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La Audiencia ordena la captura de dos imputados en el ‘caso Emperador’

Wang Zeng y Kay Xu no acudieron el sábado al juzgado de Fernando Andreu, donde debían comparecer a diario

Gao Ping en una imagen de archivo previa a su detención.

El caso Emperador, la trama de blanqueo de capitales encabezada por el empresario chino Gao Ping, sufrió el pasado sábado un serio sobresalto. El matrimonio formado por Wang Feng, de 49 años, y Xu Kai, de 37 —una de las patas fundamentales de la trama—, tenía que acudir como cada día a la sede de la Audiencia Nacional para demostrar que no se había fugado. Al caer la noche, los funcionarios del juzgado de guardia avisaron al instructor de la causa, Fernando Andreu, de que Wang y Xu, imputados por integración en banda criminal, blanqueo de capitales y falsificación de documentos, no habían cumplido con la orden judicial de comparecer.

El domingo, por orden del juez, una patrulla del Cuerpo Nacional de Policía acudió al domicilio del matrimonio, situado en la plaza de José Villarreal, en el distrito madrileño de Arganzuela. Como se temían los agentes, nadie contestó a la llamada. Para entonces, la policía ya había alertado a los puestos fronterizos para evitar que los dos ciudadanos chinos salgan de España. Este lunes por la mañana, el magistrado Andreu dictó la orden oficial de búsqueda y captura.

Wang y Xu están situados en la cúpula de la organización delictiva liderada por Gao Ping. Según fuentes judiciales, su papel consistía en enviar dinero a China mediante distintos procedimientos. Entre los métodos de evasión fiscal se encuentra el envío de transferencias bancarias con soporte en operaciones comerciales simuladas. Empresarios chinos y también españoles entregaban en mano el dinero a Gao Ping, la pareja lo ponía a buen recaudo y después los fondos eran entregados a sus propietarios desde cuentas en paraísos fiscales como Suiza, Panamá o Hong Kong.

Otro método consistía en el envío de giros postales con pequeñas cantidades de divisas remitidas por ciudadanos chinos con residencia en España. Estas cantidades nunca superaban los 3.000 euros por trimestre, para no despertar las sospechas de las autoridades bancarias y contra el blanqueo de capitales.

El matrimonio fue detenido en la primera fase de la operación Emperador en octubre de 2012. Un mes mas tarde, ambos fueron puestos en libertad por orden de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por Alfonso Guevara, después de que prosperara un recurso de los abogados de algunos detenidos en el que se alegaba que las detenciones fueron ilegales al superarse las 72 horas de arresto en dependencias policiales. La fiscalía se había opuesto a la excarcelación al entender que existía un gran riesgo de fuga.

Por otro lado, la Sala de lo Penal de la Audiencia ha rechazado la puesta en libertad de Haibo Li, apodado como El Martillo y considerado el encargado del aparato de extorsión de la red de Gao Ping. Según la Sección Tercera de lo Penal, recuerda que “se han practicado nuevas pruebas” desde que se produjo la detención de Li en octubre de 2012.

En concreto, señala el auto, “se ha tomado declaración a testigos que no solo atestiguan acerca de su pertenencia a la organización” sino que, además, “le involucran directamente en las funciones de dirección de la facción de la banda dedicada al ejercicio violento” de coacciones y venganzas. Según el tribunal, la permanencia de Haibo Li en prisión se justifica por la “preservación de los testigos”, para evitar el riesgo de obstrucción a la justicia y para la “salvaguarda de las pruebas esenciales”.

Li Haibo fue excarcelado también por la detención policial excesiva. El pasado 16 de abril, el juez Andreu decretó de nuevo su ingreso en prisión al aparecer las nuevas pruebas, tanto testificales como documentales, contra él. El Martillo está imputado por pertenencia a organización criminal, blanqueo, falsificación documental, delitos contra la Hacienda Pública, amenazas, coacciones, extorsión, contrabando, cohecho, y delitos contra los derechos de los trabajadores y la propiedad intelectual.

Todas las actuaciones posteriores a las detenciones de octubre están declaradas secretas por el juez Andreu. La causa avanza lentamente, entre otros motivos, por la necesidad de traducir del chino gran cantidad de documentos.