El arquitecto de la mansión derribada por ilegal en Ibiza: “Pude construir el triple”

La mega construcción de Ibiza demolida por ilegal, "estaba integrada en el entorno, era normal, sí”. El arquitecto José Torres, defendió ante la Audiencia de Palma, que le juzga por un posible delito contra la ordenación del territorio, su trabajo y la mansión gigante del músico y productor alemán Michael Cretu. Esta era una especie de fortaleza monasterio en Corona, enclavada en una de las cimas de una corona de colinas del pla de Santa Agnés, en Sant Antoni. Era un ejemplo del urbanismo salvaje en un espacio protegido.

La macro vivienda-estudio ya no existe fue derribada, en 2009, por ilegal, por licencia nula al estar levantada en la cota alta de una cumbre aplanada, amurallada en una área natural protegida y exceder, al final, un 68 por ciento el volumen del proyecto. Quedan por dirimir las responsabilidades penales y la posibles indemnizaciones. Cretu quiere 22 millones de euros.

Cretu, productor de 57 años, nacido en Bucarest, reclama la millonaria indemnización por el valor de su propiedad y del cese de su uso y disfrute.”Nunca medí su superficie”, se jactó Cretu al juez, que le pidió qué concretara su encargo al arquitecto. No lo explicó, dijo que no iba mucho a la obra. La licencia municipal "nula" le permitía edificar 800 metros cuadrados y 1.500 de volumen, casi cinco veces menos de los que hizo. No sabía como sucedió, tampoco el arquitecto autor, ni los funcionarios y políticos imputados que declararon.

La casa Cretu se obró en 1996 sin licencia. Para crear el solar, su dueño alteró el paisaje

“Podíamos construir hasta 4.500 metros cuadrados (de casa y estudio) y bajamos a 1.500 metros para cumplir la normativa”, continuó Torres, exdecano de la delegación de Arquitectos de Ibiza y Formentera, ente colegial que desautorizó su proyecto, decisión contra la que el recurrió.

Los ecologistas del GEN (Grup d’Estudis de la Naturalesa) lograron la ‘victoria’ más que simbólica con su letrado Eduard Clavell. La piqueta judicial eliminó aquel atentado y la obra de derribo costó más de 300.000 euros. El tribunal dirá si los pagan a escote los reos. Ahora quedar un cráter de tierra en un pinar, una mancha sobre el monte de 230 metros de altura en un terreno de 75.000 metros cuadrados a menos de medio kilómetro del mar en el municipio de sant Antoni. El arquitecto José Torres ve vulnerados “principios” arquitectónicos y urbanísticos que estudió en la Escuela de Arquitectura. Aseguró que los ecologistas “supervigilaban” la obra gigante con vuelos de aviones y aireando en la prensa el escándalo.

Antonio Mari Tur ‘Botja’ el exalcalde de Sant Antoni durante 16 años y exdiputado balear del PP, abanderó la defensa municipal. Es aparejador. “No somos técnicos de urbanismo", dijo, "las decisiones eran colegiadas; nos ateníamos a los informes nunca negativos del Consell Insular. Nunca nos advirtieron de ilegalidad, No fuimos ni vimos la obra, solo me reuní con Cretu, una vez en la Tortillería”, se escudó, enrocado.

Si el edil Marí es aparejador, su mano derecha durante ocho años como concejal de Urbanismo, Blanca Castiella, es arquitecta. Todos repitieron la cantinela evasiva. El aparejador municipal también, Marti Miralles, se enfrenta a una posible pena de tres años de cárcel por ilegalidad.

Tras el derribo de la casa gigante, Torres, Mari, Castiella, Martí y Cretu se enfrentan a una causa por supuesta prevaricación urbanística, falsedad cometida por un funcionario público y un delito contra la ordenación del territorio. Para el músico propietario se reclaman ocho meses de cárcel y multa de 31.500 euros. Para la exconcejal de Urbanismo Castiella, siete años de inhabilitación y 33.600 euros de multa por un delito de prevaricación; y ocho meses para el arquitecto de la mansión José Torres.

Era una" algarabía" dijo el ex edil Marí. Cretu que fue el alma del grupo Enigma, buscó las mejoras vistas de Ibiza, un refugio para él solo, en medio de un área sin construir. Pretendía evocar un monasterio y castillo aislado. El volumen edificado era de 7.000 metros cúbicos. En 2003, el Gobierno balear de Jaume Matas del PP hizo una ley ad hoc para que Cretu no tuviera que demoler. No cuajó la maniobra, las decisiones de los tribunales, en este caso, no fueron burladas por esas maniobras.

Neus Prats y Mariano Marí son los lideres del Grupo de Estudios de la Naturaleza (GEN-GOB) que, con 400 afiliados, encabezó la protesta y la denuncia. La destrucción de la casa Cretu fue "una victoria que nos hubiera gustado no celebrar, pero es histórica porque era una brutalidad". Agustí Cerveró, abogado de Baleares experto en temas urbanísticos, indicó que la demolición fue "ejemplar". Neus Prats remachó: "se acabó la impunidad". La izquierda local de Sant Antoni reclamó esta semana al PP que pida perdón y cambie la gestión municipal.

La juez de Palma Carmen Frígola, conservadora, determinó la destrucción del atentado y la reparación del paisaje. Otro ex alcalde de Sant Antoni, el actual senador del PP, Pep Sala, tuvo que pagar dos veces 600 euros por los retrasos municipales en la ejecución de la demolición. Es ya un clásico de la Audiencia de Palma, el castigar en su bolsillo a los ediles que incumplen esas sentencias: ha pasado en Deià, Manacor, y Pollença entre otros pueblo.

Otro clásico fue el de Michael Cretu al aludir a la reconstrucción de una viejo edificio en ruinas preexistente, como en el caso Andratx. Las mediciones de los excesos, quien carga los costes, es el reto a resolver en la vista que seguirá en Ibiza la semana próxima.

"La casa de Cretu podría haberse destinado a usos públicos", manifestó en su día el edil de Sant Antoni, Joan Pantaleoni, del PP, que rechaza la eventual indemnización millonaria, que se verá en la via contenciosa tras la sentencia penal.