El Congreso autoriza a diez diputados a actividades extra del sector privado

Autorizados a trabajar fuera del Parlamento pero con muchas limitaciones. El Congreso de los Diputados ha dado el visto bueno a diez parlamentarios para que puedan realizar “alguna actividad”, en la mayoría de los casos remunerada, siempre y cuando la contraprestación económica no venga de las administraciones. Esta mañana el pleno del Congreso ha votado a favor de la recomendación de la Comisión del Estatuto del Diputado para que estos solicitantes puedan realizar la actividad para la que piden permiso. En el permiso se les recuerdan las dos normas básicas: “No podrán recibir remuneración del sector público” y sus tareas extra “no pueden menoscabar su dedicación absoluta”. Algunas de estas actividades solicitadas son para participar en medios de comunicación.

Son los casos del exministro socialista José Blanco y de la diputada del PP por Valladolid Arenales Serrano. El primero especifica que colaborará con medios de comunicación privados, en tanto que la diputada popular afirma que participará en seminarios de los que obtendrá remuneración. El Congreso parte de la base de que todo es incompatible con la tarea de representar a los ciudadanos, pero a partir de esa premisa se concede estudiar caso por caso. Y esto ocurre a lo largo de la legislatura en muchas ocasiones, dado que los parlamentarios reciben ofertas de colaboración respecto a la que solicitan autorización. Lo mismo ocurre con su variación patrimonial que debe ser comunicada.

Ya saben a qué atenerse las diputadas Ángeles Álvarez (PSOE ) y Beatriz Escudero (PP) en el compromiso que tienen de no percibir remuneración de administraciones públicas ni de organismos estatales o autonómicos. Estas no especifican nada sobre recepción de ingresos en su solicitud de autorización para participar en conferencias y debates públicos. Han obtenido la autorización pero deben tener en cuenta que si son organismos públicos no pueden cobrar de los mismos. Estas mismas recomendaciones las ha recibido el portavoz de Interior del PP, Conrado Escobar, que seguirá siendo miembro del Consejo Editorial de la Revista de Derecho Urbanístico, de la que asegura no recibir ninguna compensación económica en tanto que declara la percepción de “dietas” por formar parte del Observatorio de Actualidad Legislativa de la Universidad Internacional de La Rioja.

No recibe ninguna remuneración el portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso, por pertenecer a la Fundación Fernando Buesa, ni tampoco es remunerada la actividad que realizada el diputado de CiU Carles Campuzano en la fundación Roca i Gales, de carácter patronal. La participación en medios de comunicación del diputado del PSC Joan Canongia – que ocupa el escaño dejado por la exministra Carme Chacón – no tiene tampoco remuneración y el otro diputado nuevo, Manuel Ibáñez Jiménez, que ha sustituido a Manuel Cervera, asegura que solo cobra los trienios por su condición de funcionarios de la Comunidad Valenciana, ya que de su puesto está en excedencia.

De todos los examinados, quien más quebranto económico ha sufrido es el socialista Francisco González Cabaña, diputado por Cádiz, que ha dejado su puesto en el Consejo de Administración de Unicaja, toda vez que la nueva ley de Cajas, de 2011, prohíbe a los cargos electos formar parte de las mismas.

Todos han obtenido el visto bueno de la Cámara a sus nuevas actividades aunque todo queda a su sentido del deber y de la lealtad institucional de los parlamentarios en el cumplimiento de sus obligaciones. El Congreso no tiene capacidad fiscalizadora ni de control para saber si lo que dicen es cierto. Quizá por esto la votación no fue unánime: 242 votos favorables a que puedan realizar la actividad extra; 3 noes y 61 abstenciones.