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El fiscal protege a Rajoy del “interés social” y rechaza citarlo por Bárcenas

Anticorrupción considera que su testimonio es una “diligencia de conveniencia”

Eduardo Torres-Dulce, fiscal general del Estado.

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declare como testigo en el caso Bárcenas sobre la supuesta financiación irregular del Partido Popular. El representante del ministerio público en la causa, Antonio Romeral, presentó el pasado martes un escrito en la Audiencia Nacional en el que rechaza el interrogatorio de Rajoy al considerarlo una “diligencia de conveniencia” orientada “más a un interés extraprocesal que (...) a la averiguación del delito y sus partícipes”.

En su escrito, el fiscal pide al instructor de la causa, Pablo Ruz, que actúe con “cautela” y evite “aquellas diligencias que aun cuando pueden despertar interés político y social, lo hacen sobre la base de unos hechos y expectativas de difícil acomodo en el proceso penal”. Romeral se opone también a la declaración de los antiguos líderes conservadores Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja en la causa sobre la contabilidad b que supuestamente llevaba el extesorero del partido Luis Bárcenas.

En su escrito, de tres páginas, Romeral rechaza las diligencias solicitadas por la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade), una de las acusaciones populares del caso Bárcenas. Esta agrupación pretendía que Rajoy declarara sobre los apuntes de la contabilidad secreta de Bárcenas, que le imputan la recepción 12.600 euros de dinero negro en enero y junio de 2008. Además, pretendían preguntar al presidente del Gobierno sobre dos supuestas entregas de 20.000 y 25.000 euros que Bárcenas afirmó haber dado a Rajoy y a la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, en verano de 2009 y marzo de 2010.

En su escrito del pasado 17 de julio, Adade justificaba su petición de que Rajoy declarara en un argumento resbaladizo: como el presidente había “hecho caso omiso al clamor ciudadano” de que ofreciera explicaciones sobre el caso Bárcenas en el Parlamento, resultaba “obligado” a que las diera ante el poder judicial.

El fiscal empieza vapuleando este razonamiento de la acusación popular. “Al poder judicial no le corresponde la función que pretende la parte ni debe suplir a ningún otro poder del Estado (...) La acusación incurre en un palmario y grave error en el entendimiento del principio de intervención mínima del derecho penal”, escribe Romeral.

El fiscal apunta varios motivos de fondo para oponerse a la testifical de Rajoy. El primero es que el interrogatorio a Dolores de Cospedal, el pasado 14 de agosto, en el que esta negó tanto los apuntes de la contabilidad b como las supuestas entregas de dinero en 2009 y 2010, sirve como “declaración de contraste” de las acusaciones de Bárcenas sobre Rajoy.

También pone de manifiesto Romeral algunas “divergencias” entre las anotaciones de la contabilidad manuscrita de Bárcenas, publicada por EL PAÍS el pasado 31 de enero, y la documentación y el lápiz de memoria (pen drive) aportado por el extesorero en su última declaración ante el juez Ruz, el pasado 15 de julio.

El representante del ministerio público considera que en la investigación de los papeles de Bárcenas no se han acreditado hasta el momento hechos de “trascendencia jurídico penal”. Romeral opina que para demostrar o no la existencia de delitos fiscales por parte del PP en los ejercicios de 2007 y 2008 —los anteriores han prescrito— está pendiente de emitirse un informe pericial de la Agencia Tributaria, otro de la policía y un análisis caligráfico de los originales de los papeles de Bárcenas. También falta por conocerse un informe de los técnicos de la Intervención General de la Administración del Estado, que deberá determinar si hay conexión entre los ingresos apuntados por el extesorero procedentes de grandes empresarios de la construcción y la adjudicación de obras por distintas Administraciones.

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