Galván trató de levantar el embargo sobre dos pisos destinado a pagar a las víctimas

Diez niñas y un niño, de entre 3 y 15 años, fueron las víctimas reconocidas del pederasta Daniel Galván Viña entre 2005 y 2011, hasta que fue denunciado y juzgado, en septiembre de ese último año, por el tribunal de Kenitra, al norte de Rabat. Le cayeron 30 años de prisión, la mayor pena jamás impuesta en Marruecos a un pederasta.

Hamid Krayri, el abogado de la mitad de las víctimas, sospecha que otras criaturas padecieron también los abusos de Galván, pero que sus familias no llegaron a denunciar. “Son gentes humildes, desconocedoras de sus derechos que ven la justicia como un problema y no como una solución”, ha comentado al teléfono.

En su sentencia, el tribunal de apelación señaló que Galván se había aprovechado de la miseria que rodeaba a esos niños. Él mismo acabó reconociendo ante el tribunal, después de haber negado los hechos que se le imputaban, que en Marruecos practicar sexo con niños era barato comparado con otros países. Su confesión, en árabe, escandalizó al público que estaba en la sala.

Además de la condena el tribunal le impuso una indemnización de unos 4.800 euros a abonar a seis de sus víctimas, aquellas con las que más se había ensañado. Para que les pagara el tribunal le embargó sus dos pisos en Kenitra, que están aún en venta. Cuando, el martes 30, salió de la cárcel, lo primero que hizo Galván es acudir al tribunal para que levantara el embargo, pero un secretario le contestó que el indulto real no le eximía de indemnizar a los padres de los menores de los que abusó.