UPyD pide a Torres-Dulce que investigue a los ediles colocados por Bildu

La portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha enviado una carta al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, para exigir la apertura de "las oportunas diligencias de investigación sobre todos y cada uno de los nuevos ediles nombrados por la coalición Bildu, que no integraban en su día las listas electorales presentadas a las elecciones y que se han sustituido mediante un fraude" de la Ley Orgánica del Régimen Electoral.

Esta solicitud se produce después de que se conociera, el pasado fin de semana, que la coalición abertzale consiguió colocar en 19 Ayuntamientos del País Vasco y de Navarra a 24 concejales que no figuraban en sus listas en las elecciones municipales y autonómicas celebradas en mayo de 2011. Bildu ha aprovechado para ello un resquicio legal para nombrar a concejales de su confianza, fortalecer su presencia en siete Ayuntamientos de Navarra y 12 del País Vasco y reforzar el control sobre los ediles. Bildu ha empleado el precepto aprobado en 2003 para ayudar que el PSE-EE y el PP pudieran reponer a los ediles que dejaban la actividad política porque no podían soportar las amenazas de ETA.

En opinión de Díez, "la coalición Bildu está recurriendo a los cuadros y dirigentes de las organizaciones ilegalizadas por su vinculación a ETA para formar su administración municipal, dejando una vez más en evidencia el papel meramente instrumental de los independientes que encabezaban sus listas electorales y la intención subrepticia de, una vez entrado en las instituciones, colocar en puestos claves de las mismas a sujetos invalidados como candidatos por su historial de colaboración o integración en ETA o en las formaciones previamente ilegalizadas". "Esta maniobra", agrega, "constituye un claro fraude de ley, y posibilitaría por sí misma el inicio de un nuevo proceso de ilegalización".

La portavoz de UPyD vuelve a pedir, además, a la fiscalía que tras la investigación "inicie el procedimiento para ilegalizar a la coalición Bildu, a la vista de que los hechos sobrevenidos posteriores a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 5 de mayo de 2011, aportan nuevas pruebas sobre la instrumentalización del citado proyectos políticos por el entramado de ETA/Batasuna y su puesta al servicio de los partidos políticos previamente disueltos por su vinculación con la citada organización terrorista ETA".