Gobierno y PSOE acercan posiciones para pactar la Ley de Transparencia

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, no quiere que la Ley de Transparencia sea la “ley de democracia sostenible”, pero sí que sea la primera en ser aprobada de una serie de normas de regeneración democrática que prepara La Moncloa. El Gobierno está dispuesto a flexibilizar sus posiciones para lograr un amplio acuerdo.

El proyecto de ley pasará hoy el primer filtro en el Congreso con el debate de totalidad, después de meses de comparecencias de expertos para hacer aportaciones al texto inicial del Gobierno, que fue rechazado por todos los grupos por insuficiente. Hoy se votarán y rechazarán ocho enmiendas de totalidad de todos los grupos de la oposición, salvo el PSOE.

Los socialistas mantienen objeciones a la norma, pero se abstendrán porque han recibido garantías de Ayllón de que será posible flexibilizarla en el plazo de enmiendas. El Ejecutivo asegura que es necesario consensuar este texto, que cubre el hueco de ser el único país de Europa que no tiene una ley de este tipo.

En las reiteradas reuniones que ha mantenido hasta ahora con el Gobierno, el ponente socialista, José Enrique Serrano, ha centrado sus objeciones en las garantías de independencia del organismo que ha de velar por el cumplimiento de la ley. Esta ya prevé que su responsable solo pueda ser destituido por causas tasadas y objetivas, y el PSOE quiere que sus mandatos no coincidan con las legislaturas y, por tanto, que su renovación no dependa de la llegada de un nuevo Gobierno. En este sentido, el Ejecutivo acepta que su mandato sea de cinco años.

Entre otras objeciones, los socialistas rechazan que la norma permita sanciones y hasta destituciones de responsables municipales que la incumplan.

El Gobierno se ha comprometido, además, a incluir en el trámite de enmiendas la aplicación de la ley a la Casa del Rey, a la Iglesia, a los partidos y a los sindicatos. Los detalles de estas inclusiones quedan para las enmiendas parciales, pero, por ejemplo, para la Casa del Rey se prevé situar el ámbito de aplicación a la misma altura de otras instituciones, como el Congreso, el Senado, el Tribunal de Cuentas y el Constitucional.

Los partidos y sindicatos tendrán un tratamiento oficial para que hagan públicas sus cuentas y sus estatutos, aunque puedan no dar cuenta de sus resoluciones. Queda también por establecer el porcentaje de aportación pública que obliga a una entidad privada a cumplir la futura ley. Por esa vía entrará la Iglesia católica en el ámbito de aplicación.

Amaiur, que ha presentado una enmienda de totalidad al texto, no participará en el debate porque sus diputados harán la huelga general prevista en el País Vasco.