El Estado quiere reducir en un 20% la ocupación de sus edificios

El Gobierno venderá la cuarta parte de los inmuebles de su patrimonio

Instalaciones de la librería del CSIC en Madrid a la venta.
Instalaciones de la librería del CSIC en Madrid a la venta.Cristóbal Manuel (EL PAÍS)

Entre los 252 folios del informe para reformar la Administración que con tanta ceremonia presentó el Gobierno hay muchas buenas intenciones y unas cuantas aproximaciones pragmáticas que permitirán al Ejecutivo obtener ingresos a corto plazo. Una de ellas es la venta de gran parte del patrimonio del Estado y el arrendamiento de sus fincas (solo en suelo rústico posee 1,1 millones de hectáreas) a agricultores, Ayuntamientos y autonomías.

El Gobierno ha anunciado que sacará al mercado 15.135 propiedades, el 27% de todas las que figuran en el patrimonio de la Administración general y sus organismos autónomos, según el último inventario de 2011. Quiere, según el documento, “poner en valor”, esos activos y reducir la ocupación de los edificios administrativos en un 20%, de modo que el ratio por oficina se acerque al del sector privado. Comprimiendo espacio podrá liberar superficie para realizar más ventas o arrendamientos.

Para el Ejecutivo, estas operaciones actuarán como un bálsamo para “transmitir a los ciudadanos confianza y credibilidad”. Aunque con un mercado deprimido e inundado por la gigantesca bolsa de viviendas de la banca, la operación puede convertirse en un mercadillo de saldos. Para evitar un mal balance final, el Ejecutivo ha sido lo suficientemente inconcreto. Se ha dado de plazo hasta el 2020, con dos comicios generales por delante, y ha eludido detallar de qué manera se venderán los inmuebles, si en concurso público o subasta. Tampoco ha contado algo básico: cuánto espera recaudar. Entre enero de 2012 y mayo de 2013 ha vendido propiedades por 88,5 millones.

El Instituto de la Vivienda, Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa es el organismo con más propiedades en cartera: 8.170. Este jueves sacará a la venta 47.000 metros del Cuartel de Intendencia (Sevilla), por 8,3 millones. Tiene otras ofertas, como una parcela de 190.000 metros en Palencia calificada como suelo rústico de protección natural, donde se admiten usos dotacionales (ocio, deportes, acampada); o 900.000 metros del campo de tiro de Bando, un solar situado a pocos kilómetros del aeropuerto de Santiago de Compostela donde se podrán construir viviendas y hoteles.

Las propiedades susceptibles de venta son muy variadas, como el aeródromo de Menorca, actualmente sede del Aeroclub de la isla, con una pista de 1.800 metros y una superficie de 746.000 metros cuadrados; otra finca de 1,2 millones de metros en Badajoz, o el acuartelamiento de Carraclaca en Lorca (Murcia), de 688.000 metros, la mayoría edificables.

Tras el departamento de Defensa, la Dirección General de Patrimonio es la que sacará al mercado más bienes, con otros 5.107 inmuebles en el disparadero. Le siguen ADIF, Administración de Infraestructuras Ferroviarias, con 1.514, la Tesorería General de la Seguridad Social, con 117 y varias sociedades integradas en la SEPI (fundamente de Correos).

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Para intentar no saturar un mercado con encefalograma plano, el Estado tendrá que tener mucho cuidado a la hora de comercializar los lotes. Tendrá “asistencia técnica especializada”, aunque no ha informado qué empresa le asesorará.

Otro de los objetivos del programa está en la reducción de alquileres, una de las medidas que, según Hacienda, ha dado resultados “más rápidos y visibles”. Se han renegociado 332 contratos de alquiler de los 1.405 existentes desde el 1 de enero de 2012 con un ahorro del 61% respecto a lo que gastaba inicialmente. Los ministerios, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional, junto a sus respectivos organismos autónomos, tienen presupuestados este año 163,8 millones para alquileres de edificios y fincas. Agencias y otros organismos reservaron otros 221 millones para este fin, cantidades que podrían dejar de pagarse con una planificación más lógica. El 23% de los inmuebles dedicados a usos administrativos de los organismos públicos y el 9% de la administración están en régimen de alquiler, con lo que resulta más chocante que, por otra parte, el Estado tenga tantas propiedades ociosas.

En febrero, Hacienda ya anunció un plan para vender 423 inmuebles urbanos y 132 solares. Entre ellos se encuentran joyas urbanísticas como el palacete del paseo de la Castellana, 64 (Madrid), sede de la Secretaría de Estado de Seguridad; el antiguo edificio de RTVE en el paseo de La Habana o la librería del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que se encuentra muy cerca del Congreso de los Diputados.

Menos agencias y fundaciones

La palabra "supresión" se repite 37 veces en el informe Reforma de las Administraciones Públicas que el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 21 de junio. El documento recoge una lluvia de propuestas de recentralización del Estado que hacen desaparecer un buen número de órganos consultivos, fundaciones y entes a veces difusos, pero que en ningún caso son imperativas para las comunidades autónomas ni los Ayuntamientos. Por ejemplo, se recomienda eliminar los organismos de inspección aeroportuaria autonómicos; las 15 plataformas de gestión de centros educativos; los convenios con Andalucía y Cataluña para la gestión de becas o los registros autonómicos de profesionales y empresas ganaderas.

Tampoco se consideran útiles los 16 observatorios de empleo autonómicos; los de Salud, Mujer y Cambio Climático; los observatorios de Madrid y Extremadura contra el racismo o los de turismo de Cataluña, Valencia y Baleares, que se integrarán en Turespaña. Otras 40 agencias de gestión de la energía pasarán a formar parte del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.

El Gobierno propone hacer desaparecer los 11 Defensores del Pueblo; los observatorios regionales de “la sociedad de la información”; los centros meteorológicos de Galicia, Cataluña y País Vasco; la Gerencia del Sector de la Construcción Naval (junto a sus sociedades dependientes) y hasta diez fundaciones que serán absorbidas por los ministerios. Entre ellas está la Fundación Iberoamericana; Fundación AENA y Fundación Ferrocarriles Españoles (se integran en la Fundación del Transporte); Fundación Ceco (se integra en el ICEX) y la Fundación Cenatic (se integra en el Ente Público Red.es).

El Coro Nacional de España y el Coro del Teatro de la Zarzuela pasarán a formar parte del Coro de RTVE y se creará una plataforma única para contratar las campañas de publicidad de todos los ministerios.

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