Gallardón asegura que no cerrará “ningún juzgado” aunque los agrupe

El Ministerio de Justicia quiere cambiar “en esta legislatura” —como ya intentaron otros Gobiernos— el mapa judicial español, el modelo según el cual los casi 4.000 juzgados existentes se reparten en cerca de 400 partidos judiciales dispersos por todo el territorio. El cambio consistiría en eliminar los juzgados unipersonales de primera instancia (los que lleva un solo juez, que son el 90%), y concentrarlos en órganos colegiados: los tribunales de instancia, con demarcación provincial. Es decir, habría 52 tribunales (uno por provincia, divididos en distintas salas y secciones) donde ahora hay 400 partidos judiciales.

Esa propuesta, ya apuntada por Justicia hace meses, es la que planteó la comisión de expertos para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Demarcación y Planta. Pero dejaba abierto un interrogante: si esa concentración de los juzgados de primera instancia supondría, o no, dejar sin juzgado cientos de pueblos pequeños para trasladarlos a las capitales de provincia. El ministro Alberto Ruiz-Gallardón compareció ayer en la comisión de Justicia del Congreso para presentar esa propuesta de los expertos y aclaró el interrogante, aunque solo a medias. Gallardón —y la nota de prensa que emitió después el ministerio— sostuvo que la creación de los tribunales de instancia “no supondrá en ningún caso el cierre de ningún juzgado o infraestructura judicial”, pero sí podrá cambiar sus funciones.

“En este momento de crisis tenemos que aprovechar todos los medios materiales de la Administración de Justicia. Las sedes judiciales, los órganos judiciales existentes, seguirán prestando sus servicios. Eso sí, con un criterio de flexibilización y pudiendo, también, aplicarse un criterio de especialización”, dijo el ministro. Puso un ejemplo: “Nos podemos encontrar que donde hoy existe un juzgado de primera instancia nos encontremos mañana los juzgados de familia o de lo mercantil”. Varios grupos de la oposición, empezando por el PSOE, expresaron su temor a que esa “flexibilización” y “especialización”, en la práctica, tenga el mismo efecto: dejar sin juzgados a los pueblos pequeños. Gallardón, en cualquier caso, subrayó que la propuesta del Gobierno no llegará hasta el otoño.

Según ese nuevo esquema, en los tribunales de instancia (que verían los asuntos de todos los órdenes: penal, contencioso, civil y social) se fusionarían los juzgados de cada provincia y la Audiencia Provincial correspondiente, de modo que los recursos de apelación pasarían directamente a los Tribunales Superiores de Justicia.

Gallardón presentó también la propuesta del comité de expertos para la Ley de Enjuiciamiento Criminal; una propuesta asumida en lo fundamental por el ministro y que da al fiscal la competencia de la investigación del delito que ahora tiene el juez instructor. Sobre esta ley Gallardón avanzó una novedad: los políticos perderán ciertos “privilegios”, como el derecho a declarar por escrito o en su despacho ante el juez: tendrán que acudir al juzgado, como cualquier otro ciudadano.