La oposición reclama autonomía total del supervisor de la Ley de Transparencia

Izquierda Plural y UPyD presentarán enmiendas a la totalidad a la ley El PSOE se centrará en enmiendas parciales

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, durante la reunión con los ponentes de la Ley de Transparencia, hoy en el Congreso.
El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, durante la reunión con los ponentes de la Ley de Transparencia, hoy en el Congreso. J.M. Espinosa

El buen clima que ha presidido la primera reunión formal entre el Gobierno y los grupos de oposición sobre la Ley de Transparencia no ha ocultado las discrepancias, algunas profundas, entre el Ejecutivo y el resto de partidos. Después de siete meses de prolegómenos, con comparecencias de expertos y contactos oficiosos, se ha fijado el próximo 30 de mayo como fecha para el primer debate parlamentario. En él se discutirán las enmiendas a la totalidad por las que se pide la devolución de la norma al Gobierno.

Izquierda Plural, UPyD y el Grupo Mixto han confirmado la presentación de la enmienda a la totalidad, en tanto que PNV y CiU amagan, pero aún no lo han decidido. El PSOE, primer partido de la oposición, ha optado por las enmiendas parciales, al ver en el Gobierno “intención de pactar”. Uno de los problemas que vislumbran los socialistas se centra en las características de la persona que vigilará el cumplimiento de la ley, al frente de la llamada Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de Políticas y Calidad de los Servicios, adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. “No queremos que al controlador lo controle el Ministro de Hacienda”, ha advertido la diputada socialista Meritxell Batet. Este resquemor lo comparten CiU, PNV, Izquierda Plural, BNG y otros partidos del Grupo Mixto. Les preocupa quién controla al controlador.

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Tal como está ahora el anteproyecto sobre la figura del director de esta Agencia Estatal, queda claro que lo nombra el Gobierno, a través del ministro de Hacienda, que es de quien depende. El Ejecutivo ha recalcado, a través del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón —convocante de la reunión de hoy, en nombre y representación de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría—, que esta figura “será independiente”. Este deberá someterse al refrendo de las Cortes y su mandato será por cinco años para que exceda la duración de una legislatura. Estos requisitos son aún insuficientes para la oposición que, a través de sus enmiendas, establecerá más garantías de independencia. “No vemos que la autoridad que tendrá que vigilar el cumplimiento de la ley sea autónomo al 100%; queremos garantía de que solo pueda ser sustituido por motivos muy restrictivos y que no dependa del ministro de Hacienda”, ha explicado la socialista Meritxell Batet.

Detrás de esta exigencia de independencia para el supervisor de la ley, los argumentos que han desgranado los portavoces de la oposición ponen de manifiesto temores profundos. Así, barruntan que desde el Ministerio de Hacienda, es decir, desde el Gobierno, se ejerza el control sobre otras Administraciones. Hay que dirigirse a la parte de “Buen Gobierno” de la ley para explicar el resquemor de la oposición, al establecer que Hacienda tendrá capacidad sancionadora sobre los Ayuntamientos y potestad para destituir a alcaldes por incumplimiento en sus funciones. A ojos de la oposición, esta capacidad sancionadora es inconstitucional, al invadir competencias de las corporaciones locales y de las comunidades autónomas. “Si quien está al frente de la Agencia de Transparencia depende del Gobierno, no es independiente”, remacha Josep Nuet, de Izquierda Plural.

Este asunto ha saltado hoy a la palestra, después de que el preámbulo de esta reunión y de los meses anteriores haya estado copado por la exigencia de incluir en la Ley de Transparencia a los partidos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y, sobre todo, por el énfasis puesto en la Casa del Rey. El propio Ayllón y uno de los ponentes de la ley por el Grupo Popular, Esteban González Pons, han asegurado que la Corona figurará en el texto legal, ya que, según el artículo dos, se incluirá también el Consejo General del Poder Judicial, las Cortes Generales y el Defensor del Pueblo. Pero no todo está resuelto ni cerrado sobre las cuentas que la Jefatura del Estado tendrá que rendir. “No debe haber dudas de que la Casa del Rey tiene que dar cuenta de lo que tiene, lo que gana y lo que declara”, ha aclarado Batet para que nadie se llame a engaño. La Casa del Rey se asimila a otros órganos del Estado pero “no se especifica qué tipo de cuentas va a rendir”, se ha quejado Josep Nuet, de Izquierda Plural.

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Decepción en este y en otros grupos porque, además de buen tono y buenas palabras, el Gobierno no ha enseñado sus cartas. Las fuentes gubernamentales consultadas precisan que se trataba de escuchar a la oposición. Enseñará sus cartas cuando crea que es el momento oportuno. De entrada, el próximo día 30, cuando previsiblemente la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se suba a la tribuna de oradores para argumentar por qué rechaza las enmiendas a la totalidad de la oposición.

Sobre la firma

Anabel Díez | CORRESPONSAL POLÍTICA

Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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