Aguirre declarará como testigo sobre los contratos irregulares de Gürtel

Cuando, en febrero de 2009, Esperanza Aguirre conoció el caso Gürtel, tiró de su particular estilo retrechero y pronunció una frase para las hemerotecas: “Esas grabaciones son como si el alcalde de Torrejón dice que tiene muchas relaciones con Angelina Jolie”, dijo la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid. Aguirre se refería a los archivos de audio aportados por el exconcejal del PP en Majadahonda José Luis Peñas al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y que sirvieron para poner en pie la investigación. Cuatro años y medio después de bromear con la que ha resultado ser la mayor causa judicial de corrupción en un partido político en la democracia, la líder de los populares madrileños deberá declarar como testigo en la misma.

El magistrado Pablo Ruz ha decidido que el testimonio de Aguirre es “necesario, útil e idóneo” para esclarecer las adjudicaciones irregulares desde distintas consejerías de la Comunidad de Madrid para favorecer a las empresas del supuesto cerebro de la trama corrupta, Francisco Correa, entre 2004 y 2008. El principal responsable político de los contratos irregulares de actos conmemorativos de la Comunidad de Madrid es Alberto López Viejo, exconsejero de Deportes, ex viceconsejero de Presidencia y colaborador de la máxima confianza de Aguirre. La presidenta lo fichó en 2003 cuando accedió al gobierno regional pese a que su gestión como concejal de Limpieza del Ayuntamiento de Madrid había estado salpicada por sospechas de corrupción. López Viejo se encargó personalmente de organizar cientos de actos propagandísticos de Aguirre como presidenta madrileña y también coordinaba los del resto de consejerías. La inmensa mayoría de ellos fueron organizados por las sociedades de Correa, que facturaron por ello 8,75 millones de euros en cuatro años, casi siempre con precios muy superiores a los del mercado. La Intervención General del Estado cifra el beneficio irregular obtenido por la red de Correa en 4,91 millones.

Minutos después de conocerse el auto —resolución razonada— por el que el juez la cita como testigo, la presidenta regional del PP se mostró “dispuesta y encantada” de prestar declaración ante el instructor. La declaración de Aguirre había sido solicitada por la acusación popular ejercida por el PSOE de Boadilla del Monte (Madrid), y la Fiscalía Anticorrupción había considerado “innecesaria” esta diligencia. Como el interrogatorio tiene que ver con su gestión como presidenta de Madrid, Aguirre tiene la opción de contestar por escrito las preguntas que se le planteen o, si lo prefiere, acudir al despacho del juez Ruz en la fecha que se determine. Otros políticos del PP citados como testigos en el caso de los papeles de Bárcenas —pieza separada del caso Gürtel— y que tenían la posibilidad de declarar por escrito por su condición de aforados, como Dolores de Cospedal, Javier Arenas o Francisco Álvarez-Cascos, optaron por ir en persona a la Audiencia Nacional.

López Viejo dimitió como consejero el 9 de febrero de 2009 después de que se conociera que troceó cientos de contratos de distintos actos para que no alcanzaran la cifra límite de 12.020 euros y poder adjudicárselos directamente a las empresas de Correa eludiendo las exigencias de publicidad y concurrencia de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. La propia presidenta del PP reveló que fue ella quien le exigió la renuncia tras sentirse engañada y que López Viejo le advirtió de que disponía de mucha información sobre la supuesta financiación ilegal del PP. Aguirre, que nunca denunció esas amenazas ni ante la justicia ni ante su partido, asegura que retó a López Viejo a contar sus secretos a la prensa. Este nunca lo hizo.

El informe de la Intervención General del Estado del pasado abril verificó 686 actos celebrados por las diferentes consejerías de la Comunidad de Madrid entre 2004 y 2008. En 104 actos, por importe de 3,16 millones de euros, los contratos fueron fraccionados en varios servicios para evitar convocar un concurso público. En muchos casos, las facturas tenían un objeto genérico o están emitidas en fechas muy posteriores a la celebración del evento. Para ocultar las adjudicaciones reiteradas a las empresas de Correa, las consejerías, con conocimiento de López Viejo, contrataban con otras sociedades que abonaban una comisión de entre el 5% y el 11,5%.

Según fuentes jurídicas, el interrogatorio de Aguirre tiene por objeto afianzar la imputación del exconsejero de Deportes y exviceconsejero de Presidencia Alberto López Viejo. El magistrado estima en su auto “que de las diligencias hasta ahora practicadas no resulta indicio alguno de participación o consentimiento por parte de la señora Aguirre Gil de Biedma en la irregular operativa de contratación llevada a cabo por la Comunidad de Madrid a lo largo de los años objeto de investigación”.