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Roca: Un entramado de 71 empresas y rodeado de medidas de seguridad

El patrimonio del exasesor de Urbanismo pasó de 37 millones a 101 en diez años

Juan Antonio Roca, durante la última sesión del juicio del caso Malaya. EFE

Los 11 años de prisión y 240 millones de multa, la pena impuesta al exasesor de Urbanismo en Marbella, Juan Antonio Roca, están muy por debajo de los 30 años de cárcel y 810,78 millones de multa que pedía la fiscalía. Ha sido condenado por los delitos de cohecho y blanqueo, prevaricación y fraude. El tribunal ha considerado como atenuante la confesión, después de que Roca reconociera la titularidad de un entramado societario definido a lo largo de la sentencia.

El fallo aborda el patrimonio detectado a Roca, propiedades que "aparecen, en su mayor parte, a nombre de diferentes personas jurídicas, con objeto de ocultar su verdadera titularidad, de modo que no se pudieran vincular a su persona, hasta el punto que dicho procesado no figura como socio, ni administrador de tales entidades, representante, apoderado, fiduciario o mero mandatario verbal". El tribunal ha hecho además un recuento y sostiene que el exasesor contaba en 1996 con bienes por valor de 37,4 millones de euros, mientras que diez años después se convirtieron en 101,7 millones.

El diseñador del sistema de corrupción era el propietario último de más de 70 sociedades aunque su nombre “permanecía oculto a terceras personas y organismos públicos”. “Con la finalidad de encubrir, de ocultar su figura en todo tipo de operaciones mercantiles el Sr. Roca además del entramado societario, se una verdadera organización de profesionales que, actuando como fiduciarios o testaferros, van a conseguir que la figura de Sr. Roca permanezca en la sombra, prácticamente hasta que él mismo decidió revelar la propiedad real de sus sociedades y la actuación subordinada de quienes aparecían formalmente como titulares de las mismas”, señala la sentencia sobre la operativa y la confesión del ahora condenado.

La sentencia destaca tanto el interés absoluto de Roca por permanecer en el anonimato, incluso para los trabajadores de algunas de sus sociedades, como de las pruebas “se ve con claridad meridiana el sistema de caja única que llevaba el Sr. Roca respecto de todas las sociedades, ingresando o haciendo reintegros de unas y de otras según le fuese necesario en un momento determinado”. En esa caja única, se reflejaban “fielmente tanto las cantidades que a título de aportaciones realizaban en dinero en efectivo los empresarios constructores o promotores vinculados con el mundo del urbanismo en Marbella, cuanto las salidas de metálico que se entregaban a los perceptores de tales cantidades que eran, además del propio Sr. Roca políticos o funcionarios relacionados con el Ayuntamiento de Marbella, y que eran pagados con el dinero entregado por los empresarios e ingresado en esa especie de Caja única creada en los referidos archivos informáticos”.

Juan Antonio Roca, que tiene otros 31 procesos penales abiertos, tal como indica el fallo judicial del caso Malaya, desplegó también un destacado interés por la seguridad, tal como ha sido reflejado en la sentencia. Con un militar de profesión como encargado, Roca desplegó un operativo que consistía en la instalación de videocámaras de vigilancia en distintos inmuebles, dispositivos de grabación, aparatos para hacer barrido de micrófonos, micrócamaras, detectores de paquetes-bombas y “hasta ocho teléfonos encriptados, que impedían que las conversaciones que se realizaran entre los mismos pudiesen ser detectadas e intervenidas por terceras personas e incluso por la Policía con la debida autorización”.

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