Rajoy quiere cerrar los tribunales de Cuentas y los defensores autonómicos

El Gobierno empieza a concretar en qué consiste el informe sobre la reforma de la administración, uno de los proyectos estrella de Mariano Rajoy, aunque hasta hoy no se detallará el ahorro esperado en el Consejo de Ministros. El Ejecutivo plantea reformar 57 organismos públicos dependientes del Estado pero sobre todo pone deberes a las autonomías. No puede obligarlas, pero sí recomendará y maniobrará gracias al poder que le da la situación financiera de muchas de ellas y la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que estas supriman otros 90 observatorios, eliminen todos los defensores del Pueblo autonómicos, todos los tribunales de Cuentas, las agencias de protección de datos, los órganos de defensa de la competencia y hasta los institutos de opinión.

Algunas de esas instituciones están tan arraigadas que es poco probable que las autonomías con más peso político, es decir, Cataluña pero también Andalucía, y más que probablemente Euskadi y Galicia, que aún no han sido informadas de este proyecto, acepten sin más eliminarlos.

El plan es por tanto ambicioso, aunque su corazón depende de la colaboración de las autonomías, pero el Gobierno insistió este jueves en que toda esta compleja reforma se quiere hacer sin destruir un solo empleo público. Esto es, los organismos que se eliminen derivarían sus empleados a otros departamentos.

El Gobierno argumenta que “es falso el mito de la elefantiasis de la administración española” y asegura que ya en 2012 se ha destruido mucho empleo público, hasta 375.000 de ellos. El Ejecutivo recuerda que países como Francia han establecido, para ahorrar, que por cada dos funcionarios que se jubilen solo se contratará a uno. En España, el Gobierno estableció para 2012, 2013 e incluso para 2014 la tasa de reposición 0 (no se repone ninguna baja), y solo se permite un 10% para cubrir huecos en los servicios esenciales. Ese apartado ya supone, y va a seguir en 2014, una importante reducción de empleo público. Sumado a los recortes en sanidad y educación de las autonomías, la destrucción ha sido enorme. El Ejecutivo, hundido en las encuestas, quiere trasladar la idea de que esa fase dura acabó. E insiste en que ninguna de las medidas de la reforma afectará a sanidad y educación y los servicios esenciales. “No hay más recortes, se trata de organizarse para mejorar la administración”, señalan. Para ser más eficientes.

El Gobierno insiste, en un resumen de la reforma entregado a la prensa, en la idea de que España tiene un gasto público muy por debajo de la media. “Lo que nos ha sorprendido al analizar la situación es que hemos visto mucha más racionalidad de lo que se dice”, explicaban este jueves fuentes de La Moncloa.

Y sin embargo, la propuesta de ajuste a las autonomías es importante. El Gobierno reconoce que los observatorios, por ejemplo, no suponen un gran coste económico, pero cree que muchos de ellos no tienen sentido. Lo que sí parece mucho más problemático es eliminar figuras como el Defensor del Pueblo. Existen en la actualidad en 12 autonomías y en algunas, como Aragón, Cataluña, País Vasco o Andalucía, están muy implantados. También se aboga por terminar con los institutos de opinión autonómicos, esto es los centros públicos de encuestas. Y se defiende la supresión de los Tribunales de Cuentas, que ahora tienen ya 13 de las 17 comunidades.

Muchos de esos órganos se derivan de lo que especifican los estatutos autonómicos. Sin embargo, el Gobierno asegura que ya se han eliminado defensores en Castilla-La Mancha y Murcia y que en otros lugares no se han creado organismos que estaban en sus estatutos, por lo que si hay voluntad se podrían eliminar.

Lo cierto es que aún no ha habido ni toma de contacto con las autonomías, que no conocen la reforma. Todo se deja para el Consejo de Política Fiscal de julio.

El Ejecutivo admite que no puede obligar a nada pero confía en sus mecanismos, sobre todo en la presión financiera —nueve autonomías dependen del Fondo de Rescate para sobrevivir— para lograr su objetivo. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que presentó la reforma con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Industria, José Manuel Soria, apuntó a estas posibles medidas de coacción aunque sin detallar.

El Ejecutivo también plantea que se eliminen otros organismos autonómicos, como las juntas consultivas de contratación administrativa y los tribunales de recursos contractuales. La meta sería montar un portal único en internet para centralizar la información de todas las administraciones (estatal, autonómica y local) y para iniciar los trámites. Quieren seguir en ese ámbito el funcionamiento de las grandes empresas privadas multinacionales, que se lo han recomendado. Todos esos entes se integrarían, según el plan, en servicios del Estado y se recentralizarían para ahorrar.

La negociación se antoja difícil y los ajustes autonómicos por tanto tardarán. La que se desarrollará de forma inmediata, a partir de que hoy apruebe el informe el Consejo de Ministros, es la reordenación que corresponde a la Administración General del Estado.

El Ejecutivo suprimirá o fusionará, recolocando a sus trabajadores e integrándolos en el ministerio correspondiente, 57 organismos públicos como la Cría Caballar de las Fuerzas Armadas o el Consejo de la Juventud de España. En este caso se insiste en que ya hay un Instituto de la Juventud y se duplican. El Instituto de la Mujer asume las funciones de la Dirección General de Igualdad de Oportunidades.

Además, hay entidades que se fusionan en una entidad como el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Instituto Social de la Marina (ISM) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Se suprimen también hasta 17 fundaciones, que se integran en distintos ministerios.

Y hay organismos que integrarán sus servicios comunes (informática, proveedores, etcétera) tanto en el ámbito de las administraciones públicas o de los departamentos jurídicos como de los centros científicos.