Un centenar de intelectuales proponen una reforma radical de la ley de partidos
Publican un manifiesto con medidas para asegurar su democracia interna
Un solo artículo de la ley de partidos está dedicado a su democracia interna; tenemos la regulación más laxa de toda Europa; padecemos altos índices de corrupción; hay desafección ciudadana, y, sobre todo, una crisis institucional agravada por la económica. Todas esas circunstancias han llevado a un grupo de intelectuales sin adscripción partidaria a promover un manifiesto que propone la reforma radical de la ley de partidos.
“La sociedad española asiste preocupada y escandalizada al deterioro de la política”, asegura el Manifiesto por una nueva ley de partidos, que fue presentado ayer en Madrid y que pretende forzar a los grupos parlamentarios a cambiar la ley que regula su funcionamiento interno para dotarlos de mecanismos democráticos.
El economista César Molinas, el catedrático de Economía y Estrategia de la London School of Economics Luis Garicano, la abogada del Estado Elisa de la Nuez y el diplomático Carles Casajuana presentaron en el Círculo de Bellas Artes el manifiesto, que ha sido suscrito ya por un centenar de intelectuales, periodistas, escritores, economistas, historiadores, abogados y diplomáticos.
Exigen primarias obligatorias y transparencia en las cuentas
A diferencia de otras iniciativas, esta no cuestiona el sistema de democracia representativa, ni propone más reformas que las que tienen que ver con el funcionamiento interno de los partidos. Entre ellas, por ejemplo, la obligación de celebrar elecciones primarias y congresos periódicos, tal y como ocurre, por ejemplo, en Alemania.
La Constitución impide que se presenten iniciativas legislativas populares sobre asuntos regulados por ley orgánica, y por eso los firmantes recurrirán a su artículo 29, que ampara el derecho de petición. A través de la web www.porunanuevaleydepartidos.es, recogerán firmas para poner este asunto en la agenda política. Tienen voluntad de superar las 500.000 que se exigen para las iniciativas legislativas populares.
Según Casajuana, “no hay democracia sin partidos, pero su funcionamiento tiene que ser democrático”. Y hay que mejorarlo para salvar “la grave crisis de confianza en ellos”.
Molinas explicó que “la Constitución otorga a los partidos el monopolio de la representatividad política, y además se financian con dinero público”. El objetivo, según Elisa De la Nuez, es “poner en la agenda de los partidos” la necesidad de la reforma. Con la dificultad obvia de que son ellos los que tienen que acoger la iniciativa y, en su caso, modificar en el Congreso y el Senado la ley que les limita y controla.
La tesis del documento es que la crisis económica incluye una crisis institucional que exige cambios en el funcionamiento democrático. Según explicaron sus promotores, la situación es heredada de los años posteriores al franquismo, cuando la “obsesión” por lograr un sistema democrático estable creó unas cúpulas de partidos “muy fuertes”. Con los años, eso ha derivado en falta de debate interno y corrupción. “En todos los países hay corrupción política, pero la democracia interna de los partidos, la competencia entre los que son dirigentes y los que aspiran a serlo y las obligaciones de transparencia impuestas por la ley propician que los políticos corruptos sean apartados con celeridad. En España esto no ocurre y la corrupción crece”, dice el manifiesto.
Siete propuestas
Las propuestas contenidas en el Manifiesto pueden resumirse en siete puntos.
1. Celebración de congresos cada dos años como mínimo y, en todo caso, a fecha fija.
2. Reunión de los órganos de control de las directivas y parlamentos internos a fecha fija, incluyendo en el orden del día la votación sobre la gestión de la directiva con voto secreto. Limitación del número de sus integrantes, entre los cuales no se contarán los de la directiva.
3. Composición de los congresos y de los órganos de control proporcionales al número de afiliados o de votos del partido en cada provincia o distrito. Limitación de mandatos al menos en los órganos de control.
4. Elección de los órganos ejecutivos, delegados a congresos y miembros de los órganos de control mediante voto secreto de los afiliados o delegados al congreso.
5. Elección de los candidatos a cargos representativos por elecciones primarias.
6. Mandato limitado de los tesoreros y encargados de las cuentas y elección de los interventores por parte de los distintos niveles del partido. Auditorías anuales por empresas independientes, previas a la presentación de las cuentas, que deberán ser aprobadas por los máximos órganos de dirección del partido.
7. Constitución de comisiones independientes para verificar los gastos de las campañas e inspecciones para verificar el cumplimiento de los límites de gasto electoral.
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