Los 1,5 millones de errores en los datos de la Agencia Tributaria

Los inspectores fiscales explican que hasta 2007 las fuentes de información acumulaba fallos

Foto: atlas | Vídeo: CLAUDIO ÁLVAREZ

El boom inmobiliario ahora resuena como una pesadilla, pero hubo un tiempo a principios de 2000 que el sector del ladrillo era la envidia de todo el mundo. El fraude en las operaciones inmobiliarias estaba a la orden del día. Y la Agencia Tributaria desplegó varios planes para tratar de cazar a los defraudadores del ladrillo. Para ello se estableció un intercambio de información con los notarios, registradores, el catrastro, colegio de arquitectos… Lo que permitió a la Agencia Tributaria construir un mapa inmobiliario. Pero el sistema, que entonces estaba recién creado, tenía fallos, según admiten los Inspectores de Hacienda en un comunicado remitido este miércoles para explicar los errores en el caso de la fincas vinculadas a la Infanta.

Un examen realizado por la Agencia Tributaria a 2,5 millones de operaciones inmobiliarias que figuraban en su base de datos entre 2004 y 2005 reveló que había 1.544.446 registros con “errores en la información o no contenían toda la información completa”, según un documento publicado este miércoles por la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), la asociación mayoritaria del sector. Un 60% de las operaciones analizadas contenían fallos o eran imprecisas.

La auditoría interna destapó que había 806.238 registros con el Número del Registro Catastral (NRC) incorrecto, otros 54.493 registros en los que el transmitente era el mismo que el adquiriente, 135.414 registros con errores en el NIF (como el caso de la Infanta) y 548.301 registros con importes declarados a cero o en blanco.

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Los inspectores recuerdan que tras el examen comprobaron que había 173 registros en los que el NIF era 00000000T, o 219 operaciones en las que el NIF era el 99999999R.

“Asimismo, se ha detectado que un contribuyente que tenía asignado un NIF con un único dígito, tenía atribuidos 148 registros como transmitente en el año 2005, cuestión imposible puesto que dicho NIF correspondía a una persona fallecida hacía décadas”, según explican los Inspectores en el documento difundido este miércoles.

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A raíz de este proceso de verificación, la Agencia Tributaria mejoró los protocolos de intercambio de información con Notarios, Registradores y otros terceros suministradores de información, lo que mejoró la calidad de la información de la Agencia y las comprobaciones.

Pero en los registros de la Infanta seguían apareciendo ventas de 13 propiedades entre 2005 y 2006 por un importe total de 1,4 millones. Los inspectores no se explican por qué la hija del Rey no se incluyó en el plan de inspección en los años 2007 y sucesivos “ya que la información existente en la base de datos figuraba como correcta, hasta que se ha descubierto el error”.

Los inspectores añaden: “En los procesos de selección resulta lógico y habitual no elegir aquellos contribuyentes en los que se detecte algún error en la información y, así, puede ser el caso, por ejemplo, de la información relativa al DNI del contribuyente fallecido antes mencionado. Tan anormal hubiera sido enviar una citación a ese contribuyente, a pesar de que figuraba en la base de datos que había transmitido en 148 inmuebles, como no comprobar a la Infanta, ya que sus imputaciones figuraban como correctas hasta que se ha descubierto el error en las mismas”.

Y concluyen en la nota difundida hoy que “la existencia de imputaciones incorrectas a la Infanta no se debe a una actuación deficiente de la Agencia Tributaria, ni de los Notarios. Era una situación normal, como consecuencia de la complejidad y amplitud de información que se utilizaba, y que, una vez detectados los problemas, se corrigieron eficazmente en su mayor parte en los años siguientes. Pero hay que demostrar que la Infanta estaba en esos casos de errores, aportando el detalle necesario”.

Sobre la firma

Jesús Sérvulo González

Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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