Interior prepara medidas para impedir que los etarras reciban ayudas sociales

En dos semanas el Gobierno tendrá elaborada una propuesta para impedir que los etarras y otros condenados por graves delitos, como violadores, que sean excarcelados, se beneficien de subsidios previstos para quienes tras cumplir sus penas no tienen medios para ganarse la vida, al menos de manera inmediata por haber pasado muchos años en prisión. Esta ha sido la respuesta del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al requerimiento de la portavoz de UPyD, Rosa Díez, para que los terroristas que no hayan mostrado arrepentimiento no reciban el subsidio de desempleo. Hay que estudiarlo porque algunas prestaciones asistenciales no pueden ser interceptadas al constituir derechos adquiridos, ha dicho el ministro. La voluntad del Gobierno es hacer una propuesta con el acuerdo de UPyD y con el consenso parlamentario más amplio posible.

El titular de Interior ha querido dar muestras desde la tribuna de oradores que no solo comparte la preocupación de Rosa Díez, como ha puesto de manifiesto, sino que desde hace tiempo ha impulsado medidas que cortocircuitan beneficios para los condenados de ETA. Su acción se ha traducido en denegar cuarenta peticiones de etarras de ayudas, en virtud de normas al respecto de la Ley Integral de Víctimas del terrorismo. La interpelación de Rosa Díez se sitúa en la estela de la anulación de la doctrina Parot y el afán de esta portavoz de poner a quienes se han liberado de años de cárcel en una situación difícil si es que no se arrepienten de sus crímenes.

La sentencias citada y que afecta a la etarra Inés del Rio tiene consecuencias además de la excarcelación. El Gobierno ha bloqueado los 30.000 euros que el Tribunal Europeo de Estrasburgo sentenció que había que entregarla por lo que la afectada ha presentado un recurso. El Gobierno va a pelear jurídicamente todo lo que pueda para que no los reciba. Y si puede que no reciba beneficio alguno.

Las normas por las que se ha interesado especialmente Rosa Díez aluden al subsidio de 426 euros que reciben al mes y durante un semestre los presos tras cumplir condena. Se trata de que no lo recibanb “los que no han mostrado arrepentimiento ni colaborado con la Justicia”, ha señalado la líder de UPyD. Según el ministro ya lo está estudiando con la ministra de Empleo, Fátima Báñez, de quien depende este subsidio.

Ese subsidio es prorrogable hasta tres semestres más. Entre los derechos adquiridos por los presos se incluyen las ayudas al estudio con becas e incluso de vivienda. La voluntad es limitarlos al máximo, con el límite de la ley y del principio constitucional de la búsqueda de rehabilitación del condenado. “Queremos evitar que los terroristas se beneficien de prestaciones del Estado que han tratado de dinamitar”. Esta es la intención del ministro del Interior