El Gobierno: “Los bloques de Gibraltar perjudican al medio ambiente”

El hundimiento de 70 bloques de hormigón que las autoridades gibraltareñas hicieron en la bahía de Algeciras a finales del pasado mes de julio “no responde a motivos medioambientales y pesqueros”, afirma el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama). En una nota, el ministerio manifiesta que este vertido, desencadenante del último conflicto entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el de Fabian Picardo, incumple “numerosas leyes aplicables, al haberse realizado en aguas del Reino de España”, por lo que hace un mes presentó ante la Fiscalía de Medioambiente una denuncia, que está estudiando la Comisión Europea.

El Gobierno del Peñón sostuvo que los bloques, que buzos de la Guardia Civil midieron hace una semana, servían para crear un arrecife artificial que las especies pesqueras pudieran utilizar como zonas de desove, lo que el Magrama rechaza, “al no formar parte [el hormigón] del hábitat natural de esa zona”. Por el contrario, el ministerio que rige Miguel Arias Cañete asevera que los bloques están eliminando el substrato natural blando, compuesto por arenas y fangos, así que en aquella zona “se asentarán comunidades propias de los sustratos duros, que sustituirán a las naturales”.

Por ello, no se trata de un arrecife de producción, pero tampoco de protección, pues no cumple con las características propias de este tipo de barreras, al haberse puesto en un fondo arenoso de entre 4 y 6 metros de profundidad, ahora reducida a 1,5 metros, “donde el único recurso pesquero es un banco marisquero”. “Con los argumentos que utiliza Gibraltar, se podría hundir cualquier cosa en cualquier lugar del mar y considerarlo arrecife artificial”, zanja el ministerio.

Con las medidas tomadas por el Ejecutivo de Picardo “se obstaculiza completamente la navegación”, no solo la de los pescadores, sino también la “de embarcaciones de todo tipo” que solían circular por la zona afectada. Contrariamente a lo que sostiene Gibraltar, la docena de barcos de pescadores artesanales que acudían habitualmente a la zona donde el Gobierno del Peñón hundió los 70 bloques provistos de pinchos, perjudicándoles, practicaba “una pesca legal, con rastro y con redes fijas, no con artes de arrastre propiamente dichas”. “Los fondos mínimos son de 35 metros para el cerco y de 50 metros para el arrastre, profundidades muy superiores a las de la zona objeto de los vertidos, como admite Gibraltar”, ahonda el Magrama en su nota.

El ministerio denuncia que Gibraltar ha contravenido al Convenio de Naciones Unidas sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo (Convenio de Espoo), que entró en vigor en 1997. Asimismo, el Magrama advierte que el pasado 28 de agosto presentó otra denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente por los rellenos de piedra y hormigón para la construcción de espigones que las autoridades gibraltareñas están efectuando, ganando terrenos al mar, “por constituir un posible delito medioambiental”.