Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Detenido el consejero de Medio Ambiente y tres cargos del Gobierno de Melilla

La juez Alcázar investiga una trama de corrupción en el Consistorio de la ciudad (PP)

Ampliar foto
La juez, acompañada de un Guardia Civil, tras el registro en el Ayuntamiento, el 12 de septiembre.

Casi nadie prestó atención a las palabras pronunciadas por Ana Fortes, una publicista, en un acto organizado hoy viernes a mediodía, en la plaza de España de Melilla, por la Asociación Española Contra el Cáncer al que asistieron las principales autoridades locales. “Teníamos todos la cabeza puesta en la bomba que suponen las detenciones”, confesaba uno de los asistentes.

Melilla —85.000 habitantes; gobernada por el PP desde hace 13 años— fue sacudida hoy por la mañana por la detención de su consejero de Medio Ambiente, José Ángel Pérez Calabuig; el director general de ese departamento, José Pastor; un jefe de Negociado, Carlos López Rueda; y el interventor de la ciudad, Francisco Platero.

El consejero de Economía, Danel Conesa, y dos exconsejeros, Ramón Gavilanes, de Medio Ambiente, y Rafael Marín, de Fomento, también ha sido han sido citados como imputado, según la televisión local Cablemel. Ignacio Gavilanes, letrado e hijo del exconsejero de Medio Ambiente, confirmó la imputación de su padre.

La Guardia Civil echó el guante al consejero en su domicilio mientras que los tres funcionarios fueron detenidos en sus despachos del ayuntamiento. Los cuatro detenidos fueron primero trasladados a la Comandancia y, por la tarde, fueron puestos a disposición judicial e interrogados.

La cuádruple detención se enmarca en la investigación —bautizada Operación Opera— que inició en 2009 la magistrada María José Alcázar Ocaña, titular de juzgado de instrucción número 4, después de que un pequeño empresario, Abdelkader Kasem Abdelkader, confesase que era obligado a fraccionar las facturas que entregaba al Gobierno de la ciudad para evitar así someterse a concurso público.

La juez investiga “delitos de falsedad documental, exacción ilegal, prevaricación y tráfico de influencias”, según reza el auto que redactó al registrar, el 12 de septiembre, las consejerías de Hacienda y Medio Ambiente y la sede de una empresa municipal (Envismesa). Esas pesquisas han permitido, aparentemente, hacer progresar la investigación.

Alcázar Ocaña llevó a cabo el registro acompañada por 35 guardias civiles. Su actuación fue veladamente criticada por Juan José Imbroda, el presidente de la ciudad —el estatuto de autonomía no contempla el cargo de alcalde— quién opinó que no era necesario entrar en tropel en la sede del Gobierno. “Podía haberse hecho de otra manera como, por ejemplo, mandando un requerimiento judicial”, se lamentó ante la prensa.

Imbroda, que se reunió hoy con sus consejeros para evaluar la situación, volvió a expresar su malestar. Se declaró “sorprendido” de que su consejero haya sido llamado “urgentemente a declarar”. Manifestó además su confianza en la “honorabilidad” de las personas llevadas a declarar y se mostró confiado en que se aclarará el “malentendido”. Blas Jesús Imbroda, hermano del presidente, es el letrado de varios de los detenidos.

Desde principios de septiembre el secretario general del PSOE melillense, Gregorio Escobar, solicita sin éxito a Imbroda que convoque una Junta de Portavoces para “dar información veraz”. Hoy reiteró su petición porque considera que toda la contratación efectuada por el Gobierno local “está bajo sospecha”.

El PSOE es en Melilla el segundo partido de la oposición, por detrás de los musulmanes de Coalición por Melilla (CpM) que se han mostrado mucho menos beligerantes que los socialistas con el Gobierno local. CpM está integrada en la coalición de Izquierda Unida.

Más información