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Cataluña, Andalucía, País Vasco, Canarias y Asturias dan la espalda al plan

El Defensor del Pueblo está en el Estatuto de Autonomía de varias comunidades

De izquierda a derecha: Bauzá (presidente de Baleares), Fabra (Valencia) y González (Madrid).

Las comunidades autónomas han recibido la propuesta del Gobierno de reducir la administración regional con la sensación de que llevan tiempo recortando y de que ahora le toca al Estado reducir su maquinaria. Choca, además, la recomendación de eliminar figuras como el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas, contempladas en los Estatutos de varias autonomías.

Cataluña. Cataluña es una de las comunidades más afectadas y da espaldarazo al plan. Hay 14 organismos en el punto de mira, algunos de ellos troncales en la estrategia de la administración catalana, como las embajadas de la Generalitat en Bruselas, París, Londres, Berlín y Nueva York, básicas para internacionalizar el proceso soberanista liderado por el presidente de la Generalitat, Artur Mas. También cuentan con una arraigada tradición el Síndic de Greuges y la Sindicalia de Comptes (el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas), que dependen del Parlament. Otros organismos afectados por la reforma son el Centro de Estudios de Opinión, el ente demoscópico de la Generalitat, o el Meteocat, el servicio metereológico de Cataluña. La Generalitat no está dispuesta a desprenderse de ningún organismo y rechaza cualquier presión con el límite de déficit que guarde relación con la cesión de competencias. Lo dejó claro el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell: “Nosotros no vamos a devolver jamás ninguna competencia”, Mas-Colell apuntó que la reforma del Gobierno del PP no obedece a una voluntad de racionalidad económica, sino a motivos ideológicos. Mas reclama al Ejecutivo el cierre de los ministerios con competencias transferidas como alternativa: “El gobierno central da todas las lecciones, pero no hace los deberes”, apostilló ayer.

Andalucía. La Junta rechaza frontalmente la propuesta del Gobierno, que ha calificado de “desatino”. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, asegura que supondría una poda de la autonomía y que conllevará despidos y advierte que el Estatuto salvaguarda instituciones como el Defensor del Pueblo, la Cámara de Cuentas o el Consejo Audiovisual, por lo que descarta su supresión. Valderas cree que habrá que leer la reforma de forma muy detenida, pero ha hablado de “recorte” y de “limitación de la democracia”. Fuentes de la Junta de Andalucía insisten en que por parte del Gobierno central “todo son presiones”.

País Vasco. El Gobierno vasco descarta cualquier posibilidad de estudiar la eliminación de las figuras del Defensor del Pueblo (Ararteko) y del Tribunal Público de Cuentas, en contra de la propuesta que maneja el Ejecutivo central. Ambas instituciones fueron creadas por delegación del Parlamento vasco en aplicación de las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía de Gernika. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu entiende que ambas figuras disponen de “plena vigencia” en el actual entramado institucional y proporcionan, además, una reconocida función social. Así, apuesta por la continuidad de estos dos departamentos, cuyo funcionamiento dispone de una asignación presupuestaria y sus funciones son ejercidas por delegación del Parlamento vasco.

Madrid. La Comunidad de Madrid nunca ha contado con Defensor del Pueblo y extinguió el Tribunal de Defensa de la Competencia y la Agencia de Protección de Datos el pasado 1 de enero. La Cámara de Cuentas tiene un presupuesto de 6,9 millones de euros, pero no se va a eliminar dada su “importante labor”. Desde 2008 se ha reducido a un 38% el sector público empresarial y ha reducido casi a la mitad el número de consejerías, con un ahorro de 1.131 millones de euros. Según un informe de Hacienda, ha suprimido el 92% de las empresas públicas comprometidas. El Gobierno regional indica que la Comunidad está abierta a reducir la estructura de la administración siempre que no suponga un menoscabo de la calidad de los mismos. Fuentes del Ejecutivo piden que se tenga en cuenta el esfuerzo que se ha hecho hasta ahora en materia de ahorro porque no ha sido igual en todas las administraciones. “Nosotros ya estamos rozando el hueso”, indican. “Si de verdad el Gobierno cree que hay que vincular el déficit a la reducción de la Administración, tiene una buena oportunidad de demostrarlo”.

Murcia.Desde el año pasado, Murcia marcha "con el núcleo esencial para funcionar". En 2012 adelgazó sus administraciones y pasó de tener 107 entes públicos a 40. En ese momento desapareció el Defensor del Pueblo y nunca ha tenido Tribunal de Cuentas, ni organismos de defensa de sus competencias, ni institutos de opinión. “Ya hemos hecho un largo recorrido y no podemos hacer más. Mantenemos la Universidad pública, el Instituto de Fomento, la propia administración de la comunidad…”, apuntan fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda. El consejero, Juan Bernal, defendió el jueves al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que insinuó que las comunidades que más se impliquen en la eliminación de duplicidades serán premiadas con mayor flexibilización del déficit. “Nos parece aceptable y las comunidades debemos trabajar en esa línea, ya que es fundamental rebajar el déficit público. Es un compromiso que estamos dispuestos a asumir”, aseveró.

Baleares. “El Govern cree que la reforma de las Administraciones Públicas es valiente, decidida y necesaria”, declaró ayer la consejera de Administraciones Públicas y portavoz del Ejecutivo autonómico, Nuria Riera. Baleares insiste en su política está en consonancia con las propuestas de Rajoy, aunque no ha especificado de qué organismos estaría dispuesta a prescindir la comunidad, que no dispone de Defensor del Pueblo, pero sí de Tribunal de Cuentas. Baleares ha eliminado un centenar de empresas públicas, con un ahorro de 115 millones de euros al año.

Canarias. El Gobierno de Canarias ya ha hecho su parte en el adelgazamiento de la administración: “Ahora le toca al Estado”, es su posición. La comunidad tiene Diputado del Común (del pueblo) y Audiencia (Tribunal) de Cuentas, los dos protegidos por el Estatuto, además de un instituto de estadística a los que el Gobierno autonómico no está dispuesto a renunciar. El consejero de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, celebra que “por fin” el Estado impulse una reducción de su administración.

Comunidad Valenciana. La Generalitat valenciana creará una comisión interdepartamental para estudiar el informe del Gobierno y estudiar qué propuestas son asumibles. El portavoz del Ejecutivo valenciano, José Ciscar, indicó ayer que la supresión de organismos, como la Sindicatura de Comptes o el Síndic de Greuges (equivalentes al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo) no es vinculante, ya que necesitaría de una reforma estatutaria. La creación de centrales de compras, el impulso de la Administración electrónica o la supresión de entes como el tribunal autonómico de defensa de la competencia ya se han adoptado.

Aragón. El Gobierno autonómico resalta que de las 55 fundaciones y consorcios que no son fundamentales ya se han liquidado en torno a 20. El Justicia de Aragón (Defensor del Pueblo) es, sin embargo, una figura histórica que se va a mantener.

Extremadura. Extremadura asume con naturalidad la propuesta del Gobierno. “Ya llevamos a cabo una política de austeridad ejemplar con un ahorro en personal eventual, consejerías —han pasado de 10 a 7—, altos cargos y otro personal que no se considera imprescindible. Pero Extremadura no tiene un gran aparato administrativo”, apuntan fuentes del Gobierno. No tiene Defensor del Pueblo ni tribunal de Cuentas, pero sí eliminó el año pasado su Embajada en Lisboa, su única representación en el extranjero.

Galicia. Tras una primera fase reducción de la administración en la que se eliminaron 64 entes paralelos y 500 puestos de trabajo, se presentó en abril una segunda fase que prevé acabar con 73 entidades. De momento, Galicia ha ahorrado 35 millones de euros a las arcas públicas y, cuando culmine la ejecución de la última fase, la Xunta se habrá desprendido de más de 70 entes “de los 150” existentes en 2009, según informó el consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Justicia, Alfonso Rueda. Tanto el Valedor do Pobo como el Consello de Contas están en el Estatuto, pero se reducirá su gasto. En esta línea, Rueda ha destacado que "la adecuación" al plan estatal de racionalización "no será traumática" en la Comunidad gallega. "[Eel Valedor do Pobo y el Consello de Contas] son instituciones que están recogidas estatutariamente, nosotros vamos a esperar y a hablar con el resto de los grupos a ver qué opinión le merece", ha avanzado. En esta línea, Prado ha defendido como "valiente" la reforma de las administraciones públicas impulsada por el "arrojo" del Gobierno central.

Asturias. El portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Martínez, califica la reforma de “chantaje” y de “injerencia intolerable” en las competencias de las comunidades, si bien ha insistido en que no está en contra de la racionalización de recursos, una medida que ya se está aplicando en el Principado. “El Gobierno no se entera de lo que significa la autonomía política de una Comunidad ni el modelo de Estado”, reprochó ayer. Asturias aprobó ayer la supresión de la Procuraduría (Defensor del Pueblo), pero el Tribunal de Cuentas goza de un gran apoyo.

Cantabria. Cantabria suspendió el Instituto de la Mujer y el de la Juventud a finales de 2011, y nunca ha tenido Consejo Económico y Social, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas o Agencia de Protección de Datos. El presidente regional, Ignacio Diego, indicó el jueves que los planteamientos del Gobierno son “razonables”. El Gobierno planteó hace dos semanas más de 60 medidas de ahorro que se discutirán próximamente.

La Rioja. El Gobierno de La Rioja considera razonable la propuesta. En esta comunidad, la Defensoría del Pueblo está vacante desde hace más de un año y no disponen de Tribunal de Cuentas, Agencia de Protección de Datos, organismos de defensa de la competencia ni de institutos de opinión. El Ejecutivo regional eliminó en julio de 2012 cuatro entes públicos (Instituto Riojano de la Juventud, Servicio Riojano de Empleo, Agencia del Conocimiento y la Tecnología y la Entidad de Control, Certificación y Servicios Agroalimentarios), y suspendió el funcionamiento del Consejo Económico y Social y del Defensor del Usuario de la Consejería de Salud con el fin de conseguir un ahorro de 4,3 millones de euros. También se ha puesto en marcha la contratación centralizada de suministros y servicios del sector público para evitar duplicidades, y está ampliando los trámites que pueden realizarse a través de la Administración electrónica.

Navarra. El Gobierno de Navarra es partidario de vincular el objetivo de déficit al trabajo de las autonomías en materia de reestructuración. “Debería medirse el esfuerzo que cada una realiza para reducir estructuras y costes”, indican desde la Consejería de Presidencia. Navarra no tiene agencia de protección de datos, organismos de defensa de la competencia, institutos de opinión, de la mujer o de la juventud; todas esas funciones son ejercidas desde departamentos del Gobierno. Sí dispone de Tribunal de Cuentas, cuya eliminación no se contempla, y de Defensor del Pueblo. La Comunidad Foral ha eliminado 25 sociedades públicas desde 2011. Las 13 restantes van a reducir a ocho entre este año y el que viene. También ha cerrado sus delegaciones en Madrid y ha trasladado la de Bruselas, ha suprimido el Consejo Audiovisual de Navarra y el Consejo Asesor de RTVE. Tras las elecciones de 2011, se acordó la eliminación del 23,7% de altos cargos, una dirección general y varias unidades de la Administración Foral y del 5,75% de la estructura del Departamento de Salud. Se ha conseguido un ahorro de unos 20 millones de euros.

Castilla-La Mancha. El Consejero de Presidencia, Leandro Esteban, calificó el jueves la reforma como una medida “muy coherente” y con la que la Comunidad se siente identificada. “Es el camino a seguir en estos momentos tan duros”, declaró. Entre las medidas puestas en marcha por el Gobierno desde el inicio de su legislatura se encuentran la reducción de los altos cargos a la mitad o la supresión de instituciones duplicadas como el Defensor del Pueblo o el Consejo Económico y Social. Según el último informe de Reordenación del sector público, Castilla-La Mancha es una de las autonomías más retrasadas: ha suprimido el 79,6% de las empresas públicas comprometidas.

Castilla y León. Desde la Junta de Castilla y León se abstienen por el momento de hacer una valoración de la reforma. Fuentes del Ejecutivo regional recuerdan que uno de los compromisos del Gobierno autonómico (PP) es reducir en un 50% las sociedades públicas y fundaciones. La Junta prevé un ahorro de casi 20 millones de euros con la reestructuración de once entidades públicas mediante su extinción o fusión y con la reducción de sueldos públicos, que se equipararán con los de un secretario general (66.000 euros). Con información de Lara Otero, José Marcos, Maiol Roger, Ginés Donaire, Juan Mari Gastaca, Joaquín Ferrandis e Ignacio Touza