El PSOE propone una Agencia Estatal de supervisión de toda la red ferroviaria
Los socialistas estiman que Renfe y Adif "son juez y parte" y se requiere un órgano autónomo
![Anabel Díez](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F6a03a8da-a77f-4658-abe7-524da5d9d3a4.png?auth=3852c5380b3aef50545c6c0ffd184b9a56111a1fc7d417bb484bd779ae62222b&width=100&height=100&smart=true)
Sí existe en el transporte aéreo pero no en el de ferrocarril. La ausencia de un órgano estatal de control e inspección del sistema ferroviario entraña que Renfe y Adif “sean juez y parte”. Esta es la razón por la que el Grupo Socialista propondrá al resto del Congreso la creación de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), así como la elaboración de un Programa Estatal de Seguridad Ferroviaria (PESF) aprobado por ley.
El accidente ferroviario de Santiago del pasado 24 de julio ha provocado un movimiento incesante de propuestas del Gobierno y de la oposición que indican, al menos, el reconocimiento de que hay mejoras que introducir en la seguridad de los ferrocarriles españoles. El PSOE prepara una batería de propuestas, supervisadas por técnicos en la materia y coordinadas por Rafael Simancas, portavoz de Fomento del Grupo Socialista, y miembro de la dirección federal del PSOE.
“La futura incorporación de operadores privados en el servicio de transportes de viajeros, aconseja la creación de una Agencia responsable de la definición y la vigilancia de su seguridad con suficientes garantías de especialización y autonomía”, señala el diputado Simancas. Esta sería la AESF, que conviviría con la ya existente CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios), que ha empezado su trabajo sobre la catástrofe de Santiago.
Esta agencia tendría las funciones de ordenación, supervisión e inspección de la seguridad del transporte ferroviario, así como de la detección, el análisis y la evaluación de los riesgos de seguridad ferroviaria. “El formato de agencia proporciona la garantía de autonomía y flexibilidad de funcionamiento”, según recoge el documento que detalla las características técnicas y jurídicas de esta agencia, a cuyos cargos nombraría el Gobierno.
A la misma le correspondería conceder las autorizaciones de licencias, certificaciones y otros títulos habilitantes para la realización de actividades ferroviarias, tanto en operaciones de servicio, como en el diseño, fabricación y uso de material ferroviario, así como en el ejercicio de profesiones ferroviarias. También el ejercicio de la potestad inspectora y sancionadora en materia de seguridad ferroviaria, mantenimiento, empresas, formación de personal, y protección del usuario del transporte ferroviario.
Junto a la Agencia se establecería el programa estatal de seguridad, PESF, elaborado por el Gobierno, pero que el Congreso debería aprobar. Este plan tendría como objetivo diseñar la política de seguridad ferroviaria, la evaluación y gestión de riesgos y la promoción de la seguridad.
Si quiere el Gobierno, podría aprobar la creación de esta Agencia Estatal de manera inmediata y que el programa se elabore en el último trimestre del año para su entrada en vigor en enero de 2014. Se lo pedirá Rafael Simancas a la ministra de Fomento, Ana Pastor, en su comparencia en el Congreso del próximo viernes.
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