Interior informó a Estrasburgo de que la ‘doctrina Parot’ afecta a 93 etarras

El Gobierno informó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de que un total de 93 presos de ETA están afectados por la doctrina Parot, anulada el pasado lunes. Otros 37 delincuentes —terroristas de GRAPO, asesinos, violadores, pederastas— han visto prolongadas sus condenas irregularmente por la jurisprudencia del Tribunal Supremo que computa los beneficios penitenciarios sobre el conjunto de las condenas impuestas en lugar de sobre los 30 años de cumplimiento máximo que preveía el Código Penal de 1973, por el que fueron condenados.

Un total de 36 reclusos de la banda condenados con el Código Penal de 1973 han reclamado a la Audiencia Nacional la revisión de sus penas a la luz de la sentencia del tribunal de Estrasburgo sobre el caso de la etarra Inés del Río, que ya fue excarcelada el pasado martes. Los presos pretenden en unos casos obtener la liberación definitiva, al entender que ya han superado el tiempo de estancia en prisión que les correspondería legalmente al habérseles aplicado la doctrina Parot. En otros casos, buscan que Instituciones Penitenciarias realice un nuevo cómputo de los beneficios penitenciarios, con la jurisprudencia anterior a la anulada como base, lo que acercará notablemente la fecha de su excarcelación.

El próximo viernes, el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, compuesto por 17 magistrados presididos por Fernando Grande-Marlaska, se reunirá en sesión ordinaria con dos puntos en el orden del día. El primero consiste en decidir cómo se tramitan las peticiones de puesta en libertad, una cuestión puramente formal. Entre otros aspectos se decidirá si las revisiones de penas se realizan en el pleno de la Audiencia o en cada una de las secciones que en su día condenaron a los etarras, según fuentes jurídicas.

El segundo punto ya supone entrar en el fondo de la aplicación de la sentencia de Estrasburgo. El pleno analizará, una a una, las peticiones de revisión de penas de los etarras Josefa Mercedes Ernaga y Juan Manuel Píriz. Sus recursos ya estaban en la Audiencia Nacional y habían quedado en suspenso a la espera de que se hiciera público el fallo del TEDH.

Ernaga está condenada a 794 años de cárcel por diversos atentados, entre ellos la mayor masacre cometida por ETA: el coche bomba que mató a 21 personas en el Hipercor de Barcelona en 1987. Con la aplicación de la doctrina Parot, esta terrorista no podría salir de prisión hasta el 27 de agosto de 2017. Sin embargo, si se atiende su petición, la excarcelación no será inmediata: tendrá que esperar hasta el 17 de diciembre de 2014, fecha en la que habría purgado su condena en los términos previstos por el Código Penal de 1973.

En cuanto a Píriz, está condenado por asesinar en 1984 a Mikel Solaun, un ingeniero industrial y antiguo miembro de ETA desvinculado de la banda que avisó a la policía de un atentado que iba a realizarse de forma inminente en un edificio de viviendas destinadas a guardias civiles en cuya construcción trabajaba en el barrio de Algorta en Getxo (Bizkaia). Piriz lleva 29 años en prisión, aunque su salida debería haberse producido en 2009. La aplicación de la doctrina Parot postergó su excarcelación al 8 de febrero de 2014.

En ambos casos, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya se había negado a la revisión del cómputo de penas. Fuentes del ministerio público se han mostrado convencidas de que las liberaciones no serán sistemáticas porque se van a estudiar caso por caso. Además, los fiscales solicitarán a Instituciones Penitenciarias que revisen los historiales de los reclusos a la hora de hacer un nuevo cómputo, ya que en algunos casos un mal comportamiento —dos faltas graves o muy graves— implicaría la exclusión de los beneficios penitenciarios. Los fiscales de la Audiencia Nacional también abogan por aguardar a que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional fijen un criterio sobre la derogación de la doctrina Parot en los casos que se ven en sus salas.

Por otro lado, la etarra Inés del Río, excarcelada el martes, debe 19 millones de euros al Estado por las indemnizaciones que este adelantó a las víctimas de sus atentados, informa Europa Press. Por esta razón, la terrorista no recibirá los 30.000 euros que el tribunal de Estrasburgo le otorgó en concepto de indemnización por daños morales por los cinco años que pasó indebidamente en prisión por la doctrina Parot.