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El PSC propone que España y Cataluña se reconozcan mutuamente como “nación”

Navarro pide que la Carta Magna reformule la solidaridad interterritorial

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Pere Navarro y Artur Mas, antes de un debate electoral en 2012.

Los socialistas catalanes ya han puesto en negro sobre blanco su primera propuesta para la reforma constitucional en clave federal que, si bien es similar a la del PSOE en algunos aspectos, va mucho más allá en puntos como la reforma de la financiación autonómica o el debate territorial. La fundación Campalans, vinculada al PSC, ha redactado un documento de 42 páginas elaborado por dirigentes como la exministra Carme Chacón y los diputados Francesc Vallès o Miquel Iceta. En él se defiende que la Constitución ampare una vía clara que facilite una consulta como la catalana de autodeterminación. También defiende una “nueva formulación” de la financiación autonómica para evitar que las comunidades más dinámicas, tras hacer su aportación a la solidaridad interterritorial, bajen sistemáticamente en la clasificación por recursos disponibles.

Uno de los problemas que el Partit dels Socialistes busca afrontar mediante su propuesta de reforma constitucional es la consulta catalana. El PSC pide que "en el actual contexto" la Constitución “asuma claramente” que se pueden celebrar referendos o consultas en una sola comunidad autónoma. El artículo 92 de la Carta Magna tampoco lo impide explícitamente, pero los socialistas catalanes ven conveniente eliminar cualquier vaguedad sobre el asunto dada su voluntad de que la Generalitat pacte con el Gobierno la forma para preguntar a los catalanes sobre su futuro o sobre cualquier otro asunto. En cualquier caso, fuentes del partido de Pere Navarro recordaron ayer que el PSC no está a favor de la secesión, sino de que la Generalitat y el Gobierno lleguen a un acuerdo para preguntar, de forma legal, a los catalanes. Carme Chachón, que ha participado en este documento, insiste en que siempre ha sido "contraria al derecho a decidir" y mantiene que esta fórmula "tampoco facilitaría una consulta como la que propugna Artur Mas".

El documento parte de la constatación que Cataluña y Euskadi son una “nación” para muchos de sus ciudadanos de la misma forma que España es “nación” para muchos de estos catalanes y vascos, además del resto de españoles. Es decir, se propone partir de un reconocimiento de legitimidad mutua. “El federalismo está especialmente indicado para vertebrar Estados que contienen distintas naciones y por eso resulta adecuado para España”. En este sentido, se recalca que “un mismo marco constitucional no supone homogeneidad”, y tiene que ser suficientemente amplio como para que haya “singularidades o asimetrías”. Ello debería permitir, por ejemplo, que materias como las lenguas cooficiales y su regulación fueran competencia exclusiva de las respectivas comunidades.

Se propugna que tengan un tratamiento específico, aunque sin privilegios, las comunidades políticas, culturales, históricas o geográficas “con un amplio sentido de formar parte de una nación histórica y cultural propia, que los constituyentes denominaron nacionalidades”. Esto incluiría Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia, Comunidad Valenciana y Baleares. Además, se propone una condición especial para Ceuta, Melilla y Canarias.

El texto persigue el reconocimiento de España como Estado federal, la reforma del Senado para convertirlo en un Consejo Federal, una nueva distribución de competencias, la descentralización del poder judicial y la regulación de la financiación autonómica. Se busca incrementar la participación de las autonomías en las decisiones estatales.

La financiación autonómica es uno de los asuntos que más desarrolla el documento. Lo hace partiendo del principio de que el actual modelo está agotado. “La dinámica de los acuerdos preexistentes, en los que todas las comunidades autónomas veían siempre incrementados sus recursos, en grado diverso en función de su dinamismo económico, parece difícil de mantener por mucho más tiempo”, reza el documento. A partir de aquí se propone un modelo que garantice la suficiencia de recursos de las comunidades y que el principio de solidaridad que hasta ahora ha regido casi exclusivamente el modelo se vea completado también con el de la “ordinalidad”.

“Hay que garantizar la justicia en la distribución de los recursos añadiendo a la nueva formulación transparente del principio de solidaridad, la del principio de ordinalidad, para impedir que las comunidades autónomas más dinámicas pierdan incentivos a seguir creciendo y aportando al conjunto, a través de su dinamismo”.

El documento no habla en ningún caso, al menos de forma explícita, de poner límites a la solidaridad entre territorios, pero la única forma de evitar que Cataluña, junto a comunidades como Madrid o Baleares, rebaje su aportación a la solidaridad sería con una nueva e importante inyección de dinero al sistema por parte de la Administración central, algo poco probable dadas las circunstancias actuales. Por ejemplo, para evitar que Cataluña pierda posiciones en la tabla clasificatoria de recursos tras pagar su cuota de solidaridad, tendría que haber recibido 3.200 millones extras en 2010, según algunos expertos.

El modelo de financiación que propone el PSC pasa por poner coto al sistema de concierto y convenio del que gozan respectivamente el País Vasco y Navarra. Dice que estos han derivado en “resultados discriminatorios” y propone medidas correctoras sin dinamitar el sistema. En este sentido, se propone “establecer la inclusión de una aportación a la solidaridad interterritorial como nueva carga del Estado” sobre estas comunidades. O sea, una suerte de nueva tasa de solidaridad para compensar los privilegios del concierto económico.

La reforma del Senado que propone el PSC va en la misma línea que el PSOE. Los senadores, o como estos pasen a denominarse, no serían elegidos mediante sufragio universal sino escogidos directamente por los Gobiernos autonómicos a razón de tres por cada autonomía. Se le sumaría un representante por cada millón de habitantes, de manera que Andalucía —la comunidad más poblada— tendría hasta once representantes. En este Senado, que podría denominarse Cámara o Consejo de las Comunidades Autónomas, se debatirían las leyes que afecten a estas, y tendría mayor peso en negociaciones como la financiación autonómica.

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