Claves del varapalo del Consejo de Estado a la reforma local

El dictamen que el Consejo de Estado ha emitido sobre el anteproyecto de ley para la reforma de los Ayuntamientos es una auténtica bofetada en la cara del Ministerio de Hacienda porque cuestiona una de las reformas estrella del ministro, Cristóbal Montoro y por extensión del Gobierno de Rajoy. Un trago amargo para el Ejecutivo que lleva la firma de José Manuel Romay Beccaría, uno de los padres políticos del presidente.

Una semana esperó el organismo para hacer público el dictamen que daña la columna vertebral de la reforma. Fuentes próximas a Hacienda consideran, sin embargo, que el ministerio seguirá adelante con el proyecto después de aplicar unos cuantos cambios más o menos cosméticos. "Harán un apaño para salir del paso. Si la norma se recurre y es inconstitucional, para cuando se pronuncien los jueces ya se habrán desmantelado los municipios", reflexiona un una fuente cercana al proceso.

La pista de que nada parará al Gobierno la dio el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que aseguró tras conocer el informe que el texto "deja clara la legitimidad constitucional del Gobierno para legislar una regulación normativa uniforme y de vigencia en todo el territorio español", en ejercicio de las competencias reconocidas en la Constitución. "No puede afirmarse que la regulación en proyecto atente contra la garantía institucional de la autonomía local, por más que de ello resulte un marco competencial más estrecho que el que se definía hasta ahora en la Ley de Bases de Régimen Local", afirmó Beteta. En cualquier caso para Beteta se trata de un simple problema técnico con observaciones "en su mayor parte procedimentales", y de carácter "no esencial".

Un juicio que ni siquiera comparten sectores del Partido Popular. El presidente de la Federación Gallega de Municipios, José Manuel Rey Varela (PP), advirtió que el varapalo del consejo "debe hacer reflexionar" a Hacienda para "reabrir la negociación y buscar un gran consenso".

La oposición en bloque, y en especial el PSOE, que se ha empleado a fondo contra la reforma, aplaude la valoración del Consejo de Estado. "Avala todos nuestros argumentos", señaló el secretario de Política Municipal, Gaspar Zarrías. "Queda claro que es inconstitucional y un ataque injustificado a los Ayuntamientos y al ciudadano. El informe viene a poner en cuestión las bases de la reforma", señaló. Los socialistas exigen al ministro que retire el anteproyecto y que negocie desde cero a partir de septiembre. El representante de IU en la FEMP y alcalde de Rivas Varciamadrid, José Masa, también exige al Gobierno un cambio de rumbo aunque el dictamen del organismo no sea vinculante.

Las claves del examen del Consejo de Estado

Competencias municipales. La reforma del Gobierno reduce las competencias propias de los municipios y, en líneas generales, los despoja de contenido social. Convierte lo que hasta ahora se definía en el artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local (el listado de atribuciones), en una serie mucho más limitada y además cercena la autonomía de los Ayuntamientos para desarrollar las llamadas "competencias impropias", las que no le atribuye la ley, que siempre supeditan al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria . El dictamen reconoce la "considerable constricción de la autonomía de los municipios", que pretende el Gobierno pero apunta a que el planteamiento del anteproyecto no atenta "contra la garantía institucional de la autonomía local". Pero más adelante recuerda la jurisprudencia del TC para señalar que "el legislador puede disminuir o acrecentar las competencias, pero no eliminarlas por entero y, lo que es más, el debilitamiento de su contenido solo puede hacerse con razón suficiente y nunca en daño del principio de autonomía, que es uno de los principios básicos de nuestra Constitución"

Coste estándar. El coste estandar es un nuevo y polémico concepto muy cuestionado. El Ejecutivo determinará a través de un Real Decreto unos costes máximos que los Ayuntamientos no podrán superar a la hora de prestar un servicio. Si se pasan, la prestación de ese servicio se trasladará automáticamente a las diputaciones provinciales. Al Consejo de Estado le llama la atención que una herramienta tan importante de la norma se despache sin apenas explicaciones: "Siendo el coste estándar un valor al que se anuda la función ablativa de las competencias municipales, lo único que el anteproyecto establece en relación con su determinación es que el Gobierno lo fijará". Ataca que la "falta de concreción", sobre cómo se regulará este principio y alerta de que su aplicación puede reducir "en exceso", las competencias municipales garantizadas por la Constitución. No se queda ahí. El coste estandar puede terminar convirtiéndose en lo contrario de lo que pretende el Ejecutivo -una herramienta de ahorro- porque el dictamen cuestiona su misma esencia, al alertar de que el traspaso de las competencias a las diputaciones se realiza sin ningún tipo de cautela. "No se considera que la diputación a la que se encomiende la prestación se encuentre en una situación de debilidad presupuestaria". Tampoco se tiene en cuenta que una diputación decida no asumir un servicio. Incluso ataca el hecho de que todos los servicios se equiparen: "No parece que deba aplicarse el mismo régimen de intervención al servicio de transporte urbano que al de policía local". El dictamen concluye recomendando al Gobierno que revise de arriba a bajo la regulación en este punto. "a fin de que se presente más completa y dotada de mayor claridad y coherencia".

El poder de las diputaciones. Si el coste estandar se cuestiona, el "vaciamiento competencial", que esa herramienta podría generar se ataca sin reparos. Si las competencias se trasladan a las Diputaciones, "que son entidades representativas de segundo grado no sujetas a mecanismos de elección directa", eso implica que "no quepa exigir a estas entidades responsabilidad política", si gestionan mal los servicios, "lo que en última instancia puede desvirtuar el principio democrático". Recuerda además que el Gobierno no somete a las diputaciones a las mismas reglas del "coste estandar". Recomienda que se adopten "fórmulas alternativas más respetuosas con la autonomía municipal", y desliza que podrían ser las mancomunicades las que presten servicios.

Fusión de municipios. Los alcaldes se pusieron desde el primer momento en contra de la intención de Rajoy de fusionar Ayuntamientos. El Consejo de Estado sin embargo sugiere que podrían impulsarse estos procesos para garantizar una base "poblacional y económica sólida", a cada consistorio. "El anteproyecto podría precisar en qué supuestos y bajo qué condiciones la insuficiencia de recursos [...] podría llevar a iniciar un proceso de fusión".

Mancomunidades. Sobre la posibilidad de que desaparezcan, el informe es contundente al indicar que se violan las competencias de las Comunidades Autónomas. Esa "intromisión", la califica como "no admisible desde el punto de vista del esquema constitucional". Otro argumento para los que ven la reforma contraria a la Carta Magna.

Entidades locales menores. Beteta califico eufemísticamente la reforma como un paso para "esponjar organismos". Es decir, la reforma elimina o contribuye a debilitar todo lo que no sean Ayuntamientos de tamaño medio o grandes consistorios. Por el camino, además de las mancomunidades, están en peligro miles de entidades locales menores. Unas agrupaciones con un gran patrimonio forestal que pasaría a formar parte de los municipios y que tienen un caracter fundamentalmente cooperativo. El Cosejo de Estado se pronuncia en este punto demandando "reglas necesarias para garantizar la seguridad jurídica". La Federación Española de Concejos cree que el texto "manifiesta que el Estado no es competente para regular los aspectos relativos a la creación y extinción de las Entidades Locales Menores" y que, por lo tanto, el Estado no puede de un plumazo modificar su naturaleza jurídica obligándolas a extinguirse.

Servicios sociales. El texto dedica una reflexión a que el anteproyecto quiera terminar con las competencias "relativas a la salud, la educación y servicios sociales". Pero señala que el Estado no puede ordenar a las Comunidades Autónomas que las hereden "por afectar al ámbito competencial autonómico que escapa a las competencias básicas del legislador estatal". Además, sugiere que tal supresión "no impida" que los Ayuntamientos presten servicios sociales bajo otra denominación. "Podría valorarse", dice el dictamen, "que sigan prestándolas como competencias impropias".