El PP se apoya en CiU y PNV para lograr un avance en la Ley de Transparencia

Cuando la Ley de Transparencia llegó al Congreso hace algo más de un año no estaban dentro de su ámbito de aplicación ni los partidos, ni los sindicatos, ni las patronales, ni la Casa del Rey. Tampoco había un Consejo de Transparencia “independiente” y sí un control exhaustivo del Ministerio de Hacienda sobre las acciones de las comunidades autónomas y locales que han desparecido. Estas son algunas de las razones que el PP ha dado en la Comisión Constitucional para pedir el voto a favor de la Ley de Transparencias, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno pero solo lo ha conseguido de CiU y del PNV. El PSOE, Izquierda Plural, UPyD y el Grupo Mixto han votado en contra de esta norma que será votada en el pleno del Congreso el próximo mes de septiembre y culminará su tramitación el próximo mes de diciembre.

Un halo de pesadumbre ha rodeado la intervención de uno de los ponentes del Grupo Popular Pedro Gómez de la Serna por el voto en contra del PSOE toda vez que “la ley es suya” por la intensidad con la que ha trabajo el ponente socialista José Enrique Serrano con los populares s José Antonio Bermúdez de Castro, Esteban González Pons y, especial mención, al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón. Todos los portavoces han reconocido el esfuerzo del PP y de este cargo del Gobierno en el intento de llegar a acuerdos. Esta ley tiene el empuje de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que se ha empeñado especialmente en su diseño y que mañana será utilizada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como prueba del afán regenerador de su gobierno.

Sí es cierto que todos los grupos ponen el cierre a este primer trámite de la ley con la exposición de luces y sombras. Tanto los que han votado a favor como los que lo han hecho en contra del dictamen aprobado en la Comisión Constitucional reconocen que es mejor que el enviado por el Gobierno. Lo ha constatado José Enrique Serrano del PSOE; Jordi Jané de CiU; Emilio Olabarría del PNV; Josep Joan Nuet de Izquierda Plural; Carlos Martínez Gorriarán de UPyD; Alfred Bosch de ERC y Rafael Larreina del Grupo Mixto ( Amaiur ). Pero las lagunas siguen siendo importantes de manera que han votado negativamente a excepción de los dos grupos mayoritarios.

No ha habido belicosidad dialéctica por parte de ninguno y tampoco del PSOE, que hoy será una jornada amarga, como ha reconocido José Enrique Serrano, porque será la primera vez que este partido “se queda fuera de un proyecto estructural del sistema democrático”. No pueden votar a favor porque no se cumplen dos requisitos: “Abrir el contenido de la ley y acompañarla con un espíritu de apertura que no tiene el Gobierno”. Esto último tiene relación con el abandono de los trabajos por parte del PSOE y otros grupos de la izquierda ante la negativa inicial del presidente del Gobierno a comparecer por el caso Bárcenas. Este comportamiento no es compatible con la transparencia, han dicho los socialistas. Y aunque Rajoy va a comparecer para el PSOE el comportamiento general del Gobierno se aleja mucho de la transparencia. “No hay estética sin ética; y hemos dicho que hay que adecuar hechos con palabras, afirmaciones y acciones y la ley que hubiera sido posible con ustedes se ha quedado sin contenido”. Pero el PP insiste en rebatir el rechazo del PSOE porque, a su juicio, el grado de coincidencia en los contenidos es muy alto. “Ustedes no debían de dejar de ser un partido de gobierno, y lo lamento. Esta ley es casi suya. ¿ Los españoles les quieren fuera de esta ley”?, se ha preguntado el popular Gómez de la Serna, para concluir, dirigiéndose al PSOE: “Votar en contra de una ley que es tan suya como nuestra, es una contradicción, nunca había visto a alguien votar en contra de sí mismo”

Sí es cierto que las objeciones del PSOE no tienen nada que ver con las que mueven a los grupos a votar que no, dado que en aspectos sustanciales se han entendido perfectamente con el PP. Las críticas del PSOE se centran en la opacidad en las campañas publicitarias de las administraciones, así como que no se hagan públicos los contratos con los de los cargos de la Administración, así como la opacidad en la alteración de los proyectos urbanísticos, “base relevante de la corrupción”, ha señalado Serrano.

También se oponen los socialistas a que el presidente del Consejo de Transparencia se elija por mayoría absoluta cuando en sus enmiendas piden que lo sea por tres quintos de manera que fuera necesario buscar el acuerdo. El dictamen termina con noventa enmiendas aceptadas al PSOE, CiU y PNV, sobre todo con estos dos últimos en asuntos competenciales. Se ha eliminado la potestad del Ministerio de Hacienda sobre las administraciones autonómicas y locales para sancionar e incluso para destituir a cargos electos. Estos cambios descentralizadores de suerte que cada administración sanciona a sus cargos le lleva al diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán a lamentar que “se llegue a la creación de 17 leyes de transparencia”. Los cambios se han producido más aspectos competenciales, a favor de las autonomías, y menos en los aspectos medulares de la ley como debe ser el acceso de los ciudadanos a la información, ha lamentado Gorriarán.

No ha habido forma de que el PP acceda a cambiar el silencio administrativo negativo como le han pedido todos los grupos, a excepción del PSOE. No sólo se produce el silencio negativo, es decir, que si la Administración no responde a una petición de un ciudadano se da por rechazado, sino que también si apela al Consejo de Transparencia y no responde, igualmente debe considerarse denegada la solicitud de información. Por tanto, hay un doble silencio negativo. Lo ha denunciado Martínez Gorriarán, Olabarría y el resto de los portavoces. “El silencio tiene que ser positivo y solo negativo para preservar datos especialmente sensibles para la privacidad de las personas; por ejemplo un listado de enfermos con su dolencia, o datos en los que figure el DNI”, ha ilustrado Jordi Jané.

Un exceso de límites a la petición de informaciones hace la ley muy restrictiva, ha sido otro de los argumentos del bloque que rechaza la ley. No se darán informaciones solicitadas por los ciudadanos que supongan un perjuicio a asuntos tan genéricos como “intereses económicos y comerciales; la política económica y monetaria; el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial y la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión”. Estas restricciones entran de lleno en las actividades de los partidos, los sindicatos, las patronales y la Casa del Rey, pero también en cualquier información que se solicite a la Administración y se considere que se ponga en peligro la seguridad, la protección de datos o la intimidad. También aspectos que puedan afectar al Medio Ambiente. “¿ Cómo vamos a dar a un pirómano datos sobre un parque nacional”?, se ha preguntado el ponente popular Ramón Gómez de la Serna.

“El Austericidio”, como han señalado Nuet y Larreina, también Jordi Jané y Olabarría, es otro de los aspectos que critican de la ley. Se refieren a la inclusión en la Ley de Transparencia de sanciones para el incumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, llevados por “la obsesión con el ahorro”. ¿ “ También en la Ley de Transparencia se mete la austeridad”?, se han preguntado con tono de queja distintos portavoces. El presidente del Consejo de Transparencia será elegido por el Gobierno lo que también es rechazado por los grupos.

¿ Y los lobbys?. De la regulación de estos grupos de presión se han preocupado varios grupos pero UPyD con especial énfasis. Ahora no toca, pero habrá una ley específica de lobbys, se ha comprometido el popular Gómez de la Serna.

Un deseo final del PP, en expresión de Gómez de la Serna, hacia el ponente socialista, José Enrique Serrano para que en lo que queda de tramitación con el pleno del Congreso en septiembre, su paso por el Senado y vuelta al Congreso las cosas cambien: “Espero que usted triunfe en convencer a su grupo de que vuelva a la Ley de Transparencia”. Respuesta de Serrano: “El futuro, como se sabe, no está escrito”. Por error, los diputados socialistas se abstuvieron pero de inmediato el diputado y portavoz de la Comisión Constitucional, Ramón Jáuregui quiso que constara en acta que querían votar en contra.