Fabra cuestiona la imparcialidad de los inspectores que le acusan de fraude

La defensa del expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, marcó este miércoles el inicio de su estrategia judicial. Hasta ahora, había negado los hechos y había despotricado contra la actuación de la Fiscalía Anticorrupción, de la acusación popular e incluso de los jueces. Él siempre se ha considerado víctima de una campaña de persecución política que, sin embargo, le ha llevado al banquillo de los acusados por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. En la primera sesión del juicio, el ataque se centró en los inspectores de Hacienda que destaparon los delitos fiscales de los que está acusado por defraudar, entre 1999 y 2003, cerca de 700.000 euros al no declarar unos ingresos de casi dos millones de euros. Son los delitos por los que las acusaciones piden ocho de los 13 años de cárcel que reclaman para el dirigente del PP.

Las acusaciones de tráfico de influencias son difíciles de acreditar, aunque en el caso Fabra hay decenas de documentos que certifican el interés y las gestiones que hizo ante los Ministerios de Sanidad y Agricultura para lograr las autorizaciones para comercializar unos productos concretos: los que fabricaba Vicente Vilar, entonces amigo del dirigente del PP castellonense. Igual ocurre con el cohecho, pese a que en el proceso también ha habido constancia de pagos del empresario a una de las sociedades de Fabra que, según Anticorrupción, utilizó, además, para ocultar otros cobros.

Así, el objetivo se centró en la acusación del fraude fiscal, la más contundente tras la investigación que, durante cinco años y con dificultades para obtener información, dos inspectores de Hacienda hicieron de sus cuentas y patrimonio. En su informe concluyeron, en un principio, que Fabra y su esposa, Amparo Fernández, habían ingresado 3,7 millones de euros cuya procedencia no pudieron justificar. El dirigente del PP presentó más documentación pero solo pudo aclarar el origen de un 9% de esa cifra, 332.565 euros, con lo que los peritos rebajaron los ingresos injustificados a 3,3 millones.

Javier Boix, abogado de Fabra, señaló como cuestiones previas a la declaración de los imputados, que los inspectores de la Agencia Tributaria no son imparciales y, por lo tanto, no pueden ser considerados como peritos. “Su imparcialidad está contaminada”, dijo. Y argumentó su petición en el hecho de que son funcionarios que forman parte de la misma Administración que se presenta como perjudicada en la causa, la Agencia Tributaria, por el dinero defraudado. “Esta sujeción comporta que necesariamente los criterios que se establezcan están en la línea de actuación del ministerio fiscal con evidente interés de que la causa prospere”, manifestó el letrado. “No pueden ser denunciantes y peritos”, añadió. El fiscal Anticorrupción le contestó recordando que los inspectores son designados por el juez y respondió a la sentencia del Supremo esgrimida por la defensa como doctrina con la existencia de otros fallos que afirman que los inspectores de Hacienda sirven a los intereses generales y por ello han de considerarse legalmente investidos de imparcialidad.

El tribunal, constituido por los tres magistrados que intentaron excluir el delito de cohecho de la causa, no se pronunció sobre la consideración que deben tener los inspectores de Hacienda, algo que resolverá en la sentencia, según indicaron. Sí respondieron a la petición del dirigente popular de excluir del caso a la acusación popular, que representa a la Unión de Consumidores. El tribunal se negó.

Fabra llegó al juzgado aparentemente impasible. Así siguió durante prácticamente toda la lectura de los escritos de acusación, tanto de la Fiscalía Anticorrupción como de la Abogacía del Estado. Apenas le cambio el gesto para dibujar una sonrisa, cuando el abogado de la acusación leyó: “A la vez que el señor Fabra hablaba con el presidente Aznar tratando que su esposa, Ana Botella, se interesara también”. La alusión hizo referencia a la relación que el expresidente del PP de Castellón fraguó con la familia Aznar-Botella durante sus vacaciones estivales en Castellón.

“Carlos Fabra era un mago en la consecución de ilícitos fines” dijo también la acusación popular que le señala como diseñador de “lo que podríamos llamar una empresa criminal” a través de “un sistema para participar en mejores condiciones” de los beneficios que generaban sus gestiones y que este fuera “lo más opaco posible”.