España considera “irrenunciables” los controles en la verja del Peñón

Ni Madrid ni Londres dan su brazo a torcer, al menos en el terreno de los principios. Mientras Downing Street amenazaba ayer con llevar al Gobierno español a los tribunales de la UE, por los controles “políticamente motivados y desproporcionados” en la verja de Gibraltar, un portavoz del Ministerio español de Exteriores insistía en que estos registros son “irrenunciables”. Para España, agregó dicho portavoz, constituyen “una obligación”, pues Gibraltar está fuera del tratado de Schengen y es preciso realizar controles aduaneros y combatir el creciente contrabando de tabaco.

La clave, para España, está en la legalidad de esos controles, que son “proporcionados, aleatorios” y, sobre todo, “no discriminatorios”: se aplican tanto a gibraltareños como a españoles. Aunque en la practica se incrementan los fines de semana, cuando los llanitos acuden a sus residencias en la Costa del Sol.

Más allá de los registros, que tanto irritan a Londres, está la cuestión de fondo. El Ministerio de Asuntos Exteriores recordó ayer que, pese a lo asegurado por el Foreign Office, la ONU no reconoce el derecho de autodeterminación de los gibraltareños. Al contrario, las resoluciones aprobadas a finales de la década de los sesenta por la Asamblea General de Naciones Unidas coinciden en primar la integridad territorial sobre la opinión de los habitantes de la colonia (aunque sus intereses deban ser tenidos en cuenta) y en instar a Reino Unido y España a negociar la descolonización.

El problema es que esas resoluciones han sido inclumplidas por Londres, que desde hace más de una década se niega a negociar la soberanía del Peñón. Para forzar al Reino Unido a hacerlo, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo ha pedido a expertos de su departamento que estudien la viabilidad de una serie de opciones: desde presentar un proyecto de resolución ante el Consejo de Seguridad de la ONU —aprovechando que Argentina dispone de un asiento rotatorio—, hasta volver a la Asamblea General o llevar el pleito al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.

Ante los recelos del PSOE, que prefiere explorar una solución al contencioso en el marco de la UE y ha pedido la comparecencia de Margallo en el Congreso, un portavoz de Exteriores se felicitó ayer de que el primer partido de la oposición esté dispuesto a trabajar con el Gobierno y aseguró que no se tomará ninguna decisión “sin consultarle”.