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caso gürtel

Dos consejeras de Camps, a juicio por malversación, cohecho y prevaricación

El magistrado ve prevaricación, malversación y cohecho por los contratos de Fitur a Orange Market

La exconsejera de Turismo Milagrosa Martínez, en las Cortes Valencianas.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha decretado auto de apertura de juicio oral de la pieza en la que investigaba los contratos de Fitur otorgados a Orange Market, la filial de la trama Gürtel en Valencia. La causa, que instruye el magistrado José Ceres, investiga las contrataciones de la Generalitat para la construcción y montaje del pabellón de Fitur entre 2005 y 2009 y es la más avanzada de la rama del caso en la Comunidad Valenciana.

Con esta decisión, el magistrado Ceres manda al banquillo a dos exconsejeras de Francisco Camps, Milagrosa Martínez y Angélica Such (ambas forman parte aún del Grupo Popular en las Cortes valencianas) y archiva la causa contra el exvicepresidente Vicente Rambla al considerar no existen indicios lo suficientemente sólidos contra él, tal como señaló la fiscalía. Rambla sigue imputado, sin embargo, en otras dos piezas separadas por la supuesta financiación ilegal del PP valenciano.

El juicio oral se abre por los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, enriquecimiento injusto, falsedad en documento oficial, cohecho pasivo, cohecho activo, tráfico de influencias, prevaricación administrativa, uso de información privilegiada e infidelidad en la custodia de documentos.

Además de las dos exconsejeras, se sentarán en el banquillo el exjefe de gabinete Rafael Betoret; los cargos y funcionarios de la Agencia Valenciana de Turismo Isaac Vidal, Jorge Miguel Guarro, Ana María Grau y Juan Bover; y los miembros de la red corrupta Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Cándido herrero, Isabel Jordán y Mónica Magariños.

El magistrado establece distintas fianzas de responsabilidad civil en función de los delitos por los que pueden ser eventualmente condenados. En el caso de Martínez, conocida por la trama como La Perla, que sigue siendo además de diputada alcaldesa de Novelda (Alicante), el juez establece una fianza de 636.500 euros. Para Betoret, ya condenado en el caso de los trajes, de 645.000 euros. Y en el de los principales cabecillas de Gürtel, de 651.500 euros.

Las adjudicaciones de Fitur, pese a que Orange Market presentaba "la oferta más cara" se repitieron ininterrumpidamente desde 2005 a 2009, y reportó a la trama cerca de cinco millones de euros. Parte de los fondos, recuerda el juez, fueron por actividades ajenas a la que recogían los concursos públicos y fueron concedidos a dedo, pese a que por su cuantía era necesario que se abriera una nueva convocatoria.

Ceres también destaca que, según ha concluido la investigación, la trama llegó a redactar directamente los "criterios de adjudicación" para que les resultaran lo más "favorables" posibles y, al mismo tiempo, les permitieran ganar el máximo de dinero al "reducir la valoración económica y aumentar los criterios subjetivos" sobre los que se basaba la convocatoria.

El magistrado también señala que Orange Market, que no reunía los requisitos básicos ni para poder presentarse al primer concurso que ganó (el de 2005) y "se encargaba de organizar y realizar la mayor parte de los actos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana", se impuso a otras  empresas, "algunas con gran experiencia profesional".

Sobre el auto del juez, como en el de hace una semana de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior valenciano, planea la idea de que la trama corrupta logró los contratos gracias a apoyos de las altas instancias de la Generalitat y del PP regional, ambos presididos entonces por Camps.

Ceres indica que los cabecilla de Gürtel, "al disminuir los actos encargados por el Partido (Popular) a nivel nacional, deciden crear Orange Market en Valencia dadas las buenas relaciones existentes entre sus gestores, singularmente Álvaro Pérez, con algunos dirigentes del Partido Popular y de la Generalitat valenciana". Y menciona a Víctor Campos (condenado con Betoret por aceptar regalos de la trama), el ex secretario general Ricardo Costa, Rambla y el propio Camps.

El magistrado instructor también considera acreditado que Rambla aceptó regalos de la trama, pero considera "razonable" la explicación dada por el mismo: "Lo enmarqué en el entorno navideño y en la relación personal, sin darle ninguna importancia", declaró el exvicepresidente. La relación de obsequios hacia él y su familia que el juez considera acreditados incluyen "un bolso de una marca conocida de algo más de 200 euros para su esposa".

Tampoco se ha podido confirmar en la investigación el supuesto reloj que la trama regaló a la exconsejera Such, pero sí el que recibió su antecesora en el cargo y posteriormente presidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez. Se trató en este caso, según recoge el auto, de un reloj de la marca de lujo suiza Hublot valorado en 2.400 euros.

Contra la apertura de juicio no cabe recurso, de modo que la tercera pieza separada del caso Gürtel en Valencia queda solo a la espera de que se señale la fecha para celebrarlo.

PSPV y EU piden la expulsión de Martínez y Such de las Cortes

PSPV y EUPV han pedido al PP que expulse de su grupo de las Cortes Valencianas a las exconsejeras y diputadas del PP Milagrosa Martínez y Angélica Such.

La vicesecretaria de Política Autonómica del PSPV, Ana Barceló, ha recordado en un comunicado que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "aseguró que los diputados imputados de su partido pasarían al grupo de los no adscritos en el momento en que se abriera juicio oral contra ellos". Barceló ha incidido en que Fabra "no puede exigir respeto para su partido y apartarlos de los cargos orgánicos mientras los mantiene como representantes públicos en las instituciones".

"Fabra no debe esperar a que los tribunales hagan su trabajo sino que tiene que empezar a ser contundente en su acción política", ha añadido.

Por su parte, la portavoz de EUPV, Marga Sanz, ha apuntado que la línea roja de Fabra "se ha trazado ya para el 'caso Fitur', y ahora lo que esperamos es que tras la apertura del juicio oral a Milagrosa Martínez y Angélica Such, el presidente nos ahorre otro circo como el de Blasco".

"Esperemos que en esta ocasión no le tiemble el pulso, que tome decisiones inmediatas separando a las dos diputadas de su grupo, y cumpliendo así la palabra dada en sede parlamentaria". Sanz ha advertido de que la credibilidad de la institución "está en juego", y el presidente Fabra "no puede supeditar sus decisiones al juego de las mayorías de su grupo parlamentario".

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