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El Gobierno podrá vetar los acuerdos internacionales de las autonomías

El Consejo de Ministros tendrá la última palabra, según la nueva Ley de Tratados

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Artur Mas, en un viaje oficial a Moscú en octubre de 2012.

El Gobierno tendrá la última palabra antes de que una comunidad autónoma pueda firmar un acuerdo internacional. Así lo dispone el anteproyecto de ley de Tratados —al que ha tenido acceso EL PAÍS—, que el Consejo de Ministros debatió el pasado 19 de julio y aún está pendiente de remisión a las Cortes.

El texto reconoce el derecho de las autonomías a celebrar, en el ámbito de sus competencias, acuerdos internacionales no normativos —conocidos por sus siglas en inglés como MOU (Memorandum of Understanding)— y acuerdos internacionales administrativos, en ejecución o concreción de tratados internacionales. Pero subraya que el Estado es el único sujeto de derecho internacional con capacidad jurídica para celebrar tratados con otros Estados u organizaciones internacionales.

La palabra España debe figurar en los convenios que firmen

Para asegurarse de que las comunidades autónomas no desbordan su ámbito de competencias, la Ley de Tratados establece un mecanismo de control previo. Todos los proyectos de acuerdos internacionales administrativos —los que generan obligaciones jurídicas o económicas— deberán ser remitidos antes de su firma a los ministerios de Asuntos Exteriores y de Administraciones Públicas y Hacienda. En el plazo de 10 días, el primero los someterá a la Asesoría Jurídica Internacional, para que dictamine si los proyectos deberían formalizarse como tratado internacional (y exceden, por tanto, las competencias de la comunidad autónoma) o se ciñen a lo previsto para los acuerdos administrativos (que desarrollan y concretan las previsiones de un tratado), mientras que el segundo informará sobre la existencia de dotación presupuestaria para atender los compromisos derivados de los mismos. En caso de discrepancia, tanto Exteriores como el presidente de la comunidad autónoma afectada podrán pedir un dictamen al Consejo de Estado, pero la última palabra la tendrá el Consejo de Ministros. “Si la discrepancia persistiese, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación propondrá su resolución al Consejo de Ministros”, zanja el texto. La misma mecánica se aplicará a los acuerdos internacionales no normativos —que solo incluyen compromisos políticos y no vinculan jurídica ni económicamente a quienes los suscriben—, aunque en este caso la remisión previa a Exteriores no es obligatoria, pero sí a Hacienda. Una vez firmados, todos los acuerdos internacionales se enviarán a Exteriores para su inscripción en un registro, mientras que los administrativos se publicarán también en el BOE.

Del Reino de España a solo España

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, es un convencido monárquico, pero, fiel al empeño por afianzar la Marca España, el anteproyecto señala que “la denominación oficial del Estado español en los tratados internacionales será España”. Es decir, dejará de llamarse Reino de España, aunque esta última denominación “se podrá emplear en los tratados internacionales que requieran una mayor solemnidad por razón de su contenido o trascendencia”. Además, en los acuerdos internacionales suscritos por las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias “se incluirá, en todo caso, la referencia a España junto con la mención del órgano, organismo o ente que los celebre”.

La nueva ley habilita al ministro de Exteriores para decidir, por razones de urgencia, “la suspensión de la aplicación de un tratado, recabando con carácter inmediato la aprobación del Gobierno”, que lo comunicará al Parlamento. Esta posibilidad no afecta a los tratados de mayor rango, que no pueden suspenderse ni aplicarse provisionalmente sin el visto bueno de las Cortes.

La regulación de un control previo de los acuerdos internacionales suscritos por las autonomías supone una novedad, ya que hasta ahora el Gobierno solo podía recurrir al Constitucional cuando considerase que se invadían sus competencias.

Entre 1990 y 2010, las autonomías suscribieron 277 acuerdos internacionales (en su mayoría MOU) sobre las más variadas materias (cultura, turismo, educación) con Estados, regiones u organismos internacionales. Andalucía, Cataluña y Galicia han sido las más prolíficas. A ello se suma la firma, entre 2008 y 2011, de 24 convenios de cooperación transfronteriza con regiones vecinas de Francia y Portugal que, como se quiere hacer ahora con todos, exigen autorización previa del Estado.

El proyecto de Ley de Tratados avanza en la línea trazada por la Ley de Acción Exterior y del Servicio Exterior —contestada por autonomías como Cataluña—, que establece la obligación de las comunidades autónomas de informar con carácter previo a Exteriores sobre “los viajes, visitas, intercambios y actuaciones con proyección exterior” de sus responsables, para que dicho ministerio pueda “emitir recomendaciones”. También les impone la obligación de comunicar la apertura de sus oficinas en el extranjero (las llamadas embajadas autonómicas), aunque sin posibilidad de veto.

No todo son, sin embargo, límites para la diplomacia autonómica. El anteproyecto de ley consagra la obligación del Gobierno de informar a las comunidades sobre la negociación de aquellos tratados que afecten a sus competencias o sean de su interés; mientras que estas podrán solicitar al Gobierno la apertura de negociaciones para celebrar tratados en ámbitos de su competencia. El Gobierno responderá motivadamente a esta petición, a propuesta de Exteriores y previo informe de Hacienda.

Las autonomías también podrán pedir al Gobierno formar parte de la delegación española que negocie un tratado internacional que afecte a sus competencias; y la respuesta, también en este caso, deberá ser motivada. La incorporación de representantes de las autonomías a la delegación española ya se ha puesto en práctica en el marco de la UE. Pero el tema se complica, pues la Comisión Europea asume la representación de los 28 socios en la negociación de tratados internacionales que afectan a las comunidades autónomas.

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