El PP negocia con CiU y PNV para que retiren las enmiendas a la reforma local

Visto lo difícil que es sacar adelante reformas de calado, el PP no quiere aprobar solo con sus votos la ley que dará un vuelco a la gestión en los Ayuntamientos. Este jueves en el Congreso tendrá de frente a la práctica totalidad del arco parlamentario (PSOE, Izquierda Plural, UPyD, CiU, PNV, ERC, BNG, Geroa Bai, Compromís-Equo y Amaiur), que le pedirán que retire el texto y empiece de cero. Rotas las conversaciones con el principal partido de la oposición, los puentes con los nacionalistas, según fuentes del Gobierno, se apurarán hasta el último minuto "para que CiU y PNV retiren sus enmiendas a la totalidad" y den un pequeño margen al PP.

El Ejecutivo cree que tanto vascos como catalanes tienen diferencias que son fácilmente salvables. Y limarlas puede limitarse a dar una nueva redacción al texto sin modificar el fondo.

Cuando el Consejo de Ministros aprobó el primer borrador del anteproyecto, allá por el mes de febrero, Mas amenazó con que no toleraría nada que se inmiscuyese en el Estatuto, que reserva a la Generalitat la competencia exclusiva en el "establecimiento mediante ley de procedimientos de relación entre las entidades locales y la población, respetando la autonomía local". El Gobierno autónomo dio el visto bueno a finales de julio al proyecto de gobiernos locales catalán con la esperanza de que entre en vigor el próximo febrero, de forma paralela con la reforma auspiciada desde el Ministerio de Hacienda. Cataluña sostiene que su texto está por encima de la reforma local del PP, que en cualquier caso sería una norma subsidiaria a la suya. Al revés, el Gobierno cree que su proyecto de ley estaría por encima del Catalán. Determinar qué norma prevalecerá sobre la otra, en cualquier caso, parece no ser el principal quebradero de cabeza del Ejecutivo porque ambas son muy similares. Esta semana se celebrarán reuniones a dos bandas entre el Gobierno y la Generalitat. Y ahí puede llegar el acuerdo para que CiU retire su enmienda.  

En lo que respecta a los nacionalistas vascos, estos reivindican el respeto al papel de sus diputaciones forales. El Gobierno cree que puede encontrar la fórmula que permita "que el PNV se encuentre cómodo con la ley", y retire sus objeciones.

Sin embargo el Gobierno sigue enfrentándose con la reforma a los más de 2.000 alcaldes, muchos de su propio partido, que sostienen que se eliminarán competencias en favor de las diputaciones y se privatizarán servicios. A este rechazo se suman comunidades autónomas, como la Junta de Castilla y León (PP), que ha objetado que los servicios sociales que prestan los Ayuntamientos costarán 200 millones más con el traspaso de la gestión al Gobierno regional. Sin más fondos, ven imposible poder cumplir con la norma, que entrará en vigor en el primer trimestre de 2014 si los cálculos del Gobierno no fallan.

Los parlamentarios no son los únicos a los que teme el Ejecutivo. Si finalmente sale adelante tal y como está planteada, a la norma le espera una lluvia de recursos. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, recordó que su comunidad se verá obligada a recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional (TC), en defensa del Estatuto de Autonomía. El PSOE e IU han anunciado medidas similares porque consideran que hay una clara vulneración de la autonomía local. Fuentes de Hacienda creen que lo que ocurre es que simplemente los regidores "no se han leído la ley", que se rige "en el principio de coordinación con los Ayuntamientos, sin imposiciones".