La juez pide a Anticorrupción que detalle la posible prescripción de delitos

La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha emitido un nuevo auto en el que alude a la posible prescripción de delitos planteada por la Fiscalía Anticorrupción y le requiere para que, "antes de proceder a la práctica de cualquier otra diligencia", informe sobre el periodo de prescripción que "maneja", a fin "de decidir si procede encomendar la investigación" a la Guardia Civil "de las ayudas sociolaborales más antiguas".

En un nuevo auto dictado el pasado 4 de octubre, la magistrada Mercedes Alaya también solicita a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que, sin perjuicio de lo anterior, concluya "y en su caso inicie" el estudio de los expedientes relativos a las empresas que hubieren obtenido ayudas abonadas en 2003.

En este sentido, la instructora dice que en este estudio deben incluirse aquellas ayudas que hubieren recibido con anterioridad a dicha fecha algunas de estas sociedades y "que quedarían englobadas por continuidad delictiva", centrándose "en particular" en Jerez Industrial, Gestifesa, y el Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto.

En el auto, la juez también cita a declarar durante los próximos meses de noviembre y diciembre a cuatro exaltos cargos de la Junta de Andalucía que fueron imputados por la magistrada el pasado mes de junio junto a otros 16 cargos o exaltos cargos, como la exministra de Fomento Magdalena Álvarez.

De este modo, la juez cita a declarar, el 22 de noviembre, al exsecretario general de Hacienda Antonio Estepa; el día 11 de diciembre, al exinterventor delegado en Empleo Juan Luque, y a los exsecretarios generales de la Consejería de Empleo Javier Aguado y Lourdes Medina, que comparecerán ante la juez los días 19 y 20 de diciembre, respectivamente.

De igual modo, la juez ha citado a declarar en enero de 2014 a tres abogados imputados en la causa, mientras que señala que los cargos o exaltos cargos imputados en junio que no han comparecido hasta el momento ni tampoco han sido citados comparecerán una vez se reciba el atestado relativo a IFA/IDEA.

La juez también acuerda ampliar la pericial encomendada a la Intervención General del Estado para que analice la cobertura presupuestaria, ejercicio a ejercicio, de los compromisos de pago asumidos por el IFA derivados de los convenios suscritos con la Dirección General de Empleo, así como que determine "el quebranto producido en fondos públicos de la Junta" y el cumplimiento de la normativa contable y fiscal de los pagos efectuados por el IFA.