El Congreso creará un registro de ‘lobbies’

El Gobierno impulsará en los próximos meses la creación en el Congreso de un registro en el que se inscribirán “las organizaciones sociales y representativas de intereses entre cuyos fines se encuentre influir, directa o indirectamente, en la actividad legislativa de las Cortes Generales y en general en la adopción de decisiones políticas por el Congreso de los Diputados o el Senado o por cualquiera de sus órganos”. Si se cumple, será la primera vez que en España se regula la actividad de los lobbies, y se hará a imagen de cómo funcionan, por ejemplo, ante el Parlamento europeo donde, sin embargo, el registro es voluntario.

La regulación parte de las propuestas de un informe elaborado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales que dirige Benigno Pendás y que La Moncloa ha hecho suyo. Pendás expondrá el contenido del informe en el Congreso en las próximas semanas, pero el Gobierno ya trabaja sobre él, hasta el punto de que ha constituido un grupo de trabajo que maneja ya textos articulados de reformas legales vinculadas a la regeneración democrática o de transparencia. Está coordinado por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, e integrado por el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y representantes de primer nivel de los ministerios de la Presidencia, Justicia, Hacienda y Administraciones Públicas, e Interior.

El compromiso es reformar o elaborar siete leyes, incluida una nueva sobre Ejercicio de las Funciones Políticas y retoques en el Código Penal y en el futuro Código Procesal, que tramita el Ministerio de Justicia.

De esas leyes saldrán instrumentos para que, por ejemplo, puedan hacerse públicas las declaraciones de patrimonio, actividades e ingresos de los cargos políticos. La intención del Gobierno es establecer controles sobre las incompatibilidades que, en este momento, son administrativas y dependen de una interpretación laxa y opaca del ministerio de Administraciones Públicas.

Además de esas reformas legales, hay un grupo de medidas que se aplicarían con acuerdo parlamentario desde la Mesa del Congreso y del Senado. En ese capítulo, según fuentes del Gobierno, se incluyen la regulación de los lobbies y otras como el control parlamentario periódico de la aplicación de las leyes. Fuentes oficiales explican que todas estas iniciativas tienen que ver con la presión ciudadana y de la sociedad civil en favor de una regeneración democrática. Su intención es buscar acuerdos con los grupos parlamentarios, tal y como se intenta estas semanas con la ley de Transparencia.

Desde el Congreso, además, se ha puesto en marcha una ponencia de reforma del Reglamento de la Cámara que, en teoría, servirá para que los grupos hagan propuestas de mejora del funcionamiento del parlamento.

Sobre la actividad de los lobbies, la propuesta que maneja La Moncloa asegura que “solamente las organizaciones válidamente inscritas en el registro podrán participar en los procesos de consulta pública y comparecencias”. Es decir, será obligatoria la inscripción para ejercer esas funciones. Las actividades a las que se referirá son “contactos, reuniones o comunicaciones directas con miembros de las Cámaras o con asesores al servicio de los Grupos Parlamentarios; la preparación, difusión o comunicación pública de estudios, documentos e informes orientados al debate político o a contribuir a la fijación de posiciones políticas sobre iniciativas legislativas, modificaciones en las mismas o, en general, sobre cualquier decisión política que deba adoptarse por las Cámaras o por sus órganos internos; la participación en procesos de consulta pública sobre iniciativas legislativas o mediante la comparecencia de sus representantes ante las Comisiones de las Cámaras y la organización regular de eventos, encuentros, actividades promocionales, actividades académicas o actos sociales con participación de miembros de las Cámaras o asesores de los Grupos”.

Está previsto para organizaciones empresariales, sindicatos, ONG, empresas de consultoría y relaciones institucionales y despachos de abogados, entre otras.