El Gobierno deja en manos de los tribunales las futuras excarcelaciones

España ha sido condenada este lunes —esta vez de forma definitiva— por vulnerar los derechos humanos de la etarra Inés del Río, autora de 23 asesinatos durante los años 80, al aumentar ilegalmente su periodo de reclusión en nueve años. Sin embargo, la única preocupación del Gobierno ante la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la doctrina Parot ha sido sacudirse el coste político del fallo que, previsiblemente, supondrá la excarcelación a corto plazo de decenas de presos de ETA, y también de otros grupos terroristas y delincuentes comunes condenados con el Código Penal de 1973.

El Ejecutivo esperaba una sentencia desfavorable y llevaba semanas preparando el terreno para el varapalo. Apenas una hora y media después de conocerse el fallo de Estrasburgo, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y el del Interior, Jorge Fernández Díaz, comparecieron para lanzar varios mensajes, especialmente dirigidos a las asociaciones de víctimas del terrorismo, con quienes se reunieron por la tarde.

La primera consigna era recordar que el Gobierno ha defendido desde el principio la doctrina Parot, por ser, según Fernández Díaz, “justa con las víctimas y extraordinariamente útil en la lucha contra el terrorismo”. El fallo contrario supone un revés para el Ejecutivo. “Nos duele de forma muy intensa”, aseguró Ruiz-Gallardón. “Hemos usado todos los recursos para que la doctrina fuera mantenida por justicia material; no puede tener el mismo reproche penal aquel que ha matado a 20 personas que aquel que ha cometido un solo asesinato”, insistió.

El titular de Justicia sostuvo que la sentencia de Inés del Río es un “recurso individual que afecta a una persona” y que no se puede entender como una “doctrina generalizada”, aplicable al resto de presos en su situación. Gallardón subrayó que “es al tribunal sentenciador a quien corresponde establecer cómo aplicará la sentencia”. Esto es, la salida de los presos terroristas afectados por la doctrina Parot se decidirá por la Audiencia Nacional y la de los presos comunes, como violadores o asesinos, deberá estudiarse en las respectivas Audiencias Provinciales. El ministro recalcó que en cada caso la fiscalía realizará un “estudio profundo sobre la conveniencia de la aplicación de la sentencia”.

Los presos afectados por la sentencia del TEDH fueron condenados con el Código Penal de 1973, que preveía un máximo de 30 años de cumplimiento y la redención de penas por trabajo en prisión. Gallardón y Fernández Díaz se esforzaron en asegurar que las sucesivas reformas legales impiden que vuelva a repetirse una situación de salida de presos con 20 asesinatos a sus espaldas antes de llegar al máximo de cumplimiento efectivo legal. Gallardón recordó que el Código Penal vigente, de 1995, contempla el cumplimiento íntegro de las condenas y elimina la redención de penas por el trabajo en el caso de los terroristas.

El titular de Justicia hizo gala de la reforma del Código Penal que prepara su departamento y que contempla la prisión permanente revisable, que, según él, podría aplicarse a casos como el de Inés del Río —si hubiera cometido sus delitos tras la entrada en vigor de la futura norma—. Gallardón aseguró que el nuevo Código Penal ampliará a otros delitos violentos la posibilidad de aplicar vigilancias a los reos tras cumplir la pena de prisión, algo que ya está previsto en el actual Código Penal para delitos de terrorismo y delitos sexuales. Para poder aplicarse esta vigilancia, el juez debe decretarlo así en su sentencia.

Preguntado si la sentencia de Estrasburgo puede servir para desatascar el proceso del fin de ETA, el ministro del Interior aseguró: “Hay proceso de paz cuando ha habido una guerra. Lo que hay son unos asesinos terroristas y una sociedad víctima del terrorismo. ETA ha sido derrotada y no volverá no por decisión suya, sino porque ha sido derrotada. Vamos a seguir trabajando para la disolución definitiva de ETA”.

El Ejecutivo parece estar pensando ya en el día después de las previsibles excarcelaciones. “El Gobierno velará por el cumplimiento de la Ley, eso significa que no se produzcan ni enaltecimiento del terrorismo ni humillación de las víctimas con las eventuales libertades. No habrá impunidad para violar la Ley”, manifestó Fernández Díaz.