El Supremo corrige la política de asilo de Interior e impone más garantías

Una treintena de saharauis llegaron en lancha a las costas de Fuerteventura entre enero y febrero de 2011. Pidieron asilo. Decían que corrían peligro por haber estado en el campamento de Gdeym Izik en El Aaiún, desalojado violentamente por Marruecos dos meses antes, el 8 de noviembre de 2010. En la mayoría de los casos, las solicitudes fueron directamente inadmitidas a trámite por el Ministerio del Interior, que alegó que sus relatos no eran creíbles. Dos sentencias del Tribunal Supremo hechas públicas esta semana corrigen a Interior y obligan a que, al menos, las peticiones de los saharauis sean tramitadas y examinadas.

La sala de lo contencioso-administrativo del alto tribunal determina en dos resoluciones similares —una relativa a un hombre y la otra, a una mujer— que solo pueden inadmitirse a trámite peticiones de asilo basadas en hechos, datos o alegaciones “manifiestamente falsos, inverosímiles o que carezcan de vigencia actual”. Si no ocurre así, Interior no puede dejar de examinar peticiones alegando que no se han presentado indicios suficientes, ya que la existencia de estos indicios y pruebas debe valorarse después, cuando se examine el fondo del asunto. Por lo tanto, no es correcto rechazar la petición por presentar “un relato genérico, vago e impreciso” —como ocurrió en uno de estos casos—.

La corrección del Supremo no es menor, ya que obligará a Interior a aceptar a trámite un buen número de solicitudes de asilo que ahora se deniegan tras ser presentadas en frontera o en centros de internamiento de extranjeros (CIE). “La resolución del tribunal es un varapalo a la práctica habitual de la Oficina de Asilo y Refugio”, asegura Paloma Favieres, coordinadora estatal del servicio jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), organización que se ha encargado de la defensa jurídica de los solicitantes de asilo saharauis. “Cuando se modificó la ley de asilo, en 2009, Interior interpretó uno de los artículos sobre las peticiones en frontera o en los CIE de una forma determinada, entendiendo que podían exigir unos requisitos para la admisión a trámite sumamente rígidos incluso aunque las peticiones no fueran manifiestamente inverosímiles. El Supremo acaba de determinar que esto no puede ser así; que no pueden despachar sin más estas solicitudes”.

El alto tribunal señala que cuando la “incoherencia, inverosimilitud o insuficiencia” del relato del solicitante de asilo “no se revela manifiesta, obvia o patente, lo que hay que hacer es admitir la solicitud a trámite presentada por el interno en el CIE”. La sentencia critica también que no se haya prestado “la menor atención” a los informes de ACNUR.

Además de los dos casos resueltos, CEAR ha presentado otros recursos de casación por el grupo de 22 saharauis que pidieron asilo en enero de 2011. Interior solo aceptó examinar cinco expedientes de los que se presentaron. El resto los inadmitió a trámite, y todos salvo uno fueron recurridos. “Presumiblemente, las sentencias del Supremo decidirán en el mismo sentido que en estos dos”, indica Favieres. Los casos de la decena de saharauis que llegaron a Fuerteventura un mes después, en febrero, aún se están terminando de resolver en la Audiencia Nacional.

Los saharauis cuya petición no fue admitida a trámite no fueron expulsados de España porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos paralizó la expulsión. Pero llevan más de dos años de forma irregular en España. Ahora, aquellos a quienes el Supremo dé la razón deberán ser documentados por Interior a la espera de una decisión definitiva sobre si se les concede o no el estatuto de refugiado.