Las diferencias entre ETA y Sortu marcan el punto final de la banda

Hoy se cumplen dos años del cese definitivo de las actividades armadas de ETA. Este segundo aniversario aparece marcado por el bloqueo y un renacimiento del enfrentamiento entre Sortu y ETA. Este enfrentamiento se debe a que la organización terrorista no responde al requerimiento al desarme y a que conceda a sus presos la posibilidad de que asuman la legalidad penitenciaria, como le reclaman el Foro Social, los partidos vascos y la propia izquierda abertzale. Esta situación también coincide con el hito más importante en estos dos años en la consolidación del fin del terrorismo: la sentencia del tribunal europeo de Estrasburgo sobre la doctrina Parot, que se conocerá mañana.

Si, como apuntan las previsiones, el fallo ratifica la anulación de dicha doctrina, supondrá un revulsivo en el bloqueo actual del asentamiento del final del terrorismo al abrirse las puertas de la cárcel para una cuarta parte de sus presos más veteranos en un plazo relativamente corto.

Los dos años de bloqueo de la política penitenciaria del Gobierno —ni siquiera un acercamiento de presos, tras el cese definitivo de ETA— han terminado por repercutir en las relaciones entre ETA y la izquierda abertzale. En verano, estalevantó las expectativas de la organización terrorista se iba a comprometer este otoño con el desarme y con dar libertad a sus presos para que se acogieran a la reinserción individual y a los beneficios penitenciarios tras el llamamiento del Foro Social, integrado por organizaciones pacifistas internacionales y locales, avalado por Bildu.

Mientras se está a la espera de ese comunicado de ETA, la banda emtió el pasado 27 de septiembre otra nota en la que, lejos de responder a las peticiones de Bildu, le avisaba de que no iba a reconocer el daño injusto causado por su pasado terrorista. ETA, en su primer pronunciamiento tras su cese definitivo en 2011, le marcaba unas líneas rojas justo cuando los partidos democráticos vascos le exigían a Bildu un “suelo ético” para participar en la ponencia parlamentaria vasca sobre la paz.

A la par, el comunicado de ETA en respuesta al Foro Social se está demorando y Bildu prevé que será tibio y que así se alargará el proceso de desarme.

Todo arranca en que tras la Declaración de Aiete y el anuncio de cese definitivo de ETA, hace hoy dos años, la izquierda abertzale alimentó la expectativa de una rápida solución para los 600 presos, que todavía no se ha cumplido. En el bienio transcurrido, el Gobierno de Rajoy no ha conectado con ETA ni ha flexibilizado la política penitenciaria para adaptarla a los “nuevos tiempos” del fin del terrorismo (acercamientos de presos y otras medidas- como le han pedido el PNV y el PSE).

El Ejecutivo del PP ha exigido el desarme, la disolución previa de ETA y la petición de reinserción individual de sus presos. Aunque el PNV y el PSE mantienen que el cese definitivo de ETA fue unilateral, sin contrapartidas, defienden que el Gobierno debe hacer gestos legales con los presos.

El único experimento de flexibilización penitenciaria que ha avalado el Ejecutivo, la excarcelación de un preso etarra terminal, Josu Uribetxeberria Bolinaga, en el verano de 2012, originó tal rechazo en una parte de la derecha política y mediática y en algunas asociaciones de víctimas del terrorismo, que Rajoy optó por mantener el bloqueo en la política penitenciaria.

También se acusa a Bildu, en sus propios ámbitos, de ausencia de estrategia. Así, su respuesta a la parálisis de la situación han sido tres manifestaciones multitudinarias, desde octubre de 2011, que no han traspasado su ámbito. No ha habido una presión social vasca tan fuerte como para que el PNV y el PSE reten al Gobierno.

La frustración ha ido creciendo en las cárceles. No faltan reproches a Bildu por parte de presos que se sienten abandonados por políticos instalados en las instituciones. Se han producido enfrentamientos entre reclusos partidarios y contrarios a acogerse a la ley penitenciaria.

Asimismo, la gestión de Bildu, estos dos años, en numerosos Ayuntamientos y en la Diputación de Gipuzkoa, en asuntos como las basuras y la prohibición de corridas de toros le ha creado problemas en la sociedad vasca y en sus filas. Existe una sensación de falta de liderazgo, a la que no es ajena el acoso judicial a sus líderes y el encarcelamiento de su portavoz, Arnaldo Otegi, que ha expresado su disgusto sobre aspectos de la gestión de sus noveles cargos políticos.

En definitiva, la ausencia de soluciones para los presos y la sensación de falta de estrategia y liderazgo han causado el renacer de las tensiones entre ETA y la izquierda abertzale.

Los partidos vascos son unánimes en que ETA debe romper el bloqueo y seguir dando pasos unilaterales, aunque el Gobierno se niegue al diálogo con ella. Si el lunes se confirman las previsiones sobre la anulación de la doctrina Parot por el tribunal de Estrasburgo, eso supondrá un bálsamo en la presión que la izquierda abertzale sufre de sus presos y de ETA. En esos ámbitos calculan que, incluso, puede ser un estímulo para que la banda terrorista siga dando pasos.

La izquierda abertzale tratará de gestionar con prudencia la previsible excarcelación de etarras. Sabe que el Gobierno va a permanecer vigilante para evitar que se produzcan actos ilegales de exaltación del terrorismo, que pueden obstaculizar el cumplimiento de la previsible sentencia de Estrasburgo.

Los dos años transcurridos han confirmado la principal clave, la irreversibilidad del cese definitivo de ETA por el agotamiento de la banda y por el compromiso de la izquierda abertzale en su rechazo del terrorismo, recogido en los estatutos de Sortu.

La eliminación de la doctrina Parot, si llegara a resultar así, puede servir para que el País Vasco avance en la convivencia, siempre que la nueva situación sea gestionada bien por el Gobierno y la izquierda abertzale.