Margallo somete a la UE las disputas medioambientales con Gibraltar

El ministro advierte que los inspectores europeos “investigan todo o no vienen”

España acatará lo que decidida la Comisión Europea, y en su caso el Tribunal de Justicia de la UE, en los dos contenciosos medioambientales que tiene abiertos con Gibraltar: el lanzamiento de 70 bloques de hormigón en aguas de la bahía de Algeciras y la construcción de dos espigones en la cara este del Peñón. Así lo aseguró este martes en el Congreso el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, quien hasta ahora había exigido la retirada de unos bloques que, según sus propias palabras, hicieron que “la chispa se convirtiera en un incendio importante”.

Eso sí, en respuesta al portavoz socialista, Juan Moscoso, quien le recordó que los inspectores de la Comisión Europea que próximamente visitarán la Verja no se ocuparán del fraude fiscal ni del blanqueo de dinero, como reclamó Rajoy, Margallo respondió: “O investigan todo, o no vienen”. Aunque acto seguido matizó que por todo se entiende el contrabando y los atentados contra el medioambiente, pero no el régimen fiscal, que España ya ha denunciado.

En una extensa comparecencia parlamentaria, en la que pasó revista a 300 años de contencioso, Margallo calificó Gibraltar de “prioridad nacional” y, aunque reconoció que “quizá no sea el momento de hablar de soberanía”, ofreció conversaciones discretas a la oposición para estudiar la posibilidad de llevar este asunto a los tribunales internacionales; en concreto, al Tribunal Internacional de La Haya, al Tribunal del Derecho del Mar de Hamburgo o a un tribunal arbitral creado ex profeso. Esta decisión solo se adoptaría, matizó, sobre la base de un amplio consenso, pues comprometería a futuros Gobiernos y, según advierten expertos jurídicos de su departamento, su desenlace resulta incierto.

De momento, Margallo acepta “de la cruz a la raya” la propuesta que le hizo en abril del año pasado el secretario del Foreign Office, William Hague, para crear grupos de trabajo ad hoc que aborden cuestiones concretas, como la pesca o el medioambiente. Se trata, explicó el ministro, de grupos de composición flexible y variable, en función de cuál sea la Administración competente en cada caso, y nunca de un foro tripartito como el que sentó en pie de igualdad a Madrid, Londres y Gibraltar con Miguel Ángel Moratinos. Aunque reconoció la “buena voluntad” de su antecesor, el ministro de Exteriores calificó de “error infinito” esta concesión, pues “no sirvió ni para seducir a la población de Gibraltar ni para ganar terreno en los foros internacionales ni para mejorar la situación de los españoles”.

El Gobierno no pierde la esperanza de que este nuevo foro de diálogo pueda ponerse en marcha en breve y, por eso, Margallo pasó este martes de puntillas sobre otra opción que baraja su departamento: denunciar ante la ONU el incumplimiento por parte del Reino Unido de las resoluciones que le instan a negociar con España la descolonización del Peñón. De momento, la diplomacia española trabaja en la hipótesis de presentar, como en años anteriores, una resolución pactada con Londres.

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En la misma línea de mano tendida, Margallo aseguró que el Gobierno aún no ha decidido si instaurará una tasa de 50 euros a los vehículos que entren y salgan del Peñón, y calificó de “gesto de buena voluntad” el anuncio del ministro principal de la Roca, Fabian Picardo, de que reformará la legislación gibraltareña para que los pescadores gaditanos puedan volver a faenar a partir del otoño. Fueron casi sus únicas palabras amables hacia el Gobierno gibraltareño, ya que no dejó de recordar que la riqueza de la colonia —cuya renta per cápita es ya la cuarta del mundo— ha crecido a costa de su entorno español y se basa en un modelo económico basado en “la desregulación, la opacidad y la baja tributación”.

Margallo abrumó con cifras sobre el contrabando de tabaco, que sumó 139 millones de cajetillas en 2012; el bunkering, con 60.000 descargas desde gasolineras flotantes al año; o el juego on line, que movió 113.000 millones de euros el año pasado. Aunque reconoció que muchos países no califican al Peñón de “paraíso fiscal”, como hace España, aseguró que se trata en todo caso de una economía offshore, cuyas 30.000 empresas solo tributan por una parte pequeña de sus beneficios.

La mayoría de los grupos de la oposición respaldaron el fondo de la posición de Margallo, pero no sus formas. El socialista Moscoso le pidió que recupere “el diálogo y la confianza” con el Reino Unido y haga “menos ruido”, al tiempo que se mostró molesto por sus críticas a la gestión de Moratinos; mientras que Jordi Xuclá, de CiU, le reclamó “más prudencia y menos sobreactuación”; y Aitor Esteban, de PNV, y José Luis Centella, de IU, hablaron de “serpiente de verano y cortina de humo”. Margallo se defendió afirmando que no podía mirar para otro lado ante actos unilaterales y que su política no está reñida con tener buenas relaciones con Londres. “La amistad solo será posible si apelamos al diálogo defendiendo con firmeza y claridad nuestros intereses. El Reino Unido lo hace y espero que España también lo haga”, concluyó.

Sobre la firma

Miguel González

Responsable de la información sobre diplomacia y política de defensa, Casa del Rey y Vox en EL PAÍS. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1982. Trabajó también en El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Experto en aprender.

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