La reforma de la ley permitirá que el juez ordene a la prensa cesar informaciones

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, consideró ayer que sería preocupante que la resolución adoptada por un juez o un jurado popular pueda verse condicionada como consecuencia del prejuicio formado en la opinión pública durante la instrucción sumarial o la celebración del juicio. El ministro detalló que la comisión de expertos independientes que ha elaborado una propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o Código Procesal Penal prevé dar al juez de garantías la facultad para requerir a un medio de comunicación el cese de la publicación de informaciones que comprometen gravemente el derecho a un proceso justo o a los derechos fundamentales de los afectados.

En la inauguración del foro El papel de los medios durante los procesos penales, organizado por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Gallardón dijo que “el periodista es un historiador de la realidad diaria cuya primera preocupación es la verdad”, y resaltó que el ejercicio del periodismo suscita en numerosas ocasiones un conflicto entre derechos fundamentales.

Los “juicios paralelos” son uno de los “puntos neurálgicos” sobre los que hay que adoptar una solución legislativa al conflicto entre el derecho a la información y el derecho a la tutela judicial efectiva, apuntó. Como ya ha señalado el ministro en otras ocasiones, para evitar que se produzcan juicios mediáticos y lo que en el Ministerio de Justicia denominan “fantasías especulativas”, la comisión de expertos que ha elaborado la propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aboga por reducir los plazos del secreto del sumario y evitar que algunos jueces lo prolonguen eternamente sin justificación. Así, el tiempo máximo sería de tres meses, aunque en situaciones excepcionales se podría extender a seis e incluso a 12 meses si se trata de investigaciones relacionadas con organizaciones criminales o grupos organizados.

En la entrevista realizada por EL PAÍS en abril, Gallardón insistía en lo mismo aunque se mostraba en contra de las sanciones: "Me parece bien que el juez traslade al medio su inquietud de que esa publicación pueda perturbar la tutela judicial efectiva de la persona juzgada. Tengo dudas de que si el medio de comunicación insiste en seguir publicando información pueda tener sanción. No soy partidario de establecer consecuencias por esa vía".

Para Gallardón, los medios de comunicación y el sistema judicial se superponen, se influyen y chocan cuando comprometen el derecho a la presunción de inocencia, que es una condición para que haya un juicio justo, o el derecho a la información, que es un derecho medular en una sociedad avanzada como la española.

En el borrador también se regula la captación y difusión de imágenes en la sala al inicio de una audiencia pública y en qué supuestos prohibirla, para la protección del orden público, para la seguridad nacional, para la vida privada de las partes, cuando intervienen menores de edad o cuando es de interés para la justicia. Gallardón explicó además que el borrador incluye “una medida transformadora”, que es la limitación de la duración del secreto del sumario, para evitar que su prolongación indefinida produzca un vacío informativo que sea ocupado por la especulación.