El juez rastrea las obras del palacete de los duques de Palma

El juez José Castro ha abierto una nueva línea de investigación penal del caso Nóos. Este jueves ha encargado a la policía que rastree la transparencia de los gastos efectuados en la reforma inmobiliaria que realizaron la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin en su palacete de Pedralbes, en Barcelona, a través de su sociedad mercantil Aizóon. Castro pretende averiguar el origen de los fondos —tres millones de euros— y quién y cómo los manejó.

El duque de Palma carga con una imputación por tres supuestos delitos fiscales (dos por el impuesto de la renta y uno por el de sociedades), por supuesta defraudación de sus ingresos desde el Instituto Nóos y sus negocios directos. La mayor parte de los fondos fueron canalizados a través la compañía familiar Aizóon. A su vez, la Infanta —cuya imputación por el juez en estos episodios fue suspendida por la Audiencia de Palma— está sometida a una investigación penal por su posible relación como cooperadora en un delito de blanqueo de capitales en conexión con los negocios de su esposo, como copropietaria de Aizóon y del palacete.

Con las encomiendas a la policía y, antes, a la Agencia Tributaria, el juez Castro espera despejar sus dudas o acumular indicios sobre la actividad de la hija del Rey y cerrar el capítulo de su eventual imputación. El magistrado sigue en este extremo las indicaciones de la Audiencia de Palma. Espera avanzar el cierre de la instrucción de la causa en otoño de 2013.

El instructor del también llamado caso Urdangarin encomendó una investigación precisa sobre los pagos a proveedores que los duques de Palma manejaron desde Aizóon en las obras de “rehabilitación, reforma, suministros y mantenimiento” de su vivienda en Barcelona. La mansión les costó, en octubre de 2004, casi seis millones de euros, y en su reforma invirtieron cerca de tres millones, en los años siguientes.

En las obras de las tres plantas, en dos bloques, piscina y jardín, más de 1.100 metros cuadrados habitables en una parcela de 2100, Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin declararon, en 2005, que gastaron 1,27 millones de euros, y al año siguiente, 1,58 millones. Este periodo fue el de mayor actividad de Nóos con los Gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana. En años posteriores siguieron manifestando inversiones de decenas de miles de euros en su palacete. En la causa constan facturas y declaraciones de empresarios y del arquitecto director de la reforma global de la mansión de los años cincuenta.

El juez precisa a la policía que “los datos que debe esclarecer son la identificación de las personas que efectuaron los encargos, fecha de estos, contenido de los mismos, lugar donde se debían prestar, importe”. También reclama la identidad “de la persona que los satisfizo o forma de pago y, en la medida en que sea posible, se aporte toda la documentación que a ellos haga cualquier referencia”. Quiere determinar, especialmente, vínculos comerciales con empresas que no tienen relación con las actividades de la mercantil de Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón, y el protagonismo de ambos en la gestión de los fondos.