Adif dará al juez la lista de todos los implicados en la obra de Santiago

El juez Luis Aláez, que investiga el accidente ferroviario del pasado 24 de julio en Santiago, va a tener próximamente sobre la mesa una lista “prolija” con los nombres de todos los responsables políticos o técnicos que, en los últimos 14 años, han tenido algo que ver con la seguridad en el diseño, construcción y puesta en servicio de ese tramo de vía. La lista se la va a enviar Adif, la empresa pública —dependiente del Ministerio de Fomento— encargada de la infraestructura ferroviaria en España, para que, entre todos esos nombres, el juez instructor decida a quién imputa.

Luis Aláez emitió el pasado martes un auto en el que ordenaba la personación “en calidad de imputado” de “la persona/s de Adif responsable/s de la seguridad en la circulación del tramo de la línea ferroviaria que une las estaciones de Orense y Santiago de Compostela a fecha de 24 de julio de 2013”. Y apuntaba a un posible delito de “imprudencia” —sin atribuírselo aún a nadie— por la “omisión de cautelas elementales” en los sistemas de seguridad de la vía. En ese tramo, en la cerradísima curva de A Grandeira, se produjo el 24 de julio el peor accidente ferroviario de las últimas cuatro décadas: murieron 79 personas y más de 140 resultaron heridas; 16 de ellas siguen hospitalizadas.

Aunque el juez imputaba a quienes ejercieran como responsables de seguridad “a fecha 24 de julio de 2013”, es decir, a los actuales, Adif ha decidido elaborar una lista con los nombres de estos y de los anteriores, porque entiende que en el diseño y explotación de ese tramo ferroviario han colaborado muchas personas a lo largo de muchos años. “Estamos elaborando una relación prolija, exhaustiva, y esa es la que enviaremos al juez para que él decida a qué responsables llama como imputados, en función de las competencias que tengan o hayan tenido”, explicó ayer un portavoz de la empresa pública. Y subrayó: “Eso no significa en absoluto que no sepamos quién es el responsable de seguridad de la línea; claro que lo sabemos, pero no tenemos claro a quién quiere escuchar el juez”. Algunos cargos se han mantenido con distintos Gobiernos.

En esa relación prolija estarán, según precisó el portavoz, quienes hayan tenido facultades en seguridad, de cualquier tipo, en las fases de “diseño, construcción, explotación y puesta en servicio” de la línea Orense-Santiago. Podrían ser decenas de nombres, porque el estudio informativo para construir la línea comenzó en 1999 y el organigrama de Adif es muy extenso. El portavoz de la empresa pública no aclaró ni cuántas personas integrarán la lista ni cuándo la enviarán al juez: “Será lo antes posible”, dijo.

El tramo Orense-Santiago es muy particular porque fue inaugurado con la propaganda de “alta velocidad” pero discurre por vías convencionales, tiene una velocidad máxima convencional (máximo de 220 kilómetros por hora) y un sistema de seguridad convencional, menos exigente que el que rige en la alta velocidad. Teóricamente, las vías están adaptadas para convertirse algún día en alta velocidad, pero por el momento no lo son. El diseño de esa línea —que originalmente sí era de alta velocidad— se inició bajo Gobierno del PP, la construcción continuó con el Ejecutivo del PSOE y la inauguración se produjo en diciembre de 2011, con el Gobierno socialista en funciones.

El juez Aláez sostiene en el auto que la “causa esencial del descarrilamiento” fue el exceso de velocidad, pero apunta también a una “imprudencia punible” de quienes dejaron toda la responsabilidad de la seguridad en una persona: el conductor. Un hipotético error o despiste del maquinista era “predecible”, y a pesar de ello y de la peligrosidad del tramo —por la curva tan cerrada—, no existía un “sistema de seguridad de frenado automático” ni una señalización “adecuada”, señala el auto. Por eso concluye que “ha existido una omisión de cautelas elementales por quienes tienen la misión de garantizar la seguridad de la circulación ferroviaria”.