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Rajoy defiende el nombramiento de Pérez de los Cobos: “La renovación se hizo bien”

Resta importancia a las críticas al presidente del Constitucional por sus vínculos con el PP

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha salido esta tarde en defensa del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, tras la polémica generada a raíz de la publicación en EL PAÍS de su inclusión en el listado de donantes y afiliados del PP entre 2008 y 2011, cuyas aportaciones sirven para sufragar los gastos del partido. De los Cobos fue elegido magistrado del alto tribunal el 29 de diciembre de 2010. Varios miembros del Ejecutivo ya habían restado importancia en los últimos días a la militancia de Pérez de los Cobos y habían defendido que esta no lo inhabilita para ocupar el cargo.

"La renovación del Constitucional se ha hecho bien; se ha hecho en tiempo y en forma, ha habido acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial y en el Gobierno", ha afirmado Rajoy, quien ha destacado que el pleno del alto tribunal también le ha respaldado tras conocerse su vínculo con el PP.

El listado en el que aparece De los Cobos está en un documento que forma parte del sumario del caso Bárcenas, y en el mismo se señala tanto el nombre de la persona que contribuyó a la financiación del partido como el número de su Documento Nacional de Identidad y la cantidad aportada. En el caso del presidente del alto tribunal fueron 37,14 euros por año.

La propuesta del PP para que Francisco Pérez de los Cobos fuera magistrado por la cuota que designa el Senado se desveló el 29 de septiembre de 2010, con tres años de retraso por la ausencia de consenso entre PP y PSOE para proponer candidatos. En octubre de 2010, el Senado dio el visto bueno a su candidatura.

El ahora presidente del Constitucional fue nombrado magistrado en diciembre de 2010, motivo por el que tuvo que dejar su puesto de director del departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid. En ese año realizó uno de los documentados ingresos de 37,14 euros al PP.

El 11 de enero de 2011, Pérez de los Cobos tomó posesión de su cargo de magistrado. Y el pasado 19 de junio, después de 17 meses como miembro del alto tribunal, fue elegido presidente del Constitucional. Es decir, en tres años pasó de ser catedrático de Trabajo a máximo responsable del más alto tribunal español. Lo hizo logrando una votación unánime, con el apoyo tanto del sector conservador como del progresista.

Este dato, revelado por EL PAÍS el pasado 17 de julio ha creado una importante polémica en torno a la idoneidad de que el presidente del alto tribunal, que aborda asuntos políticos, haya esta ligado a una formación política.

El Gobierno y su presidente justifican ahora que el presidente del Constitucional  haya tenido carné de militante siendo magistrado, pero en 2007 intentó imponer un criterio muy estricto sobre las afinidades y procedencia de los miembros de esta institución. Y en parte lo logró. Esa victoria se le puede volver ahora en contra.

La militancia en el Partido Popular del presidente del alto tribunal —un hecho ocultado en la comisión de nombramientos del Senado—, ha desencadenado ya el anuncio de varias peticiones de nulidad de resoluciones en las que ha participado como magistrado. Las defensas del exjuez Baltasar Garzón y de Arnaldo Otegi han anunciado que reclamarán la anulación de las decisiones que el Constitucional adoptó sobre sus causas; y la Junta de Andalucía va a estudiar y revisar todos los temas que ha tratado De los Cobos. Las recusaciones que se presenten podrán utilizar como argumento lo sucedido en 2007: la doctrina Pérez Tremps propiciada por el propio PP.

Ese año, el entonces responsable de Justicia de los populares, Federico Trillo, logró apartar de la deliberación sobre el Estatuto de Cataluña al catedrático y magistrado del Constitucional Pablo Pérez Tremps por haber elaborado un estudio teórico que fue utilizado luego por el Instituto de Estudios Autonómicos de la Generalitat para justificar la constitucionalidad del texto que elaboró el Parlamento catalán.

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