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Los modelos en Cataluña, Galicia, País Vasco y Comunidad Valenciana

Que los funcionarios conozcan la lengua cooficial es requisito en Cataluña, en Galicia basta con un cursillo, en Euskadi dan tiempo para aprender y en la Comunidad Valenciana se valora

Mientras que en Baleares ya no se exige catalán a los funcionarios, según ha avalado el Tribunal Constitucional, este es lo que sucede en otras comunidades con lenguas cooficiales:

CATALUÑA

Requisito, no mérito

La ley de la función pública de Cataluña vigente desde hace casi 30 años establece como requisito y no como mérito la exigencia del nivel C del catalán para el personal de la Generalitat, entes locales, comarcales o diputaciones.

El Estatuto también reconoce a los ciudadanos el “derecho a utilizar la lengua oficial que elijan” en sus relaciones con la Administración. El precepto, avalado por el Constitucional, precisa que ese derecho lingüístico “obliga” a las Administraciones y entidades privadas que ejercen funciones públicas. La polémica lingüística en Cataluña se ha centrado en la exigencia de un grupo de padres a que sus hijos fuesen escoralizados en castellano. La petición ha sido respaldada por varias sentencias del Supremo —que obligan a que el español sea también vehicular— y que se fundamentan en el fallo del Constitucional sobre el Estatuto. La Generalitat los ha incumplido exhibiendo otras sentencias en sentido contrario del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es quien debe ejecutar los fallos.

GALICIA

Con un cursillo puede bastar

Para acceder a una plaza en la función pública de Galicia, tanto en la Administración autonómica como en la municipal, es necesario pasar una prueba de gallego. Pero ese examen puede evitarse si el aspirante acredita que conoce la lengua, para lo que se necesita el diploma que expide la propia Xunta por la asistencia a un cursillo que suele durar unos tres meses. La posibilidad de esta convalidación fue introducida en la Ley de la Función Pública por el actual Gobierno gallego, del PP.

La Ley de Normalización Lingüística fue aprobada en 1983 por un amplio consenso de las fuerzas políticas y con un Ejecutivo autónomo de la desaparecida Alianza Popular. El Gobierno central recurrió la ley porque incluía el deber de conocer el gallego, disposición que fue anulada posteriormente por el Tribunal Constitucional. El Estatuto de Autonomía establece que el gallego es la “lengua propia de Galicia”. Gallego y castellano son los idiomas oficiales y “todos tienen el derecho de conocerlos y usarlos”, según el artículo 5 del Estatuto.

EUSKADI

Con tiempo para aprender

En Euskadi, donde el euskera y el castellano son lenguas oficiales según el artículo 6 de su Estatuto de Autonomía, conocer el primer idioma es mérito o requisito en función de las plazas. En la Administración hay puestos de trabajo en los que es obligatorio conocer ambas lenguas y otros en los que no. Cada plaza tiene un perfil lingüístico adscrito con una fecha de preceptividad. A partir de ese momento, quien la ocupe debe alcanzar obligatoriamente el nivel requerido, sea un trabajador que tiene la plaza desde hace tiempo o sea un funcionario que llega al puesto. En los puestos en los que el euskera no es preceptivo, las ofertas públicas de empleo consideran su conocimiento como mérito y no como requisito.

La razón es que la ley de Normalización del uso del Euskera de 1982 plantea que el derecho a “relacionarse en euskera y castellano con la administración” se debe “garantizar de forma progresiva”, aportando los medios y el tiempo suficientes para aprender euskera.

COMUNIDAD VALENCIANA

Se valora pero no se exige

La ley de Función Pública valenciana, aprobada en julio de 2010 con los votos de populares y socialistas, no obliga a tener conocimientos de valenciano/catalán para acceder a un puesto en la Administración autonómica. El conocimiento de la lengua cooficial de la Comunidad Valenciana se evalúa como un mérito en las pruebas para acceder a un puesto en la función pública.

En la actualidad, únicamente se exige el valenciano a quienes aspiran a una plaza de docente en el sistema público educativo no universitario. En la sanidad pública y en la Administración general de la Generalitat los funcionarios no tienen obligación de conocer el valenciano. Los socialistas se mostraron, en su día, partidarios de introducir el requisito lingüístico en la Función Pública, tal y como reclaman entidades cívicas como Escola Valenciana y sindicatos y partidos de izquierda. Los partidarios de incluir el valenciano como requisito argumentan que los ciudadanos tienen derecho a ser atendidos por la Administración en su lengua materna.

Con información de Pere Ríos, A. Elorza y J. M. Játiva.

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