La Audiencia Nacional califica al PP de “sujeto investigado” en el ‘caso Bárcenas’
La Sección Cuarta expulsa también a la formación conservadora como acusación en el caso sobre la contabilidad secreta del extesorero


El Partido Popular no solo ha quedado definitivamente excluido de la acusación particular en el caso Gürtel, la gran trama de corrupción en los aledaños de Génova 13, sino que ha sido también apartado de la investigación sobre los papeles de Bárcenas, la contabilidad secreta del extesorero del PP publicada por EL PAÍS el pasado 31 de enero. La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del juez instructor, Pablo Ruz, de expulsar al PP de la causa y lo considera más que perjudicado, “sujeto investigado” en la pieza separada sobre la contabilidad paralela de Bárcenas. "No cabe la menor duda de que sobre dicha formación política y algunos de sus miembros recaen las diligencias de comprobación emprendidas".
El PP recurrió la decisión de Ruz en apelación. Ahora, la Sección Cuarta de la Audiencia ha emitido un auto que supone, de nuevo, un severo reproche jurídico a la formación conservadora. Los letrados del PP argumentaban que debían formar parte de la acusación particular como “perjudicados”. Sin embargo, el tribunal ve “llamativo” que el PP no precise “de qué supuestos delitos presuntamente cometidos es víctima” y que no haya “dirigido acción penal” contra “los supuestos partícipes de tales innominados y ficticios delitos”. También le afea que no haya ejercido “diligencias encaminadas a la persecución de los hechos perpetrados”.
Para el tribunal presidido por Ángela Murillo, el hecho de que se esté investigando la “posible existencia de una contabilidad B del Partido Popular”, con ingresos no declarados y entregas de dinero sin justificar –que configura un delito contra la Hacienda Pública-, coloca al PP en “una situación incompatible con el ejercicio de la acusación popular. Los magistrados hablan de la “real y no hipotética perspectiva” de que el partido del Gobierno “pueda ser considerado responsable civil” o bien partícipe “a título lucrativo” de los hechos investigados. Además del delito fiscal, el tribunal apunta la posibilidad de la comisión de otros "muchos relacionados con las malas prácticas políticas".
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