Joseba Koldobika, Elías Fernández Castañares, Juan Francisco Gómez López y Luis María Azcargorta.

La fiscalía va más allá y ante la celebración de un pleno, mañana, de la sala de lo Penal de la Audiencia ha pedido a esta que espere a la decisión que tomará el Tribunal Supremo el próximo martes y se someta a las los “cauces, criterios y alcance” que marque este tribunal sobre la decisión de Estrasburgo.