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Hacienda devolvió a Bárcenas 21.000 euros los años que defraudó 1,5 millones

La Agencia Tributaria revisa las cuentas del extesorero del PP en Suiza en 2002-2003

El extesorero del PP Luis Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, defraudaron conjuntamente a Hacienda más de 1,5 millones de euros en los ejercicios fiscales de 2002 y 2003. Un informe de la Agencia Tributaria remitido este pasado miércoles al juez instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz, indica, además, que en esos años, las declaraciones de la renta del matrimonio salieron negativas. En total, el fisco devolvió a la pareja 21.795 euros en esos dos ejercicios en los que no declararon, entre otros ingresos, las cuentas bancarias que el principal encargado de las finanzas del PP tenía en bancos suizos.

El informe elaborado por los dos técnicos de la Agencia Tributaria designados para ayudar a Ruz en el caso de corrupción en el entorno del PP analiza la documentación bancaria de Bárcenas enviada por las autoridades suizas y la cruza con dos elementos principales: las declaraciones tributarias del extesorero y su esposa de los años 2002 y 2003 —IRPF e impuesto de Patrimonio— y la contabilidad del máximo imputado del caso Gürtel, Francisco Correa, en la que se consignan pagos por cerca de un millón de euros para Bárcenas. Los inspectores fiscales consideran que estos dos componentes constituyen patrimonios e ingresos no declarados por el extesorero de Génova 13.

Los 48 folios del informe y sus anexos tienen una conclusión breve pero rotunda: Bárcenas defraudó en total 1.557.366 euros al fisco en 2002 y 2003. De esta cantidad, 1.413.888 euros corresponden al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que Bárcenas y su esposa presentaban de forma conjunta, y el resto —143.478 euros— a cuotas impagadas del impuesto de Patrimonio, que el exsenador popular realizaba de forma individual, según la documentación.

El informe estudia las cuentas personales y societarias de Bárcenas y de su testaferro Iván Yáñez en el Dresdner Bank y en el SYZ&Co Bank de Suiza. Los inspectores citan varias “contingencias fiscales” de los años 2002 y 2003 que pudieran ser objeto de reproche penal” porque no se declararon al fisco. La primera son los 13 ingresos por un total de 1,8 millones de euros que Bárcenas registró en metálico en la cuenta del Dresdner Bank. En esa cuenta, a principios de 2002, el tesorero ya guardaba 5,4 millones de euros. A cada ingreso, de un máximo de 240.000 euros, le correspondía generalmente una orden de compra de activos financieros, generalmente acciones de empresas cotizadas en el Ibex 35. Los dividendos logrados por estos títulos se ingresaban después en una cuenta de la empresa Granda Global, controlada por el testaferro Iván Yáñez.

Otro gran elemento que tienen en cuenta los inspectores a la hora de recalcular las cuotas tributarias de Bárcenas son los ingresos que recibe de la organización de Francisco Correa. En 2002, el extesorero percibió, según la documentación del contable del cerebro de la trama corrupta, 489.586 euros. Aunque existe una posible relación entre los pagos de Correa y los ingresos que hace Bárcenas ese año en Suiza —un total del 484.000 euros— los peritos de la Agencia Tributaria los consideran incrementos patrimoniales distintos, de modo que ese año la ganancia no justificada ascendería a 973.586 euros.

En 2003, la suma de los ingresos en las cuentas suizas y el dinero percibido de la red de Correa ascendió a 1.804.500 euros, que tampoco fueron declarados.

En relación con las declaraciones del Impuesto del Patrimonio, Bárcenas admitió un total de 84.767 euros en 2002 y 117.764 en 2003 sobre los fondos que tenía en varias cuentas en Caja Madrid, Banco Popular y Sabadell. Sin embargo, debería haber declarado 5.247.538 en el primer ejercicio y 8.135.259 euros en el segundo en cuanto a las acciones que tenía en el Dresdner Bank.

No obstante, la Agencia Tributaria señala que en 2002 la cantidad que Bárcenas dejó de ingresar a Hacienda en relación con este impuesto fue de 79.742 euros. En 2002, el límite del delito de fraude fiscal estaba situado en 90.000 euros, por lo que al extesorero del PP sólo habría cometido en este caso una infracción administrativa.

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