Buenas intenciones y pocas decisiones

El Gobierno está cansado de dar malas noticias. Desde la rueda de prensa del 26 de abril, que desató una ola de pesimismo al reconocer el Gobierno que dejaría en 2015 más parados de los que encontró, el giro ha sido de 180 grados. Ahora el Gobierno quiere recuperar espacio. Insistir en la idea de que lo peor ya pasó. Y eso, que es una decisión política de fondo, influye en todo. También en la reforma de la Administración, el proyecto estrella de Soraya Sáenz de Santamaría.

Algunos sectores del PP presionaban para una reforma radical, dolorosa, polémica, que acabara por ejemplo con las diputaciones, que fusionara Ayuntamientos, que replanteara las provincias, que cambiara la estructura de base de la administración. El Gobierno lo ha descartado y desde la primera línea del extenso documento de la reforma se atisba esa intención de no dar ya muchas más malas noticias después del durísimo 2012.

Con esa premisa, la reforma está llena de propuestas difícilmente discutibles, de buenas y ambiciosas intenciones, de un análisis detallado de las cosas que se pueden mejorar en la Administración y de propuestas complejísimas de desarrollar. Pero sobre todo, contiene una filosofía: ya se ha recortado mucho, la Administración es más eficiente y pequeña de lo que se dice y se puede mejorar, pero sin giros radicales.

Baste un párrafo del documento para verlo: “Con datos de la Comisión Europea de 2012, España se sitúa entre los 10 países de la UE con menor gasto público en porcentaje de PIB (43,4%), frente a un 49,9% de media en la eurozona, y a bastante distancia de los niveles de las grandes economías de la UE, como Francia (56,6%), Alemania (45%), Reino Unido (48,5%) o Italia (50,7%)”. Esto es algo que el PP nunca hubiera destacado cuando estaba en la oposición. “Desde 2012 se está produciendo el reclamado «adelgazamiento» de la Administración. La reducción de 26.200 millones de euros de gasto público y de 374.800 empleos públicos, así lo atestiguan”, insiste el texto.

Algunos creen que se trata de una reforma cosmética. El Gobierno rebate que es “titánica”, algo que nunca se ha hecho. Lo cierto es que la lectura de un texto profuso en detalles de cómo funciona la administración lleva a la constatación de los grandes cambios están en manos de las comunidades. Y varias de ellas ya han criticado la reforma. El Gobierno ha optado por la presión con los datos. Por ejemplo, para convencer de que se eliminen los defensores del pueblo autonómicos escribe: “Hay un elevado coste en la tramitación de las quejas y un bajo rendimiento de los recursos humanos destinados a los Ombudsman autonómicos (frente a 165 personas en el estatal que tramitan 33.849 quejas, en los autonómicos 346 personas tramitan 38.407)”. Con datos como este y presión financiera, el Gobierno cree que logrará su objetivo, pero no es ni mucho menos seguro.

Para darle más importancia a una reforma “difícil de explicar”, según la propia vicepresidenta, el Gobierno ha jugado con datos espectaculares. Pero en los 250 folios publicados no hay ninguna explicación detallada de cómo se llega a dos cifras: 37.700 millones de ahorro total en cuatro años —incluida la enorme destrucción de empleo público— y 6.500 en tres años de esta reforma. De momento tampoco están a disposición del público las fichas, los 2.000 folios que Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro exhibieron en la rueda tras el Consejo de Ministros. Por tanto, no se puede saber si ahí sí está la explicación.

El Gobierno ya ha jugado con los datos otras veces. Periódicamente, tras el Consejo de Ministros se auguran ahorros fabulosos que luego nunca llegan a poder comprobarse. El Ejecutivo llegó a prometer en 2012 hasta 100.000 millones de euros de recorte. Luego todo se va adaptando. Hace solo un año, por ejemplo, Rajoy prometió en el Congreso eliminar 30.000 concejales, un tercio del total. Pocos meses después tuvo que tragarse esa promesa ante la revuelta de los alcaldes de su propio partido.

De hecho, el propio Ejecutivo admite en privado que el verdadero trabajo político que queda por delante, además de negociar con las autonomías, es el de la reforma local. En los ayuntamientos, mancomunidades y sobre todo diputaciones, tan amadas por Rajoy —ahí empezó su carrera— están colocadas las estructuras provinciales y locales de los partidos, y se resisten a cualquier cambio.

La reforma solo se podrá pues evaluar con el tiempo, para ver si se cumplen sus buenas intenciones. Aunque hay varios asuntos en los que sí entra a fondo con decisiones inmediatas —es el caso de las fundaciones: se eliminan 17— la mayor parte del proyecto estrella de Sáenz de Santamaría depende de la capacidad del Gobierno de convencer a autonomías, ayuntamientos y a las estructuras del Estado. El tiempo dirá si lo consiguieron.